En el marco de las discusiones sobre los intentos de censura legislativa en Internet, presentamos el informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México. En el documento hacemos una revisión de los diferentes mecanismos que son explotados e instrumentalizados por autoridades del país para eliminar contenidos en Internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión e información de periodistas y de todas las personas usuarias de las tecnologías.

En esta investigación acuciosa y minuciosa exploramos cómo la remoción de contenidos socava a la prensa libre y al flujo informativo, y se manifiesta a través de 1) políticas de moderación de contenidos de plataformas digitales que son incompatibles con el derecho humano a la libertad de expresión; 2) amenazas y asedio a periodistas para que retiren información de sus espacios o perfiles digitales, y 3) solicitudes de eliminación de contenidos a las plataformas digitales bajo supuestos legales ambiguos y sin seguir un debido proceso ni cumplir con garantías judiciales.

De esta manera revelamos la manera silente, pero eficiente bajo la que el Estado mexicano censura hace uso de las plataformas digitales para censurar. Ello choca con el discurso oficial -hoy particularmente vehemente- que señala a las plataformas digitales como responsables de la censura en Internet. También corrobora, otra vez, la intención estatal de restringir el flujo informativo en el espacio digital, situación que hemos develado a partir del análisis de iniciativas legislativas (15 el año pasado) que quieren restringir indebidamente derechos en la red.

No podemos soslayar lo complejo que fue obtener la información oficial. En total ARTICLE 19 presentó mil 459 solicitudes de acceso a la información a nivel federal y estatal a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). En este ejercicio tuvimos una tasa de respuestas del 71.6 por ciento. Aunque en principio parece un indicador optimista recibir siete respuestas de cada 10 solicitudes. Pero éstas, en realidad, contenían evasiones, dilaciones, incompetencias o desconocimientos de la ley, que en muchos casos implican una violación al derecho al acceso a la información.

Así podemos concluir que la información del Estado llegó a cuentagotas. Del total de respuestas favorables (1045), ocho de cada 10 las autoridades federales y estatales negaron solicitar remociones de contenido a alguna plataforma digital y sólo en 5 por ciento de las solicitudes las autoridades compartieron información. Ello, como veremos, se contradice con los informes de transparencia de las plataformas digitales.

En efecto, la sustancia de la información arroja hallazgos brutales. Aprovechando los huecos normativos de las plataformas y la falta de criterios claros para remover contenidos en plataformas digitales, las autoridades mexicanas realizaron entre 2017 y 2020 más de 38 mil 659 solicitudes de remoción de contenido, según Facebook, Twitter y Facebook. Contrasta gravemente con lo reportado -a cuentagotas, con resistencias y evasivas-  por los sujetos obligados. Las autoridades que nos proveyeron información aceptaron, en total, mil 697 solicitudes de remoción durante este mismo periodo. Con ello, hemos identificado un desfase en la información proporcionada por las autoridades, por lo que sólo conocemos una de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado mexicano a las plataformas digitales. Es decir, existen 95.6 por ciento de solicitudes de remoción de contenidos de las cuales no tenemos información, transparencia ni rendición de cuentas.

Es importante resaltar otro dato preocupante. A partir los informes de transparencia de Facebook podemos saber que, en el primer semestre de 2020, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en solicitudes de restricción de contenido en dicha plataforma y el décimo lugar entre los países que hacen solicitudes de datos de usuarios en la misma. Sobre este ultimo, el Gobierno mexicano ha querido tener acceso o preservar información de 21 mil 445 perfiles de usuario. Una desmesura absoluta si se toma en cuenta que las razones no son siempre legítimas ni legales ni mucho menos transparentes.

La Ciudad de México ejecutó el mayor número de solicitudes de remoción de contenido.

En 2019 se registraron 588 solicitudes de remoción de contenido por parte de la CdMx a través de la  Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El segundo lugar en este tipo de solicitudes lo ocupa Durango. Desde el 2018 hasta agosto del 2020, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad ha solicitado 270 remociones de contenido a Facebook por causas como “material con contenido sexual, ofertas laborales dudosas, difamación, bullying, información falsa, préstamos irregulares, tarjetas bancarias, trámites vehiculares, venta de medicamento controlado, droga o armas”. Nótese que criterios como bullying, “ofertas laborales dudosas” e “información falsa”, bajo el marco jurídico internacional y nacional de la libertad de expresión, no son objeto legítimo de restricciones a este derecho y aún así son las justificaciones que usan las autoridades y aceptan las plataformas.

Aun con los informes de transparencia de las plataformas nos faltan datos medulares para entender mejor el fenómeno bajo estudio. Falta conocer los criterios de remoción, conocer a profundidad qué instituciones del Estado hacen las solicitudes, el tipo de información que solicitan remover y los motivos por los cuales las realizan. En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a las empresas del sector de la información y las comunicaciones a que revelen los riesgos y las exigencias de los gobiernos de manera transparente. Las revelaciones significativas contribuyen a esclarecer, entre otras cosas, en qué medida y en qué contexto solicitan los gobiernos la retirada de contenido y de datos de clientes, los procesos que se emplean para gestionar tales solicitudes y la interpretación de las leyes, políticas y normativas correspondientes.

Por eso esencial que las plataformas de redes sociales cuenten con mecanismos de apelación y transparencia respecto de la aplicación de sus políticas, de sus canales de comunicación y de los procedimientos de remoción, moderación y eliminación de contenido. Pero más importante es que las autoridades se abstengan de utilizar de manera arbitraria estos mecanismos para censurar y se sujeten al marco de protección de derechos humanos, así como a reglas procesales estrictas.

Una compleja y larga discusión se avecina sobre la posible regulación de redes. Pero este aporte, a través del informe publicado el miércoles, abona a debatir con base en evidencia y evita tergiversar la realidad sobre la censura digital en México.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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