El exsecretario general del PRI explicó que la iniciativa de reforma busca brindar un servicio eléctrico y de Internet de «alta calidad al menor precio posible».
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), expuso este lunes detalles de la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de las industrias estratégicas del Estado, la cual pretende fortalecer a la empresa productiva.
Desde la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett explicó que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales busca garantizar la «continuidad, autosuficiencia y soberanía energética de la Nación», y que exista un servicio eléctrico y de Internet de «alta calidad al menor precio posible».
“Como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el Gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex. Y no permitir que regrese la política neoliberal o neoporfirista, acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo, de una minoría”, señaló.
#Boletín | La iniciativa de reforma constitucional en materia energética defiende la soberanía nacional y el acceso universal de todo el pueblo mexicano a la electricidad, al menor precio posible, explicó el director general de la CFE, @ManuelBartlett, durante la conferencia del… pic.twitter.com/LAUKAfC5bA
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«La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano por depender de ello el desarrollo de la vía y la economía del país, debe ser incluida como principio básico en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», agregó.
El director general de la CFE criticó que la reforma energética de 2013 estableció «ventajas a favor de las empresas privadas en detrimento de la empresa pública, en un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE».
«En el Artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente no se define cuál es el objetivo de la planeación y el control y, por lo tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío, son las leyes secundarias las que regulan el sistema sin obedecer a un principio constitucional que se propone establecer. Para evitar este vacío se propone añadir que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional Vigente en nuestra Constitución, tenga un objetivo específico”, apuntó.
Asimismo, Bartlett recordó que el Artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, «a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social».
«De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad», precisó.
Finalmente, el exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el Artículo 25, quinto párrafo, propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado por «recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal», por lo que se «desnaturaliza» la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, «convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social».
Con la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución queremos que el Estado garantice la continuidad, autosuficiencia y soberanía energética de la nación y se provea al pueblo de México de un servicio eléctrico y de internet de alta calidad al menor precio posible pic.twitter.com/kRiSsCxNJX
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 26, 2024
«Se establece, asimismo, que la electricidad, así como el petróleo y las empresas que lo manejan no son monopolios de Estado, sino son empresas de servicio público nacional. Dos palabras regulan esta importante reforma del Presidente de la República, que son: soberanía nacional, soberanía energética y justicia social, electricidad para todos al menor precio posible», concluyó.
Tras el proceso de liberalización del sector energético que tuvo lugar en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las reformas realizadas en 2021 por el partido de López Obrador y sus socios establecieron que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son propiedad del Estado, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel.
Si aún había demanda sin atender es cuando se podría comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural. Además, permite revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyan un fraude a la Ley, y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.
En esta falsa competencia, la #CFE está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizándoles así su rentabilidad. Asimismo, se establecen reglas de despacho en las cuales se otorgan todas las ventajas a las empresas privadas.-@ManuelBartlett. pic.twitter.com/lB7EIxrN7B
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En cuanto esta reforma entró en vigor, en marzo de 2021, compañías energéticas privadas interpusieron amparos para poder seguir operando, y muchas consiguieron el aval temporal de los tribunales para bloquear la normativa. De forma paralela a esos recursos judiciales, se interpuso una acción de inconstitucionalidad, que es la que la Suprema Corte desestimó en 2022.
El pasado 1 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el hecho de que las centrales eléctricas del Estado puedan acceder a la asignación de un contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de energía mediante un contrato de interconexión, quedando relevadas de acudir a las subastas en las que las empresas privadas están obligadas a participar, “implica un trato diferenciado y privilegiado que elimina un ámbito de sana competencia”.
–Con información de AP
