Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– A casi 18 meses de que inició el actual gobierno, aún no se ha formado la Comisión Nacional Anticorrupción y la iniciativa, que está en la Cámara de Diputados, debe ser mejorada o presentarse otra, consideraron integrantes de la Red Rendición de Cuentas (RRC) y legisladores.
También reprocharon que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de investigar casos de corrupción dentro del gobierno federal, se encuentre acéfala.
Aunque en noviembre de 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) envió su propuesta de iniciativa para la Comisión Anticorrupción, y fue aprobada en diciembre de 2013 en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, el perredista Fernando Belaunzarán Méndez consideró que requiere una “cirugía mayor” para que el combate a la corrupción sea eficiente, o se presente una nueva.
“Vamos a llegar a dos años de gobierno sin un órgano anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública está acéfala, ese sería el peor de los escenarios, los cambios son bienvenidos”, dijo el Diputado federal, integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en San Lázaro.
La Comisión es uno de los compromisos de campaña formulados en 2012 por Enrique Peña Nieto.
Por su parte, la Diputada Panista Elizabeth Yáñez Robles, integrante de la misma comisión, acusó que dentro de las filas de sus compañeros priistas hay cierta simulación para discutir la minuta enviada por el Senado.
Ambos participaron en el foro “Cambios normativos a la comisión anticorrupción: una propuesta desde la academia y la sociedad civil”, organizado por la RRC, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
Recordó que la minuta llegó a la Cámara de Diputados en febrero, pero no pasó a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, sino a la de Puntos Constitucionales.
Lamentó que no se ha movido rápido como otras iniciativas, como la de telecomunicaciones, y se preguntó: “¿Hay ese compromiso?”.
Por su parte la especialista en Derecho e integrante de la RRC, Leticia Bonifaz Alfonzo, dijo que en dos foros que han organizado para analizar la iniciativa, han invitado a legisladores priistas, pero que ellos no han acudido.
UNA SIMULACIÓN
La RRC presentó datos de que según la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción hecho por Transparencia Internacional, México se encuentra entre los países con mayor corrupción al considerar el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno como parte de sus prácticas cotidianas.
También, según la revisión de la Cuenta Pública 2012 presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encuentran en proceso de ser presentadas 147 denuncias penales para reintegrar al erario más de 56 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Diputada Yáñez, entre los datos que muestran la importancia del tema, es que cada año el gobierno federal destina 700 mil millones de pesos para contratos.
A pesar de eso, ve en el gobierno federal desinterés en el tema. Destaca que actualmente la Secretaría de la Función Pública está descabezada y estuvo un año sin dos de tres subsecretarios.
“Debe haber congruencia”, pidió.
Dijo que uno de los aspectos que la iniciativa debe contener para mejorar el combate a la corrupción es que los titulares de los órganos internos de control (OIC) de las dependencias dejen de ser designados por sus titulares. Asimismo, pidió que los OIC unifiquen sus criterios para investigar, ya que cada uno actúa distinto.
“No es posible actuar con diferentes criterios, son 230 órganos internos de control”, afirmó.
Pidió que las declaraciones patrimoniales dejen de estar en la Secretaría de Hacienda y formen parte de los archivos de la SFP, porque son parte de las evoluciones patrimoniales de los funcionarios.
Propuso que se ponga más atención en los expedientes de los grandes casos de corrupción y los pequeños ya no reciban tanta.
“No saben lo caro que es un expediente para que salgan con que es una amonestación privada”.
Agregó que una falta administrativa no necesariamente es un caso de corrupción, pero cada año se elaboran 12 mil expedientes por faltas administrativas.
Dijo que la minuta enviada por el Senado no incluye la posibilidad de sancionar a quienes se coluden con los funcionarios u otros proveedores para afectar al erario, bajo la creencia que el dinero del gobierno no es de nadie, pero que es de todos los mexicanos.
