Durante 43 meses, los familiares y activistas han rechazado la “verdad histórica” respecto a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa. Los siguen buscando. Exigen que se sigan las recomendaciones del GIEI. A mil 308 días de la noche del 26 de septiembre, donde también fueron ejecutados tres normalistas y dos resultaron heridos, la investigación “está estancada”.
El ex Procurador Jesús Murillo Karam, autor del “ya me cansé”, se esfumó de la esfera pública luego de renunciar. Sin embargo, Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se niega a dejar la función pública pese a ser señalado de alterar la escena del crimen en el basurero de Cocula; el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aspiró fallidamente a su intento de regresar a la Cámara de Diputados, y Miguel Ángel Osorio Chong se perfila a ocupar un lugar en el Senado tras su fallida candidatura a la Presidencia de la República.
Por Shaila Rosagel y Dulce Olvera
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Hace mil 308 días, en la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en presunta colusión con organizaciones criminales. Llevan 43 meses desaparecidos. Por más de tres años sus familias los han buscado y, en contra de la denominada “verdad histórica”, exigen justicia frente a una investigación estancada.
Durante ese camino, el Presidente Enrique Peña Nieto perdió credibilidad y algunos protagonistas políticos se han esfumado como el ex Procurador Jesús Murillo Karam o el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, otros activistas siguen en pie arropados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Las detenciones más significativas fueron las del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pero falta la sanción a todos los responsables.
A pesar de que van más de cien detenidos, el informe del GIEI reveló que al menos 17 de ellos fueron torturados, entre ellos, los seis que aseguraron que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Entre los más de mil días de indagación, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, solo destaca que se han tomado en cuenta las cuatro líneas de investigación: la presencia del Ejército mexicano en escenarios clave; la responsabilidad de policías de Huitzuco que estuvieron presentes; el análisis de nueve teléfonos de los estudiantes e implicados; y el traslado de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
Hace unos días el diario Reforma dio a conocer que la noche de ese 26 de septiembre habrían desaparecido entre 50 y 60 personas.
De acuerdo con transcripciones telefónicas en manos del Gobierno de EU, a la que tuvo acceso el medio, jefes de la organización Guerreros Unidos “dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno estatal ante la magnitud del conflicto desatado”.
Las conversaciones forman parte del expediente judicial con los que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago, detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y “no han sido interrogados por los hechos de Guerrero”.
El medio explica que “los integrantes de GU creían que un grupo de “Los Rojos”, enviados por Santiago Mazari, alias ‘El Carrete’, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival”.
Agrega que los datos están en poder de la PGR y que una parte de fue compartida, en distintas reuniones, con la CIDH y familiares de los 43 estudiantes.
Los padres de los 43 solicitan ahora que ante esas revelaciones se amplíe la investigación. “Tenía razón y hay trasiego de droga de Iguala a Chicago y es una línea de investigación que debe seguirse de forma exhaustiva hasta lograr dar con una pista de los muchachos”, sostuvo el papá Melitón Ortega, en días pasados.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que apoya a las familias de las víctimas– ha resaltado que aunque se ha descartado científicamente la posibilidad de que los 43 estudiantes fueron reducidos a cenizas en el tiradero de basura municipal, en el expediente indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes detenidos.
No obstante, la PGR no ha cambiado la narrativa: los videos donde se desarrolla con falsedades la “verdad histórica” siguen en su página oficial; los informes del GIEI no han sido colocados en las páginas gubernamentales; y funcionarios de alto nivel han intentado relanzar la verdad histórica.
EL “PARTEAGUAS” DEL GOBIERNO DE EPN
En febrero de 2014, ocho meses antes del caso de Ayotzinapa, la revista Time dedicó al Presidente de México la portada de la última edición de ese mes, la cual tituló: “Saving Mexico”. Al interior de sus páginas Michael Crowley planteó que las reformas estructurales cambiaron la narrativa que existía sobre el país a partir de la guerra contra el narcotráfico.
“Ahora, las alarmas se han remplazado con aplausos. Tras un año en el gobierno, Peña Nieto ha aprobado el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas en la historia. Las fuerzas de la economía global, también, han virado en la dirección del país”, escribió Crowley.
Pero el 26 de septiembre de ese mismo año ocurrió un suceso que cambió la imagen del “salvador” y su Gobierno: 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, tres fueron asesinados, entre ellos uno desollado, y dos más quedaron heridos después de una noche trágica de la que hasta hoy hay dudas sobre lo sucedido.
“Todos los casos de heridos y ejecutados permanecen impunes. Ni las víctimas ni sus familias han sido reparadas. La atención a perpetuidad de los heridos que lo requieren no está garantizada. La responsabilidad estatal por estos hechos no ha sido reconocida”, criticó el Centro ProDH, en un comunicado con motivo del tercer aniversario de la tragedia.
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos dijo a SinEmbargo que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un “parteaguas” en la administración de Enrique Peña Nieto.
El rostro de un “Saving Mexico” que se promocionaba en la revista estadounidense empezaba a desmoronarse con los hechos de Tlatlaya, sin embargo los sucesos de Iguala, Guerrero, terminaron por enterrar los avances que México presumía en torno a las reformas estructurales.
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“La administración del Presidente Peña está marcada por el tema Ayotzinapa. Si bien no es de lo más relevante, es un parteaguas en la forma en la que había iniciado con mucho ímpetu la negociación de las reformas con el Congreso. Cuando se concretaron esas reformas vino la generación de expectativas sobre el impacto y aparece Ayotzinapa y otros casos de violación de derechos humanos”, enfatizó López Montiel, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
El analista político explicó que si bien Ayotzinapa no fue en su totalidad culpa del Gobierno federal, gracias a una mala estrategia política y de comunicación cargó con la culpa de lo sucedido.
