Aunque los planes que las autoridades mexicanas ya tenían para el 2020 en materia de programas sociales pudieron mitigar la crisis económica desatada por el coronavirus, los esfuerzos desplegados, dice el FMI, podrían ser mucho mayores, lo que terminaría por reducir las brechas de desigualdad existentes en el país.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La pandemia de la COVID-19 creció el número de personas en situación de pobreza en México en 3.8 millones, cifra que pudo agravarse de no ser por el aumento del gasto social desplegado por el Gobierno federal, lo que disminuyó el impacto en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza, aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con su estudio Prioridades y reformas para el gasto social en México, la tasa de pobreza aumentó del 41.9 por ciento al 43.9 por ciento sólo de 2018 a 2020, mientras que el número de personas sin acceso a servicios de salud se disparó en 12 puntos porcentuales de la población. El organismo internacional añadió que, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de no haberse incrementado el gasto de los programas sociales los indicadores de pobreza hubieran crecido hasta el 45.9 por ciento, es decir, 2.5 millones de personas adicionales.
Sin embargo, el análisis del FMI apunta que se deben hacer mayores esfuerzos para que las transferencias al gasto social sean más cuantiosas y eficientes.
wpiea2021244-print-pdf“El gasto social en México fue del 10.9 por ciento del PIB en 2019, una disminución desde su máximo histórico del 12.1 por ciento en 2015. Alrededor del 40 por ciento del gasto se destina a la protección social, mientras que la educación y la salud comprenden el 27 y el 23 por ciento, respectivamente; el resto es para vivienda y apoyo comunitario y preservación ambiental. En 2020, el gasto social aumentó a 12.4 por ciento del PIB, pero eso refleja principalmente la fuerte caída del PIB nominal. Tanto el crecimiento nominal como real del gasto social fue menor en 2020 en comparación con 2019. Desde una perspectiva de varios países, el gasto social de México va a la zaga de sus pares regionales, lo que refleja en parte su baja relación ingresos/PIB”, señala el documento.
El Fondo Internacional apuntó que en general, los estados con índices de pobreza más altos y menores ingresos per cápita recibieron mayores cantidades de asistencia social del Gobierno federal, pero esto se relaciona con que las familias pobres tienen más probabilidades de verse afectadas por las futuras secuelas económicas de la pandemia; por ejemplo, indicó, pérdidas de aprendizaje debidas a las grandes diferencias en el acceso a Internet, según grupos de ingreso.
Los resultados también sugieren que los estados más expuestos al turismo tuvieron más afectaciones, debido a la caída en las ventas minoristas gracias a los confinamientos ocurridos en 2020. En igualdad de condiciones, los estados con mayor densidad de población también se vieron más afectados.
“En igualdad de condiciones, un estado que aumentó el gasto en 0.27 puntos porcentuales del PIB aumentó el empleo en un 5.4 por ciento, mientras que un estado que aumentó el gasto en 0.15 puntos porcentuales del PIB aumentó el empleo en un 3.1 por ciento”, subrayó el Fondo Monetario.
El FMI rescató que debido a los esfuerzos desplegados en los programas sociales, la pobreza laboral se redujo, pero ésta aún continúa siendo desigual ya que en el caso de los hombres la contracción fue de 4.5 puntos porcentuales, mientras que para las mujeres sólo fue del 2.6 por ciento.
“Aunque la respuesta del Gobierno a la pandemia fue enfocada en contener el aumento de la deuda pública, el aumento del gasto en programas sociales, que se presupuestó predominantemente antes de la pandemia, parece haber mejorado un poco el efecto de la pandemia sobre la pobreza. […] Hay que tener en cuenta que el análisis indaga en una comparación entre presupuesto de 2020 frente al de 2019, que incluye aumentos planificados y, entre otros factores, relacionados con COVID-19. Los datos agregados a nivel federal sugieren que una parte significativa del aumento ya estaba presupuestado antes de la pandemia”.
En ese sentido, el estudio a cargo de Swarnali Ahmed Hannan, economista del departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, resaltó que la crisis general desatada por el coronavirus “podría empeorar las vulnerabilidades sociales debido en parte a la limitada protección social de México”, por ello, argumenta que un gasto mayor y más eficiente en programas sociales, educación y salud reduciría las brechas socioeconómicas, “mitigaría las cicatrices económicas de la pandemia y fomentaría una recuperación inclusiva en México”.
FMI SUGIERE AUMENTAR EL GASTO SOCIAL
Pese al llamado, el FMI reconoció que el ambiente económico mundial no se presta para “hallar alternativas financieras en el mercado” debido al menor dinamismo que ha provocado la inflación y el aumento de contagios de coronavirus, así como por el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que se espera para este año.
Por ello, el organismo internacional consideró que México puede aplicar una serie de cambios regulatorios en materia fiscal y afinar la eficiencia del gasto público, de manera que se pueda ampliar la capacidad del Gobierno para distribuir recursos.
“El aumento del gasto social y de su eficiencia sigue siendo fundamental para reducir las diferencias socioeconómicas y garantizar una recuperación inclusiva, en especial si se suma a reformas que mejoren el empleo y reduzcan la informalidad”, explican los especialistas al final del documento.
Por ello, es imprescindible y prioritario eliminar las deficiencias en la cobertura y limitar la fragmentación de los programas de asistencia social. También sugiere la existencia de un registro único de beneficiarios y el fortalecimiento de la capacidad administrativa, lo cual “podrían reducir los solapamientos y mejorar la focalización del gasto”.
“La focalización podría mejorarse mediante métodos basados en la comunidad, nuevos instrumentos (por ejemplo, dinero móvil), adopción de un registro único de los beneficiarios, reduciendo la superposición de programas y beneficios, y fortaleciendo la capacidad administrativa. El énfasis del Gobierno en las pensiones sociales (no contributivas) refleja en parte la prevalencia de la pobreza en la vejez, la cobertura limitada del sistema de pensiones y las bajas tasas de reemplazo. Sin embargo, si bien las pensiones sociales de 2018 fueron bajas en comparación con la OCDE, los niveles previstos para 2024 son relativamente altos”.
El estudio consideró que ya que son grandes las diferencias entre estados en materia de educación y salud, debe darse prioridad al aumento del acceso a los programas en los estados más pobres y entre la población más desfavorecida. En educación, la inversión en equipos, instalaciones, tecnología de la información e infraestructuras modernas contribuiría a responder a los cambios en la demanda de mano de obra.
Sobre el caso específico de las Becas para la Educación Básica para el Bienestar, así como transferencias en efectivo para las familias de menos recursos que no están condicionadas a controles regulares de los estudiantes, el FMI añadió que si se monitorea el destino de estos recursos, se puede garantizar que no aumente la deserción escolar, y se podría tener una mayor certeza de que los estudiantes no verán mermas en su nutrición y salud.
Finalmente destacó que el aumento del gasto público podría financiarse con mayores recaudaciones de impuestos a mediano plazo para velar por que la deuda pública disminuya con el tiempo. “A mediano plazo, estimamos que las reformas tributarias podrían financiar un gasto de aproximadamente el 2 por ciento del PIB en programas sociales, educación y salud, y del 1 por ciento del PIB en infraestructuras y otras inversiones públicas”, expuso el texto.
