El Ministerio Público de Chihuahua difundió este viernes que la priista Beatriz Paredes Rangel, actual Senadora de la República, el Arzobispo y los obispos de Chihuahua, y más políticos y líderes sindicales se beneficiaron con dinero de la llamada “nómina secreta” que manejó César Duarte Jáquez, exgobernador del PRI y quien hoy está detenido en Florida, Estados Unidos.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Durante el juicio que se realiza por el caso de la “nómina secreta” que involucra a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, autoridades expusieron que políticos como Beatriz Paredes Rangel, el Alcalde Armando Cabada Alvidrez, obispos y un Arzobispo resultaron beneficiados con miles de pesos.
“Los obispos de Chihuahua recibieron una cantidad de 100 mil pesos mensuales y el arzobispo 200 mil pesos, en la “nómina secreta” del exgobernador César Horacio D.J., un mecanismo que se utilizó para desviar más mil millones de pesos”, informó esta tarde el Gobierno de la entidad, que citó la narración de hechos que hicieron autoridades esta tarde durante la audiencia de formulación de imputación contra la Alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos.
El Ministerio Público de Chihuahua señaló que la priista Beatriz Paredes Rangel, actual Senadora, fue otra de las personas que habría beneficiado de la “nómina secreta” del exgobernador.
Durante la lectura del expediente, el Minsiterio Público señaló que Armando Cabada Alvidrez, Alcalde de Ciudad Juárez, presuntamente recibió un apoyo de 4.3 millones de pesos de parte de Duarte.
De igual forma, Graciela Ortiz González, candidata a Gobernadora y exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional, fue mencionada como una de las políticas beneficiadas por la llamada “nómina secreta”.
Hortensia Aragón Castillo, exdiputada del PRD, fue señalada por recibir 2 millones 300 mil pesos.
En la audiencia celebrada hoy también se imputó a los exlegisladores María Ávila Serna, del Partido Verde, por recibir 3.8 millones de pesos mediante la intervención de su esposo; así como Rodrigo de la Rosa, quien coordinaba a priistas en el Congreso chihuahuense en el Gobierno de Duarte. De acuerdo con el Ministerio Público, De la Rosa recibió 2 millones 500 mil pesos como pago por aprobar las iniciativas de César Duarte y por aprobar la deuda estatal.
Según lo narrado por la agente del Ministerio Público ante el Juez de Control, María Eugenia Campos, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, recibió 9.2 millones de pesos.
También destacó que líderes sindicales de Chihuahua fueron vinculados al dinero público que el exgobernador tomó en su operación de desvíos. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía del estado, Jorge Doroteo Zapata, exsenador y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en esa entidad, así como su hija, recibieron diversos apoyos para vuelos directos con destino a la Ciudad de México.
Además, un testigo también reveló que Duarte Jáquez habría ordenado desviar recursos para campañas entidades como el Estado de México, Michoacán, Baja California Sur, Sonora y la Ciudad de México.
ACUSACIONES CONTRA DUARTE
Duarte se desempeñó como Gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, y está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.
El exgobernador asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. Duarte alega que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en ese país.
El 10 de marzo, un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura en México, en cuanto sea extraditado de Estados Unidos.
El Octavo Tribunal Colegiado Penal señaló que la resolución está condicionada a que antes de pisar territorio nacional las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en su contra, es decir, tendrían que detenerlo en el avión mientras viaja a México.
De ser así, Duarte Jáquez sería puesto a disposición de un Juez de control de Chihuahua y después, un Juez de amparo del penal donde sea internado decidirá qué sucederá con su libertad provisional.
