“Nosotros hacemos un llamado a la población que ande buscando a alguien, incluso de Estados Unidos, que no hayan donado su perfil, lo hagan, porque ahí están 220 personas esperando que su familiar vaya por ellos”, exhortó Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de marzo, y quien se encuentra en La Bartolina para constatar el avance en los trabajos de investigación de la FGR.
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Una base de datos única en todo el país, un centro de identificación humana a nivel nacional, una campaña para recolectar ADN de familias que tengan algún desaparecido y capacitar a los ministerios públicos en derechos humanos, es la petición con la que activistas en busca de personas desaparecidas dieron inicio a una nueva etapa de diligencias en el predio La Bartolina, un campo de exterminio ubicado en Matamoros, Tamaulipas.
“Lo que se necesita para avanzar [en los trabajos de identificación] es una base de datos única en todo el país. Sabemos que no es fácil, sabemos que va a costar, pero si pudiéramos tener un lugar en donde se almacenara toda la información que recolectan los peritos y los expertos, de hoy en adelante y poco a poco irle integrando lo que se quedó atrás, yo creo que avanzaríamos mucho”, expresó Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de marzo, en entrevista con SinEmbargo en referencia al inicio de las jornadas de búsqueda en esa zona.
El pasado martes 19 de abril, luego de cuatro meses de permanecer suspendidos, se reiniciaron los trabajos de búsqueda en dicho lugar, que fue descubierto en 2016 por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero que oficialmente fue intervenido en 2018 por la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 15 de diciembre de 2021, se suspendieron las labores en este predio —las cuales se reactivaron el 23 de agosto del mismo año luego de que una activista pidiera permiso al crimen organizado para que dejaran trabajar a buscadoras y expertos— por cuestiones climáticas, de acuerdo con información del diario El Sol de Tampico.
La activista también consideró que se requiere un centro nacional de identificación humana en donde se resguarde toda la información obtenida y a donde puedan acudir las autoridades correspondientes para comparar los perfiles de personas desaparecidas.
“(Se necesita) un centro de identificación humana a nivel nacional, que se haga cargo de toda esta información, en donde se pueda consultar, que sean los encargados de vigilar y de cuidar todo este sistema que se vaya a crear, de consulta de información forense o de personas desaparecidas, y donde se almacenen los resultados de todas las diligencias”, ahondó.
Además, dijo que se debería llevar a cabo una campaña para recolectar ADN entre quienes tengan algún familiar desaparecido para tener la mayor cantidad de datos y se pueda comparar con los que se obtienen de los restos de personas desaparecidas localizadas sin vida.
“En el caso de La Bartolina, aquí alrededor se puede empezar primero e ir extendiendo, incluso [llegar] a Estados Unidos”, comentó Quiróga, quien agregó que también se necesita “mucha capacitación a los ministerios públicos en derechos humanos porque no toman en serio a la gente, ‘la tiran a loco’, capacitación del personal que toma las denuncias”
Aunque el inicio oficial de los trabajo se tenía previsto para el lunes 18 de abril, iniciaron un día después, debido a que “les faltaba organizar algunas partes de la logística”, según explicó Quiroga, quien detalló que el personal de la Fiscalía Especializada en Desapariciones les indicó, a ella como a otros colectivos, que se vería al día siguiente a las 6:00 horas para acudir al predio para iniciar con los trabajos, por lo que el martes a las 7:00 de la mañana ya iban rumbo a La Bartolina.
Según datos de activista y de diversos medios de comunicación, desde el 2016 se supo de la existencia de La Bartolina, ubicada a sólo unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando colectivos de búsqueda de personas desaparecidas dieron con el lugar, pero fue hasta septiembre de 2018 cuando la FGR intervinó de manera oficial en el mismo, que por muchos años habría servido como un centro de cremación clandestino, principalmente por parte de la organización criminal el Cártel del Golfo.
Fue hasta el 11 de julio de 2021 cuando Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), habló públicamente del hallazgo, y aseguró que a partir de 2017 y hasta ese momento se habían “recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos calcinados”, labores en las que en un primer momento intervino la Fiscalía General del Estado (FGE) y que después asumió la FGR, detalló la funcionaria durante una conferencia de prensa.
No obstante, se sabía de la existencia de La Bartolina desde 2011 cuando el familiar de un desaparecido aportó información sobre dicho lugar, situación que ignoró la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas, según información del portal Aristegui Noticias. En una nota del 4 de agosto de 2021 se detalló que el familiar del hombre que desapareció el 28 de octubre de 2010, proporcionó a dicha dependencia la ubicación del sitio el 14 de abril de 2011.
Asimismo, señaló que en 2016, luego de que el 8 de abril de ese años, el periodista Enrique Lerma dio a conocer –medios y en sus redes sociales– el hallazgo de ese predio militares y personal judicial ingresaron a La Bartolina, tras lo cual se llevaron a cabo operativos de localización en el predio, pero luego de estas jornadas aseguraron que se trataban de restos de animales, afirmaciones que no dejaron conformes a familiares y activistas que buscan a personas desaparecidas, por lo que continuaron con las exigencias y las búsquedas en dicho lugar.
La activista dijo que el trato hacia las buscadoras y los trabajos han mejorado. “Ya las cosas se pusieron en orden, y yo veo que hay más profesionalismo, que los que están ahorita encargados, que mandaron de la FGR están haciendo el trabajo lo mejor posible que pueden. También está la Policía Científica trabajando”, explicó la buscadora, quien consideró que estas mejoras responden a las exigencias que han venido haciendo durante largo tiempo.
