Para los priistas integrantes de la corriente Solidaridad es necesario que el partido, y su presidente nacional Enrique Ochoa Reza, cumplan con lo prometido hace ya más de ocho meses y expulse a los ex gobernadores señalados por corrupción porque, de no hacerlo, el partido quedaría aún más afectado en su credibilidad y el costo político lo pagarán en las urnas.
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Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Contra el ex Gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no sólo no han avanzado las carpetas de investigación iniciadas por probables actos de enriquecimiento ilícito.
Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde una corriente considera que estos probables actos de corrupción provocaron la derrota en la elección del pasado 5 de junio, el mismo estancamiento tiene una denuncia que no ha logrado expulsar al chihuahuense de ese instituto político.
“Estamos ya a tres meses de retraso”, dijo Armando Barajas, dirigente de la corriente interna priista Solidaridad y que, en julio de 2016, interpuso la denuncia interna para la expulsión de Duarte Jáquez y otros tres ex mandatarios del tricolor.
El plazo para resolver estos procedimientos fue fijado por el propio Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien, en octubre, en entrevista en Televisa, aseguró que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se pronunciaría sobre Duarte Jáquez y sobre el quintanarroense Roberto Borge Angulo antes del fin de 2016.
“Tiene que seguir la investigación. Es uno de los procedimientos que sigue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y también que sigue la autoridad federal”, dijo Ochoa Reza entonces, cuestionado por el caso de Duarte Jáquez.
“El primero que se analizó fue Veracruz, ya con la resolución de suspenderlo del partido del partido cuando aún era Gobernador y ahora la expulsión (…) ahora sigue el caso de Quintana Roo y el de Chihuahua bajo estudio de la comisión (…) y lo que me ha señalado la comisión es que estarán resueltos antes de terminado este año”, agregó el dirigente.
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A ocho meses del inicio de la denuncia y más de cuatro de la fecha anunciada por el dirigente, sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha procedido sólo contra el veracruzano Javier Duarte de Ochoa –ya expulsado y, además, prófugo–, y contra el quintanarroense Roberto Borge Angulo –suspendido en sus derechos como priista–, mientras que el ex mandatario de Chihuahua continúa en las filas del tricolor.
Barajas solicitó el inicio de procedimientos de expulsión de los cuatro hoy ex gobernadores priistas –los citados, más el neolonés Rodrigo Medina de la Cruz– luego de las derrotas del tricolor en siete de las 12 gubernaturas disputadas el 5 de junio, entre ellas las entidades de los Duarte y de Borge Angulo.
Desde el inicio de este procedimiento interno, diversos analistas observaron que se trataba de una medida “cosmética” y que contrastaba con otras decisiones del tricolor, como dejar la Secretaría Jurídica y de Transparencia a la cuñada del ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional, Humberto Moreira Valdés, pionero en los escándalos por endeudamiento y, además, mencionado en una corte penal de Texas como probable responsable de lavado de dinero.
“Creo que hay mucho escepticismo entre la gente de hasta dónde quiere llegar el PRI, o de si van a ir a fondo contra la corrupción”, consideró en entrevista José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“El mensajes que mandan es que son cambios cosméticos, simbólicos y que, a final de cuentas, no van a ir a fondo, de que son selectivos y de que se decide contra quién irán en función de los compromisos”, agregó entonces Crespo, autor de libros como “PRI, de la hegemonía a la oposición” y “2006, hablan las actas”, entre otros.
Pero, en el PRI, la corriente Solidaridad considera la expulsión de los ex gobernadores como parte de las medidas “preventivas” que el tricolor debe tomar ante un eventual voto de castigo en las elecciones federales de 2018, cuando se renovará la Presidencia de la república.
Y la mismo, dijo Barajas en entrevista, debe considerarse antes del próximo proceso electoral del próximo junio, cuando se disputarán las gubernaturas de Nayarit, Coahuila y del Estado de México y cuando no completar los procedimientos de expulsión podría afectar los resultados.
“Creo que debe ser lo más pronto posible, para que haya una credibilidad entre la misma ciudadanía, en la sociedad civil, para que se den cuenta de que nosotros en el partido no queremos permitir que existan este tipo de sujetos que han afectado la imagen del instituto político”, dijo Barajas.
“Es necesario que el partido y el presidente nacional definan y se decida de quitarnos a estos ex funcionarios, porque sí traerían como consecuencia una afectación la credibilidad del instituto político”, agregó.
Los cuatro ex Gobernadores mencionados en la denuncia interna, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, acumularon las deudas públicas más altas de la República y, expone la denuncia de Barajas, fueron sujetos de señalamientos de corrupción que “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”.
Tan sólo Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, argumentó la denuncia, acumularon al menos 78 procedimientos legales por probables irregularidades cometidas durante sus Gobiernos; los tres iniciados en 2010.
En contra de Duarte de Ochoa, de acuerdo con la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mil millones de pesos; 32 procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
El mismo documento menciona que Duarte Jáquez sumó 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Borge Angulo enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
Al cierre de esta edición, la oficina de comunicación social del PRI no había respondido una solicitud de información sobre los procesos pendientes contra los ex mandatarios.
DUARTE JAQUEZ, INMUNE
La misma falta de avances que la denuncia partidista contra Duarte Jáquez registra el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciado ante la Procuraduría General de la República por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y que fue promovida por el abogado y activista chihuahuense Jaime García Chávez.
Sin consignación por meses, la investigación sufrió en octubre pasado, a juicio del promovente, un nuevo revés con el nombramiento del priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República, debido, dijo García Chávez, a la amistad entre los dos integrantes del tricolor.
En Chihuahua tampoco ha sido consignada la carpeta de investigación 19–2016–16230, reiniciada contra Duarte Jáquez por la nueva administración del Gobernador panista Javier Corral Jurado, que además fue parte de la organización que promovió la denuncia ante la PGR.
En ambas, se exige establecer la forma en la que Duarte Jáquez obtuvo los 65 millones que aportó a un fideicomiso para la creación del Banco Progreso.
“El bono democrático del pasado 5 de junio, si no se emplea en el momento que más letal resulte, se va degradando hasta convertirse en simple reyerta de partidos o personalidades, generando el desaliento ciudadano que no tardará en clasificarlo como un acto fallido más, o como los tradicionales ajustes de cuentas entre los miembros de la clase política, así estén enclavados en diversas organizaciones”, advirtió el abogado en noviembre pasado.
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