Mientras Genaro García Luna, el artífice de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión en EU, en México tiene distintas causas por diferentes delitos que se castigan hasta con 30 años de cárcel, como es el caso de la introducción ilegal de armamento que se le imputa por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), no sólo enfrenta las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que lo tienen en un juicio en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, además tiene otros procesos en México por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.
A esto se suma la demanda civil presentada el 21 septiembre de 2021 en Miami, Florida, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados, un caso por el cual el Gobierno reclama la devolución de 700 millones de dólares provenientes de contratos públicos ligados a estas compañías.
“Nosotros vamos a procurar recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida, y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar allá y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, sí podemos, y se está trabajando en eso, 700 millones de dólares y otros posibles activos”, explicó el martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.
García Luna ha sido señalado durante el Juicio que se ha realizado a lo largo de esta semana de haber recibido sobornos del crimen organizado cuando se desempeñaba como el principal artífice de la guerra contra estas organizaciones criminales emprendida en el Gobierno de Calderón, quien no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, aún cuando hay evidencia de que durante su sexenio fue alertado por militares, policías y hasta por la Iglesia sobre las actividades irregulares de su “súper policía”, como fue considerado por el exmandatario panista.
Su defensa ha argumentado que la Fiscalía estadounidense no ha presentado pruebas concretas de que García Luna recibiera dinero y tuviera ligas con el crimen organizado, cuestionando, incluso, que los señalamientos provienen de criminales. No obstante, en caso de que García Luna ganara el juicio en EU aún tiene pendientes causas en México, que han valido su solicitud de extradición en dos ocasiones.
En septiembre pasado, en respuesta a la solicitud de información con folio 330026822001894, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Embajada de México en los Estados Unidos de América ha presentado dos solicitudes de extradición en contra García Luna mediante notas diplomáticas de fechas 6 de diciembre de 2020 y 1 de julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.
Fue en junio pasado, cuando la Fiscalía dio a conocer en un comunicado de prensa, que García Luna tenía en su contra tres órdenes de aprehensión por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa en relación al Caso Ceferesos, referente a la adjudicación directa de contratos a empresas con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de ocho penales federales.
La otra orden de arresto, se informó, es en relación a un presunto enriquecimiento ilícito por al menos 27.3 millones de pesos durante su paso por la hoy extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad Pública federal, como reportó Reforma en agosto de 2022. No obstante, en octubre una Jueza federal de la Ciudad de México canceló esta orden de aprehensión. La resolución no implicaría necesariamente una cancelación absoluta del proceso penal, ya que luego de otorgar el amparo presentado frente a la orden de aprehensión, la Jueza habría pedido a la Fiscalía realizar precisiones en la solicitud de captura contra el exfuncionario para determinar si se puede conceder posteriormente.
La tercera causa tiene que ver con el fallido operativo “Rápido y Furioso”, con el cual se introdujeron armas desde Estados Unidos para rastrear a delincuentes, algo que no ocurrió, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que en cambio sirvió para armar a los grupos criminales.
El Código Penal federal establece que en el caso del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades se prevén penas de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
En lo que respecta al delito de asociación delictuosa, la Ley señala penas de cinco a diez años de prisión y de cien a trescientos días multa, pero cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, como es el caso de García Luna, la pena se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.
El enriquecimiento ilícito, establece el Código Penal federal, es castigado a su vez, hasta con 14 años de prisión y con el “decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar”.
Finalmente, la introducción ilegal de armamento —armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como ocurrió en el operativo “Rápido y Furioso”— es penada en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con hasta 30 años de prisión.
En tanto, en Estados Unidos se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión por cinco cargos criminales federales: cuatro por participar en una conspiración para traficar cocaína y una por hacer declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses, como reportó La Jornada.
GARCÍA LUNA Y “RÁPIDO Y FURIOSO”
Fue hace un año, en enero de 2022, cuando la Fiscalía General obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Genaro García Luna, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
Este operativo se llevó a cabo entre 2009 y 2011, en la segunda mitad del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y consistió en el envío de miles de armas ilegales a México, con el permiso del Gobierno del Presidente Barack Obama, para rastrear a los grupos del crimen organizado, algo que no ocurrió y que por el contrario costó vidas de ciudadanos mexicanos como estadounidenses.
La Fiscalía explicó en ese entonces que las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, permitieron tener “la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.
Estas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
Por ello, el operativo “Rápido y Furioso” ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
EL CASO CEFERESOS
En agosto de 2021 se dio a conocer cómo el Gobierno de Calderón con el argumento de un supuesto riesgo a la seguridad pública otorgó por “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país durante 22 años, hasta 2032 a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año, como informó en su momento la revista Contralínea.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que la actuación de servidores públicos como García Luna configuraba los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano.
Un año después, en junio de 2022, precisaría que la acusación contra el Secretario de Seguridad de Calderón era por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. En concreto, la FGR apuntó al posible sobreprecio por 62 mil 840 millones de pesos en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad a empresas privadas.
En octubre pasado, el Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México instruyó entregarle a Genaro García Luna las copias de esta investigación, según la cual hubo un sobreprecio en la construcción y operación de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Estos contratos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos, reportó Reforma.
EL PATRIMONIO DE GARCÍA LUNA
Genaro García Luna inició su carrera en las corporaciones de seguridad mexicanas dentro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entre 1993 y 1998, en este último año y hasta 2000 fue Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la extinta Policía Federal Preventiva.
El 1 de septiembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación y le confió la dirección de esa corporación a Genaro García Luna, en donde junto a una élite de policías, ahora señalados por corrupción, como es el caso de Luis Cárdenas Palomino, su mano derecha, escaló en 2006, ya en el Gobierno de Calderón, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
En su último cargo que desempeñó en la administración pública federal, como Secretario de Seguridad, García Luna reportó en su declaración patrimonial de inicio sólo ingresos mensuales netos por 160 mil 540 pesos por este cargo, así como dos casas obtenidas por crédito con valores de 862 mil 800 pesos y 2 millones 350 mil pesos, y dos mustang de colección comprados al contado y una Land Rover comprada con un crédito. Para su declaración de conclusión, la última que hay en la plataforma habilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
DECLARACIÓN INICIAL GARCIA LUNACONCLUSION GARCIA LUNA
Ya en el Gobierno de Peña Nieto, como publicó ayer El País, obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario español, García Luna recibió 745.4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto, indica el reporte, se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EU.
No obstante, hasta donde se conoce, la FGR sólo tiene acreditado que García Luna tuvo ingresos presumiblemente ilícitos por al menos 27.3 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública federal, como señaló Reforma en agosto del año pasado.
El mismo reporte indica que entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos. También hizo, como apuntó Reforma, pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y adquirió un vehículo de más de 617 mil pesos.
A todas estas acusaciones se suman otras más como los señalamientos que hicieron durante años distintos funcionarios en el Gobierno de Calderón sobre las sospechas que existían en contra de Genaro García Luna por sus vínculos contra el crimen organizado, las cuales, derivaron en persecuciones contra los denunciantes y no en una investigación penal, hasta donde se sabe.