“[Si ha habido avances en los trabajos de búsqueda y exhumación, es porque] se alzó la voz y les dijo que si ellos no nos apoyaban nosotras íbamos a hacer lo que fuera necesario para que se recuperaran esos restos de ahí, tanto así que llegamos a pedirle permiso al crímen organizado para asistir al lugar y ver qué estaba pasando ahí, y hacer las diligencias necesarias”, dijo.
“Ellos [las autoridades] se dieron cuenta que nosotras no nos vamos a detener y queremos recuperar los restos, que sean analizados y que sean entregados a su familia. Yo creo que ante eso ellos dijeron ‘no vemos mal como autoridad, que la gente tenga que estar pidiendo una tregua con el crimen organizado ¿dónde quedamos nosotros, dónde queda el Estado de derecho?’, eso los orilló a que tomaran en serio este predio y que lo estén trabajando”, agregó.
Aunque aceptó que no deberían estar vigilando el trabajo de la FGR, pero debido a experiencias negativas anteriores, acuden para conocer los avances de los investigadores. “No tendríamos que estar aquí, esa es la realidad, porque ya se encontró, ya el trabajo es de ellos, de los peritos, pero si nos vamos, los mandos de ellos, mandan a cerrar (y dar por terminada la diligencia), por eso tenemos que estar aquí haciendo presencia hasta que se concluya”.
Hasta ahora se han llevado a cabo cinco jornadas de búsqueda en La Bartolina, durante las cuales se han logrado determinar 220 perfiles de víctimas, de las que el pasado 4 de diciembre, se dio a conocer que se confirmó la identidad de una de estas víctimas, según el diario El Sol de Tampico.
Ante la baja cantidad de víctimas que han logrado ser identificadas, Quiroga consideró que quizás es porque responden a migrantes, nacionales y extranjeros, y que sus familiares no han proporcionado sus perfiles genéticos para llevar a cabo la comparación genética necesaria. “Pensamos que no dan positivo la mayoría (de los perfiles con los que ya cuenta la FGR) porque son migrantes (tanto nacionales, que pudieron ser deportados, como extranjeros)”,
Por ello, reiteró que es indispensable crear una base de datos a nivel nacional. “Nosotros lo que queremos impulsar es que haya una sola base de datos para que toda la información se ingrese ahí, y los agentes de investigación puedan consultar esa base de datos”, enfatizó la representante del colectivo 10 de marzo.
“Nosotros hacemos un llamado a la población que ande buscando a alguien, incluso de Estados Unidos, que no hayan donado su perfil, lo hagan, porque ahí están 220 personas esperando que su familiar vaya por ellos”, exhortó Quiroga.
También explicó que en el estado se ha dado un mal recuento de las personas que han desaparecido, lo que se complica al no existir una base de datos única en todo el país que registre a las víctimas. “Hay algo aquí en Tamaulipas, la cifra es triple. Un ejemplo, si hay mil denuncias por desaparición, en realidad son tres mil, y como no hay una base de datos única [se complica la identificación de la víctima]”, dijo.
Sobre el tiempo que durarán los trabajos, dijo que es indefinido, pues seguirán con las labores hasta que las condiciones climatológicas lo permitan, pero posiblemente se extiendan, al menos un año más. La vez anterior, durante agosto y diciembre de 2021, cuando se retomaron las diligencias se estuvo trabajando de manera continua, también los días sábados y domingos, puntualizó Quiroga, por lo que para esta vez se prevé que se realicen jornadas similares sin una fecha definida para concluir.
“Ahorita se inició de la misma manera, indefinidamente, porque siguen saliendo fragmentos”, señaló. “Entre más rápido empiecen, más rápido podrán terminar, y podremos continuar en otro lugar o ellos pueden acudir a apoyar a otro colectivo en otro sitio en donde sea necesario”, añadió la activista, quien previó que “si se sigue trabajando de manera exhaustiva, por lo menos un año más” continuarán las labores en La Bartolina o “hasta que el clima lo permita”.
En agosto de 2021, el nombre de Delia Quiroga se viralizó luego de que mediante un video pidió permiso al crimen organizado para que les permitiera realizar trabajos de búsqueda en La Bartolina. “Le pido, le ruego y suplico tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz”, dice Delia en el video donde da lectura al escrito respaldado por más de 200 familias.
En entrevista con la periodista Sugeyry Romina Gándara para SinEmbargo, la buscadora externó que aunque esta petición fue “humillante” para ella, no le quedó otra opción ante las escasas diligencias de las autoridades y su desesperación por encontrar respuestas.
Primero escribieron una carta que se hizo pública. La misiva iba dirigida al líder de los Ciclones, grupo armado del Cártel del Golfo (CDG) que controla la plaza en Matamoros. Luego grabaron un video.
La grabación se compartió y un día ellas tuvieron respuesta. El crimen les “permitiría” buscar en La Bartolina.
“Nos dijeron que podíamos ir, que sacáramos lo que tuviéramos que sacar y que nos fuéramos, pero que no nos querían en ningún otro lugar más, o sea que no podemos ir a buscar a otros lugares”, narró la buscadora a SinEmbargo.
Delia explica que para ellas como familiares fue “humillante” tener que pedir permiso, pero aclaró que a eso las ha orillado la impunidad, corrupción y completa falta de estado de derecho en Tamaulipas.
“Imagínese que uno tenga que llegar a humillarse y sobajarse para poder encontrar lo que estamos buscando. Es lamentable que uno tenga que llegar a ese grado, pero ¿sabe qué? aquí en Tamaulipas los que mandan son los cárteles. Son ellos los que mandan, los que hacen, deshacen; los que deciden, porque la autoridad está ausente totalmente. No hay un estado de derecho”, detalla.
– Con información de Sugeyry Romina Gándara
