En 2007 una inusitada inundación en esta reseca ciudad dejó inhabitables más de 3 mil casas que se habían construido en el lecho de una laguna desecada por los propietarios del terreno para impulsar sus empresas constructoras y sus negocios productivos con Infonavit; cuando bajaron las aguas los habitantes de esas viviendas, que se refugiaron un par de semanas en albergues improvisados, regresaron a lo que había sido su hogar y reconstruyeron el barrio.

Meses después fueron informados que los fraccionamientos afectados, Palmas y Almeras, habían sido declarados inhabitables, por lo que el valor de las propiedades era cero y no podrían venderlas ni liberar las escrituras gravadas con una hipoteca pagada con los mismos recursos del Infonavit. Aun así algunos siguieron pagando su mensualidad porque la empresa nunca comunicó a los empleadores que el crédito del trabajador era prácticamente inexistente.

Desde entonces, el Infonavit ha sumado muchas de estas viviendas legalmente a su cartera como casas recuperadas y ha realizado subastas y ventas masivas de algunas de ellas por el precio ridículo de 35 mil pesos, según cuentan los habitantes de la zona. Han pasado más de 10 años de la trágica inundación, los dueños de las casas las han reconstruido y las mantienen en pie pese a la inestabilidad del terreno mientras que el Gobierno ha sido incapaz de buscar una solución a la situación jurídica que afecta a esos juarenses, en su mayoría trabajadores de maquiladora.

Pero ahora repentinamente surgieron, como venidos del infierno, abogados que dicen ser representantes de los nuevos propietarios de los fraccionamientos, y llegaron exigiéndole a los vecinos que desalojaran sus viviendas en un plazo perentorio de entre 15 días y un mes. Primero dieron amenazas y desplantes a la manera de capos de pacotilla, pero en estos últimos días la alarma en la zona ha crecido porque los juzgados civiles de Ciudad Juárez empezaron a notificar a algunos de los vecinos que en Nayarit o en Sinaloa se han abierto juicios en su contra para arrebatarles sus viviendas, y que si quieren defenderse tendrán que contratar abogados en aquellos estados, porque de alguna forma estas inmobiliarias pueden tramitar los juicios a más de mil kilómetros de distancia.

En estos casos se descubre una perversa complicidad entre las autoridades del Infonavit, los notarios públicos, y las inmobiliarias y constructoras que pueden comprar e intercambiar la propiedad de casas que no están dentro del mercado por haber sido declaradas inhabitables, y pueden acudir a los juzgados a pedir órdenes de desalojo y desposesión de las viviendas de quiénes las compraron hace 20 años y que las reconstruyeron una década después para seguir viviendo en ellas, a sabiendas que otra gran inundación volverá a expulsarlos de ellas y destruirá todos sus bienes.

Además del riesgo de que la naturaleza reclame sus pertenencias, estos juarenses ahora deben temer a los buitres de los negocios inmobiliarios que se criaron a la sombra de los créditos del Fobaproa, de las protecciones a los políticos y los hijos de millonarios, y que pueden comprar a precios de regalo créditos o juicios contra esta masa depauperada de trabajadores que algún día se emocionó al ser notificada de que había sido beneficiada con un crédito de vivienda, y ahora se encuentra a las puertas de la calle.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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