Los datos finales del 2017 confirmaron la pesadilla: el quinto año de la administración de Enrique Peña Nieto fue el más violento de la historia moderna de México. 25 mil 339 homicidios se registraron desde el primer día de enero y hasta el último día de diciembre. Tal información, y a pesar del dinero destinado a la seguridad desde 1996, muestra el fracaso de las estrategias del Estado, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, dijo Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional.
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Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Los indices de violencia e inseguridad en México demuestran el fracaso del Estado en materia de seguridad pública, “pese al millón de millones de pesos invertido desde 1996”, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional, aseguró que los resultados en materia de seguridad no tienen que ver con los bajos presupuestos, sino con decisiones equivocadas.
La inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con especial gravedad en algunas regiones del país, son expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, indicó González Pérez, quien fue acompañado por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers.
“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, dijo. “La violencia no reducirá la violencia”, expresó.
El Ombudsman nacional subrayó “que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta”.
El país, indicó Luis Raúl, necesita de seguridad, pero las respuestas deben encontrarse siempre dentro de un Estado Democrático de Derecho, “sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley”.
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“Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”, aseveró.
Pérez puso énfasis en los recursos que han sido utilizados desde 1996 en el ámbito de seguridad, pues el millón de millones no ha tenido ningún efecto positivo.
“Lo anterior –apuntó ante todos los reunidos en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM—, es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.
El apoyo de las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas de seguridad provocó el abandono de las policías, indicó.
En enero, este diario informó que los números habían confirmado la pesadilla: 2017, el quinto año de administración peñanietista fue el más sangriento en la historia reciente de México.
Al menos 25 mil 339 homicidios se registraron desde el primer día de enero y hasta el último día de diciembre del 2017. La cifra representa el 23 por ciento más que en 2016.
El 75 por ciento de los homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de plata y plomo por el control de territorios, de acuerdo con información presentada por Semáforo Delictivo Nacional.
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