El presidente ha sido claro. En la última brecha de su sexenio va a apostar por desaparición de los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI y el IFETEL. Abre sus cartas, mete un tema álgido de cara a las campañas, y además, pone sobre la mesa un nuevo modelo de Estado. El problema es que no hay margen para una discusión centrada en evidencia. Los tambores de guerra suenan, de un lado y otro la apuesta es… más polarización.

Esa misma polarización que empantana cualquier discusión pública de primer orden. Veamos lo que acaba de suceder en el caso Ayotzinapa. Una jueza otorga libertad condicional a ocho militares, derivado de un amparo que ganaron los imputados y que la FGR no impugnó. El presidente apunta con su dedo flamígero al Poder Judicial, en una clara continuación de la estrategia de confrontación con dicho poder. Del otro lado, de la oposición, se sentencia que el tratamiento del caso ha sido un absoluto fracaso y esta liberación es un ejemplo más.

Con cautela y mucha dignidad, las víctimas y las organizaciones que las acompañan complejizan sobre el desatino del Poder Judicial pero sin perder de vista que la fiscalía ha sido omisa en muchos aspectos, sobre todo a raíz de la salida del fiscal especial Gómez Trejo, con quien se había tenido mayores avances.

O qué decir del caso de la periodista Azucena Uresti, quien salió de Milenio TV “dadas las circunstancias actuales”. El antecedente inmediato fue una afirmación contundente de la periodista, quien señaló al presidente de “misógino” por fingir no saber su nombre pese a las recurrentes menciones estigmatizantes sobre su trabajo. Desde el oficialismo se exige a la periodista contundencia, claridad y una prueba directa de censura desde el Estado. Del otro lado se dice que vivimos censura “cómo nunca antes” y se presenta el caso como “inédito”.

En medio, se traslada a la periodista la carga de probar la censura , se deja de lado que hay condiciones estructurales para presionar a los medios y sus líneas editoriales desde el poder, y además, se borra de un plumazo décadas de despidos por medios de comunicación a periodistas incómodos para el poder político (federal o local) en los cuales nunca se exigía pruebas contundentes e irrefutables.

Es la polarización el salto cuántico y sin matices, desde el “¿dónde estabas cuándo?” al “¡como nunca antes!”. Ambas posiciones son ridículas, pero es parte de estos tiempos que, por cierto, son “de definiciones”. Sin duda el conflicto es parte inherente a la sociedad, más aún en la disputa política. Se vale el debate áspero, cáustico, mordaz y hasta ofensivo. Pero lo que urge es que ese debate sea con base en evidencia y no sólo en creencias. Ese es el meollo del asunto cuando lo que se plantea es una reestructura profunda del Estado, ni más ni menos.

Por ello, este debate que versa sobre el futuro del país, lo que puede y debe salvarlo es más evidencia y análisis reflexivo. Si nos anclamos, por un lado, en “el líder bueno que defiende al pueblo de los organismos autónomos corruptos y malos”, y por otro, “el dictadorzuelo que quiere destruir nuestras impolutas y sacrosantas instituciones”, nos colocamos en los peores escenarios.

En uno de esos mundos indeseables se avanza al derruimiento de las instituciones que hacían mediano contrapeso y evitaban la centralización del poder en un sistema presidencialista. Pero de no lograrse ese cometido, las instituciones cuestionadas se quedan como están y se evita mejorarlas en el mayor beneficio de la ciudadanía. Al final, en ambos mundos las personas de a pie pierden: no hay diques contra el autoritarismo o no hay instituciones que de forma eficientes garanticen sus derechos.

No podemos pasar por alto la intención de construir una nueva hegemonía política para cuya consolidación serán clave las próximas elecciones y, sobre todo, el paquete de reformas constitucionales llamadas “Plan C”.  Pero es innegable que la captura y colonización de las instituciones autónomas por parte de los anteriores grupos políticos gobernantes, es lo que ha generado un alejamiento de su función primordial. Ya vimos en este gobierno que esa captura y colonización del grupo político dominante puede llegar a extremos caricaturescos como la CNDH y la FGR.

La desfachatez con la que Marko Cortés (presidente del PAN) mostró un acuerdo en el que repartía con el PRI cargos de instituciones “autónomas” en Coahuila, no es la enfermedad sino el síntoma. El problema es que eso forma parte de la real politik mexicana, incluso hoy día y con el actual proyecto con vocación hegemónica.

Por eso es importante una normatividad clara y consensada en materia de designaciones públicas para los cargos de dichos organismos, que garantice los mejores perfiles y los más independientes. Para ello, a su vez, hace falta una reflexión previa –mea culpa incluido- que ponga en el centro los arreglos, pactos y lógicas políticas que colocaron a los contrapesos en esta situación de profunda deslegitimación social, misma que es aprovechada por el presidente y sus cercanos.

Nada sencillo será dialogar con argumentos y pruebas en este contexto, pero de ello depende la democracia misma. Más razón y menos creencia ayudará al futuro de la República en un momento crítico.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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