Hay casos emblemáticos sobre delitos electorales cometidos en diversos procesos electorales, como la utilización de recursos presumiblemente ilegales en las campañas presidenciales de Vicente Fox y Francisco Labastida en 2000; el caso de los monederos Monex, durante la campaña de Enrique Peña Nieto; y las famosas tarjetas rosas, que se utilizaron para lubricar el voto en favor del PRI en las elecciones del 2018.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales que, desde que fue creada el 19 de julio de 1994, no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral.
Pero igual sucede con las 32 fiscalías similares que operan en las 32 entidades federativas del país. Y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía.
Hay casos emblemáticos sobre delitos electorales cometidos en diversos procesos electorales, como la utilización de recursos presumiblemente ilegales en las campañas presidenciales de Vicente Fox Quesada y Francisco Labastida Ochoa en 2000; el caso de los monederos Monex, durante la campaña de Enrique Peña Nieto; y las famosas tarjetas rosas, que se utilizaron para lubricar el voto en favor del PRI en las elecciones del 2018.
LOS AMIGOS DE FOX
En mayo del 2000, el periódico capitalino La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció ante la Procuraduría General de la República a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente, candidato presidencial del PAN) por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En la misma temporalidad, el entonces Senador priista Enrique Jackson denunció en el 2000 que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos, una mujer identificada como Carlota Robinson, había recibido dinero de una compañía belga de tecnología, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox.
Ante ello, la Procuraduría General de la República abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEPADE), y otra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por lavado de dinero. Estos datos fueron publicados por La Jornada en una información firmada por el reportero Gustavo Castillo García, el Lunes 20 de agosto de 2012.
En el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el Instituto Federal Electoral (IFE) impuso multas de 360 millones de pesos al PAN, y 184 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña. En su dictamen, el IFE determinó que en la campaña de Vicente Fox había recibido 91.2 millones de pesos en forma ilegal.
Las investigaciones de la FEPADE y la SIEDO fueron archivadas por considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
CARLOS ROMERO DESCHAMPS, EL PRI Y EL PEMEXGATE
En mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició una averiguación previa por lavado de dinero, reseñó el periódico La Jornada en una información publicada el lunes 20 de agosto del 2012.
En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El 5 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República solicitó órdenes de aprehensión y el juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de PEMEX Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La Procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex, concluye la información publicada por el periódico La Jornada, firmada por el reportero Gustavo Castillo García, el Lunes 20 de agosto de 2012.
En 2003 el Instituto Federal Electoral (IFE) le impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
Para la Comisión de Fiscalización del IFE, la falta que cometió el PRI fue no haber informado de la recepción de 500 millones de pesos, no obstante, no se comprobó cómo se gastó ese dinero. La Sanción que la Comisión de Fiscalizacipón propuso fue que la multa aplicada al PRI fuera por el doble de los recursos que no declaró a la autoridad electoral.
El 26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate. El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado electoral del que se hacía responsable al líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
EL CASO MONEX
EL 21 de enero del 2013 el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer el “Resumen de la resolución por la que se desahoga el caso Monex-Tarjetas”.
A unos días de la jornada electoral, el 26 de junio de 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en contra de la Coalición Parcial Compromiso por México, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y su entonces candidato a Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la presunta operación ilegal de recursos a través de tarjetas del Banco Monex por un monto de 701 millones de pesos, utilizados, según la denuncia, para el pago de personas en una estructura piramidal que va, desde el representante de casilla, hasta el “representante general”, todo ello durante el periodo de campaña, lo que para el denunciante constituían gastos de campaña y en consecuencia, violaciones a la Ley electoral.
La Unidad de Fiscalización analizó 32 mil 624 movimientos efectuados mediante el uso de las multicitadas tarjetas Monex, en virtud de lo cual pudo determinar que en un 88.36 por ciento se realizaron disposiciones en efectivo en cajero automático. Es decir, se dispuso de recursos por 44 millones 630 mil pesos.
Por lo que respecta al resto de los recursos, de la información sistematizada, se advierte que se realizaron operaciones en tiendas (de autoservicio, conveniencia, departamentales, por internet, o bien por alimentos, transporte, telefonía e internet) en un 11.64 por ciento y se erogaron recursos por pago de servicios (por alimentos, transporte, telefonía e internet) por un importe de 5 millones 878 mil pesos. El IFE cuantificó el monto utilizado a través de Tarjetas Monex en 50 millones 508 mil pesos.
El Instituto Federal Electoral consideró que era infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al comprobar que el monto denunciado de recursos presumiblenete irregulares, por 701 millones de pesos no pudo ser comprobado.
MEADE Y LAS TARJETAS CARGADAS
Un registro periodístico de SinEmbargo publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña “Avanzar Contigo”.
Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones: Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la “Tarjeta Rosa” en la elección a Gobernador del Estado de México, o “La Efectiva”, que dio Eruviel Ávila en su campaña para Gobernador del 2011.
Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromiso firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto: “Te lo firmo y te lo cumplo”, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como Presidente de la República en 2012.
Desde 2011 partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto a su favor. En ese periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores.
Esta controversia también se presentó en Coahuila y en el Estado de México, en el marco de las elecciones de junio del 2017. “Mi Monedero”, “Mi Monedero Rosa” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, fueron las cartas utilizadas por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura coahuilense. Y en el Estado de México, “La Fuerte” y el “Salario Rosa” del priista Alfredo del Mazo Maza prometían, respectivamente, acceso a programas sociales a los varones y mil 200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él. Del Mazo ganó los comicios.
