“Levantaban gente en el pueblo, los torturaban y después los soltaban y yo tenía la esperanza de que nos los fueran a entregar”, relató acerca de los militares Jaime Alvarado Herrera, hermano de víctima de desaparición forzada, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
San José, 26 de abril (EFE).- Los familiares de tres supuestas víctimas de desaparición forzada a manos de aparentes militares en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México pidieron hoy justicia, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Pido que este caso no quede impune. Ha sido una lucha de ocho años, quiero que sean castigados los responsables, porque hasta el momento el Gobierno sigue protegiendo a los que hicieron esto”, afirmó a los jueces, entre lágrimas, María Jesús Alvarado Espinoza, hermana de una de las desaparecidas.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.
“En esa época los militares levantaban a mucha gente en el pueblo, los torturaban y después los soltaban y yo tenía la esperanza de que nos los fueran a entregar. Yo le pido a la Corte que por favor se ponga en los zapatos de nosotros, lo que hemos sufrido”, destacó Jaime Alvarado Herrera, hermano de José Ángel Alvarado.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es el primer caso en cuanto a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
Esta problemática ha venido en aumento en los últimos años y ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de preocupación por parte de la Comisión, así como de organismos internacionales, según la CIDH.
Hasta el momento, los familiares desconocen el paradero de las tres víctimas desaparecidas. Ellos habrían sido privados de libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes militares.
“A mi hermana la sacan de la camioneta del cabello y como Ángel se resiste le empiezan a pegar, según lo que vio una testigo (…) Después de eso hemos sido hostigados, amenazados y hemos tenido que cambiar de hogar varias veces”, explicó María Jesús Alvarado, quien añadió que posteriormente pidieron asilo político en Estados Unidos.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
La perito propuesta por los representantes del Estado mexicano, Mariana Colín Ayala, explicó que según las determinaciones del caso “no hay indicios para determinar que elementos del Estado participaran en la desaparición forzada”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Erasmo Lara Cabrera, indicó a Acan-Efe que este hecho se basa en un contexto con fuerte presencia de la delincuencia organizada en el norte del país, fronterizo con Estados Unidos, al que calificó como “el primer mercado de drogas del mundo”.
“Puedo decir que no está comprobado, no está fehacientemente establecido que hubiera sido algún agente estatal que hubiera sido responsable de la desaparición de estas tres personas, por ese contexto de delincuencia organizada en la zona”, expresó Lara.
La Corte IDH escuchó este jueves en la audiencia a testigos y peritos, y mañana escuchará los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso.
Las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
La Corte IDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
