La semana pasada fue difícil para Ricardo Anaya: luego que el SAT diera a conocer que una empresa fantasma con la que se desviaron millones de pesos está ligada a él, su campaña se vino abajo. Y la trama aún no termina. La PGR aseguró que aunque ha instado al candidato presidencial a rendir su declaración, él se ha negado; mientras, sus opositores le exigen que aclare las acusaciones.
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Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este día la lista de empresas fantasma definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que figura Manhattan Master Plan Developmente, que le compró al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés su nave industrial.
“Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales […] detectaron que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes sin contar con los activos, , personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios […] que amparan tales comprobantes”, indicó el DOF.
“Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega el Diario Oficial.
La lista, de 49 “factureras” fechada el 16 de febrero, incluye la empresa que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
De acuerdo con el SAT, Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”, es decir, expide facturas por servicios inexistentes que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
Según la indagatoria, el capital social de dicha firma es de 10 mil pesos aportados por Luis Alberto López López y por María Ramírez Vega, ambos supuestamente empleados del empresario queretano Manuel Barreiro, visto recientemente en Canadá y contra quien pesa una alerta migratoria emitida por la Procuraduría General de República (PGR).
El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que entre 2016 y 2017, Barreiro Castañeda contrató a sus clientes –de quienes se reservó su identidad– para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.
La empresa de Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
Ricardo Anaya se presentó ayer ante la PGR para exigir al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, que aclare de manera inmediata si realiza una investigación en su contra. De lo contrario, dijo, se estaría confirmando que la dependencia encargada de procurar justicia está operando a favor del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), y su candidato, José Antonio Meade Kuribreña.
En respuesta “inmediata”, la Procuraduría dio a conocer que se ha “invitado” a Ricardo Anaya a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero que él se negó.
Esta mañana, en entrevista con Radio Fórmula, Diego Fernández de Ceballos, asesor legal de Anaya, lamentó que el Gobierno federal “esté usando a la PGR para manchar la imagen” del candidato panista, quien, aseguró, está bien posicionado y puede llegar a la Presidencia”.
“Lo que está investigando la PGR son transferencias de terceras personas. Si el dinero venía de Singapur o del Polo Norte, que investiguen y sancionen a los responsables, no tienen por qué manchar con una hipotética corrupción”, explicó “El Jefe Diego”.
Fernández de Ceballos acusó que la Procuraduría difunde información cuando le conviene, “para seguir favoreciendo la difamación y la calumnia. No sé vale lo que están haciendo contra Ricardo Anaya. Él dijo que todo lo que tenía que decir estaba en el escrito que entregó y la PGR difunde que no quiso declarar”.
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En su defensa también salió el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, quien condenó al Gobierno federal por “golpear políticamente a los aspirantes” a la Presidencia de la República a través de las instituciones y dependencias como es el caso del candidato de “Por México al Frente”, Anya Cortés.
En un comunicado el perredista señaló que en particular el PRI y el Gobierno de Peña Nieto deben dejar de utilizar a las instituciones, tal es el caso de la PGR, como armas políticas durante la contienda electoral.
“Hoy vemos como la PGR es utilizada para golpear políticamente a Ricardo Anaya, puntero en las encuestas. Hacemos un llamado a que la autoridad detenga esta acción facciosa de la PGR y no se quiera manipular a la opinión pública”, subrayó Ángel Ávila.
El dirigente reprochó que la PGR actúe con fines políticos en sus investigaciones y deje de lado indagatorias como en el caso la empresa brasileña Odebrecht, que hasta la fecha no se tiene avance y no vemos detenciones por el desvió de 10 millones de dólares que ésta otorgó a la campaña presidencial del PRI en el 2012.
Por otra parte resaltó la falta de una Ley de la Fiscalía General para que sea autónoma del Poder Ejecutivo con el fin del que el Ministerio no sea utilizado con fines políticos.
“La PGR debe dejar de depender del Poder Ejecutivo, por eso la Ley de la Fiscalía es urgente que se apruebe, para otorgarle verdadera autonomía al Ministerio Público Federal”, concluyó.
La PGR informó que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”.
Se presume que la empresa de Ricardo Anaya adquirió un inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos. El abogado Adrián Xamán McGregor acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final [Ricardo Anaya], el empresario queretano Manuel Barreiro encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.
El día de ayer la Ricardo Anaya se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero no rindió ninguna declaración ministerial y acusó a la dependencia de dañar su imagen al afirmar que ya investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa de el panista.
“Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI”, aseveró Anaya Cortés.