“La idea de ubicar a México donde se violan derechos humanos y hay una especie de contubernio entre la autoridad y el crimen organizado, junto con las muertes de la guerra contra el narcotráfico, impacta no sólo en la imagen del país, sino del Gobierno”, precisó.
De acuerdo con el analista la imagen de Peña Nieto nunca se recuperó después de Ayotzinapa. “Lo podemos ver en las encuestas. La línea de la aprobación presidencial empieza a caer en el caso de Ayotzinapa y de ahí no se vuelve a recuperar. En algunos momentos goza de un punto, dos puntos, pero ha ido la aprobación en picada”, indicó.
ZERÓN Y OSORIO, LOS PREMIADOS
Además del Presidente Enrique Peña Nieto, otras figuras políticas han sido señaladas por los familiares de los normalistas y por organizaciones civiles.
Miguel Ángel Osorio Chong, como Secretario de Gobernación, fue uno de los grandes defensores de la “verdad histórica” y durante más de 5 años tuvo a su cargo la estrategia de seguridad del país. Aspiró a suceder a Enrique Peña Nieto en Los Pinos, pero en su lugar José Antonio Meade fue ungido por el presidente y por el PRI.
El ex “Súper Secretario” sostuvo que los integrantes del GIEI no aportaron ningún elemento contrario a la “verdad histórica”. En reiteradas ocasiones negó que el gobierno federal o el presidente Enrique Peña Nieto tuvieran responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas y acusó que “otros intereses” intentaban incriminarlos.
Hoy aspira a ser Senador y liderar a la bancada tricolor.
A inicios de septiembre pasado, algunos de los padres acusaron de “cínico” a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), por declarar a la prensa que la investigación “estuvo bien hecha”.
Zerón de Lucio fue acusado por el GIEI de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, el 28 de octubre de 2014. Él negó a la PGR que fuera un acto ilegal. Desde esa revelación, los familiares exigieron su renuncia. Dejó el cargo, pero tiempo después fue nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.
Recientemente se reveló que cuando fungió como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón de Lucio, firmó el contrato de adquisición del software Pegasus, en octubre de 2014. El software fue usado para espiar a activistas, periodistas y miembros del GIEI.
MURILLO KARAM, EL AUSENTE
Cuando explotó el caso de Ayotzinapa, el Procurador era Jesús Murillo Karam. Durante una conferencia de prensa, luego de responder una serie de preguntas, declaró “ya me cansé”. A raíz de eso se acrecentó la exigencia de su renuncia y finalmente Peña Nieto lo removió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de febrero a agosto de 2015. Como Procuradora quedó Arely Gómez hasta octubre de 2016 luego de ser relevada por el actual Procurador, Raúl Cervantes, quien tampoco ya despacha ahí.
El escándalo por Pegasus salpicó a Luis Ayala Puente, quien trabajó en la PGR encabezada por Murillo Karam, pues se reveló que fue socio fundador de la compañía CITELAE del Centro SA de CV, ligada a la empresa que vendióa la propia PGR programa de vigilancia ilegal. Una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer que la empresa registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El ex Gobernador de Hidalgo se ha alejado de los reflectores.
AGUIRRE, EL GOBERNADOR FALLIDO
Respecto al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, el perredista pidió licencia al cargo frente a la presión social del caso. En octubre de 2016 reapareció públicamente durante una reunión en un restaurante de Acapulco, en la cual demandó castigo a los responsables y aseguró que un político no se retira hasta que muere.
Apenas en diciembre pasado, algunos de los padres de los normalistas víctimas irrumpieron la apertura de la precampaña del ex mandatario, quien aspiraba a una diputación federal por el distrito 8 impulsado por la coalición “Por México al Frente”.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tomaron el template en el evento, y le gritaron “¡Asesino! ¡Asesino!”.
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias contra usted, porque no es no es posible que a más de tres años padres y madres seguimos con ese dolor”, increpó Melitón Ortega, familiar del normalista desaparecido Mauricio Ortega.
“Exigimos cárcel para Aguirre. Venimos a decirle en su cara que es el jefe del narcogobierno en Guerrero”, le espetó una de las madres.
Aguirre Rivero sostuvo ante ellos que él “es el principal interesado en saber el paradero de los jóvenes”. Y señaló: “tengo la autoridad moral de hacer precampaña, sí, no tengo nada de qué avergonzarme”.
Tras intercambiar palabras, el político salió del salón en el que celebraba el evento entre gritos de “¡Asesino¡, ¡Asesino!”; mientras otros de los presentes coreaban el apellido del ex mandatario en señal de apoyo. Días después, anunció que desistiría de su solicitud para competir por una diputación federal en julio de este año.
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En febrero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la PGR congelar cuatro cuentas bancarias de Aguirre Rivero por el presunto desvío de 287 millones de pesos del erario. En el delito estarían involucradas 19 personas, entre familiares y socios del ex mandatario.
En su momento fueron detenidos Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Gobernador, y Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex Subsecretario de Finanzas y Administración de Guerrero. Pero el perredista sigue sin ser investigado y el hermano Carlos Mateo fue puesto en libertad meses después al no comprobarse el delito.
A 36 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes, resalta la detención el cuatro de noviembre de 2014 de José Luis Abarca Velázquez, el ex Alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Luego de permanecer fugados unos días, fueron encontrados en una casa de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.
En el ataque de la noche del 26 de septiembre murieron seis personas y 25 resultaron heridas, por lo que sobre Abarca cargan tres órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y desaparición forzada.
Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, también es otro de los funcionarios detenidos por el delito de secuestro. A él se le acusa de ordenar a los policías a su cargo secuestrar y entregar al grupo criminal Guerreros Unidos.
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