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Maite Azuela

26/04/2016 - 12:04 am

La PGR está para llorar

Con cada revelación crece la impotencia. El llanto contenido se transformó en el aplauso de cientos de asistentes que presenciamos el informe y nos pusimos de pie en reconocimiento al trabajo y tenacidad el GIEI. La carrera de obstáculos que el Gobierno federal ha habilitado para ocultar la verdad, es una muestra del lamentable estado de acceso a la justicia que nos ofrecen. Los padres de las víctimas no tendrán demasiadas alternativas ahora que el gobierno ha negado a GIEI continuar con su labor.

“Estoy escribiendo y esa es mi forma de llorar”, José Revueltas

Los padres de los 43 normalistas en la presentación del informe. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Los padres de los 43 normalistas en la presentación del informe. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

Hace mucho que lloro sin lágrimas, me habita un llanto silencioso. Las causas son múltiples: la frecuencia de los actos violentos, las revelaciones de impunidad con las que se blinda a criminales, las sonrisas cínicas de autoridades en conferencias de prensa, la complicidad de muchos medios de comunicación, los mercenarios que desperdician una columna blasfemando contra inocentes, los funcionarios que, conociendo la inmundicia de las instituciones, permanecen en su puesto.

Desde el domingo pasado que salí del Claustro de Sor Juana, tras escuchar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de Ayotzinapa, tengo la voz atrapada en un nudo de garganta, la impotencia desarticulando mis pasos lentos, la desolación nublando la visibilidad de una salida.

Si la Procuraduría General de la República destinara a la búsqueda de la verdad las energías, los recursos y el capital humano que desperdicia para obstaculizar investigaciones, la impunidad sería una excepción y quienes procuran la justicia estarían claramente diferenciados de quienes perpetúan los crímenes.

Entre los cientos de asistentes que estuvimos en el recinto del Claustro, no hubo un solo funcionario del Gobierno federal, ningún interesado de la PGR dispuesto a escuchar de frente el inmenso listado de atrocidades con las que han fabricado verdades a medias sobre el destino de los normalistas de Iguala. Buena parte de las pruebas que presentó el GIEI son determinantes no sólo para mostrar negligencias, sino para evidenciar el interés de las autoridades por distorsionar las pruebas de la investigación:

LA MENTIRA SOSTENIDA DE LA PGR

Basta ver los diez y siete árboles enraizados sin marcas de combustión en el terreno del basurero de Cocula; analizar los reportes satelitales (fotos del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la UNAM) que confirman que en esas fechas no sucedió ningún incendio de tal magnitud; además de observar las balas apiladas por decenas debajo de las piedras (tienen una exposición diferenciada al clima y al calor, algunas sin daño por radiación). El testigo confeso ha presentado muestras de tortura en los diferentes exámenes médicos que se le han realizado tras su detención, al igual que los otros diez y seis inculpados considerados integrantes de Guerreros Unidos.

LO QUE LA PGR DECIDIÓ IGNORAR

Como el GIEI lo fue relatando a la audiencia, la PGR no ha realizado mayores avances en otras líneas claves de la investigación: La salida de policías del municipio de Huitzuco y el retén que montaron con apoyo de la Policía Federal, mismo que fue declarado sin ningún motivo. Otra línea de investigación abandonada por la PGR es la tan anunciada negativa para realizar entrevistas a los militares del 27 batallón. ¿Qué esconde este batallón? ¿Quién y por qué los protege desde la PGR? ¿Por qué no hubo ningún movimiento del personal militar para proteger a los estudiantes cuando conocieron lo que estaba sucediendo?

Otra de las omisiones inexplicables es la falta de investigaciones realizadas sobre la existencia del quinto autobús, que podría haber contenido una carga de la heroína de la que se produce en la zona, con esto se “podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y a la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de los Avispones”, como lo redacta en su informe el GIEI.

Obviaron también la investigación de los celulares, a pesar de que como el GIEI probó, algunos celulares de los normalistas permanecieron encendidos en horas en las que la PGR asegura que ya habían sido destruidos.

Tras la detención del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no hay una sola investigación a sus subordinados o a mandos superiores que pudieron participar en los crímenes.

LO QUE LA PGR DECIDIÓ OCULTAR

A pesar de que el expediente sólo incorpora una visita al Río San Juan en dónde el 29 de octubre del 2014 fue supuestamente encontrado el cuerpo de Alexander Mora, el GIEI mostró un video de una visita realizada por la PGR un día antes al mismo sitio, acompañados del detenido Agustín Reyes y liderados por Tomás Zerón, Director de la Agencia de Investigación Criminal. Es extraño que si realizaron una visita el día anterior no hayan encontrado el cuerpo hasta el día siguiente y que además hayan decidido no incorporar un reporte de esta primera visita al expediente.

Con cada revelación crece la impotencia. El llanto contenido se transformó en el aplauso de cientos de asistentes que presenciamos el informe y nos pusimos de pie en reconocimiento al trabajo y tenacidad el GIEI. La carrera de obstáculos que el Gobierno federal ha habilitado para ocultar la verdad, es una muestra del lamentable estado de acceso a la justicia que nos ofrecen. Los padres de las víctimas no tendrán demasiadas alternativas ahora que el gobierno ha negado a GIEI continuar con su labor.

Esto está de llorar, diría mi abuela. Mientras tanto, mis letras son lágrimas.

Maite Azuela
Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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