Citó el ejemplo de que en el mercado médico hay 5 proveedores de medicamentos que se ponen de acuerdo para alternarse como proveedores del gobierno, y encarecer sus productos.
Por su parte Belaunzarán dijo que la Comisión Anticorrupción le apuesta a perseguir a los grandes corruptos, pero que esa promesa ya fue hecha en el gobierno de Vicente Fox, cuando el entonces Secretario de la Función Pública, Francisco Barrio, dijo que iría tras “los peces gordos” y no pasó nada.
“Lo ideal sería una nueva propuesta y matar a la actual minuta, pero para ellos (los priistas) sería muy difícil matar la iniciativa presidencial, va en contra de su ADN. Casos como Monex, los topes de campaña, se han relegado como parte de su condición”, advirtió
“Si aceptan que le hagan cambios de fondo a la minuta vamos de gane, para hacerlo es clave la sociedad, si no hay presión de la sociedad civil no va a haber cambio. Para que en septiembre u octubre se pueda resolver y se haga en beneficio del combate a la corrupción, no de la simulación al combate a la corrupción”.
Por su parte Bonifaz dio a conocer que la RRC analizó la iniciativa y consideró que para que sea más eficiente en el combate a la corrupción debe incluir medidas resarcitorias, ya que el Estado no es resarcido cuando hay casos de corrupción, que involucran recursos de todos los mexicanos.
Dijo que no contempla reducir la carga burocrática para casos menores, que terminan en amonestaciones privadas, y los casos grandes son apenas investigados.
“Los verdaderos casos fuertes están sin atención”, dijo en su exposición.
Añadió que la Comisión Anticorrupción debe tener facultades investigadoras, y también ser capaz de reabrir casos, ya que muchos casos en cuanto se les da carpetazo, ya no tienen la posibilidad de ser reabiertos.
“Si se da carpetazo, ahí queda. Nosotros proponemos reabrir si hay elementos”.
Explicó que ellos proponen que el órgano tenga la capacidad de atraer casos para ser investigados, tal como hace en materia electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto ayudaría a que en aquellos casos donde los órganos de control ya no puedan seguir sus investigaciones, pasen la estafeta a la comisión.
Asimismo, la RRC propone crear un sistema de precedentes, para que haya criterios fijos de casos, y cuando se investigue no se abran sospechas a que detrás hay una venganza o móvil político.
“Daría criterios y no tendría la incertidumbre de que solo es un caso mediático”, explicó la académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Asimismo, dijo que para que el combate a la corrupción sea eficiente, debe haber un servicio profesional de carrera de los encargados al combate a la corrupción, y una capacitación permanente.
Además, pidió reforzar las facultades de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ya que cada año expone casos de corrupción, pero cuando se habla de resarcimiento, nunca se ha visto un caso en que esto ocurra.
Reconoció que mientras no haya otra minuta, será difícil introducir cambios, o hacer una reforma constitucional, ya que se requiere el voto de los priistas.
RECOMENDACIONES
De acuerdo con el diagnóstico de los especialistas en Derecho, José Roldán Xopa, Ana Elena Fierro, Leticia Bonifaz del CIDE y Miguel Pulido de Fundar, que participaron en el desarrollo de la propuesta para que la Comisión Anticorrupción sea clave en la definición de un sistema nacional de responsabilidades, México debería:
- Formar parte de un sistema de rendición de cuentas.
- Reprimir las conductas ilícitas pero también atender la prevención y corrección de las fallas sistémicas de la función pública.
- Resolver los conflictos entre las lógicas derivadas de la fragmentación de los sistemas que recaen sobre la función pública.
- Evitar la presencia de “fugas” a la eficacia en el combate de actividades ilícitas que dañan a la hacienda y el patrimonio públicos.
- Desarrollarse en el marco de seguridad jurídica, objetividad y debido proceso para los servidores públicos y salvaguarda de los principios de eficiencia, eficacia, honradez, economía, transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
- Definir con claridad qué son los actos de corrupción, pues actualmente no existe la definición jurídica.
