Imaginen el escenario que pinta la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en el caso del velador Antonio Luna, presunto asesino de sus tres pequeños hijos, de acuerdo al caso por el que se le ha vinculado a proceso.

Luna estaba en el lugar donde se desarrolló un enfrentamiento entre policías y un grupo armado, la noche del viernes 13 y madrugada del sábado 14 de enero, en la finca ubicada en la Ampliación Cieneguita, una comunidad rural a pie de la carretera San Miguel Allende – Dolores Hidalgo.

Cuidaba la finca por las noches y, según las versiones de familiares y vecinos, los fines de semana se hacía acompañar de su familia: tres niños Juan Adrián, Mateo y Gabriel; y su esposa, Juana.

Carlos Zamarripa en su última rueda de prensa, después de la vinculación a proceso, declaró que no descarta una línea de investigación en la que Antonio podría tener relación con el grupo armado al que presuntamente se buscaba y con el que sostuvieron un intenso y prolongado enfrentamiento los elementos del GERI, de la Procuraduría de Justicia; y de la Secretaría de Seguridad.

De existir tal vinculación surge, la primera pregunta: ¿cómo un hombre involucrado en actividades delictivas, cercana o remotamente, puede ser tan inconsciente como para involucrar a su familia? ¿Si Antonio sabía que allí se resguardaba un grupo violento, incluso si formaba parte del mismo, tendría el desparpajo o el descuido de mezclar a su cónyuge y a sus niños con ellos?

Supongamos, en cambio, que Antonio era un empleado del dueño de la finca e ignoraba a qué se dedicaban los presuntos inquilinos de una parte del inmueble.

En ese caso, la balacera de casi dos horas que relatan testigos, donde se dispararon armas de alto poder por parte de policías y de presuntos sicarios, pudo haber impactado de tal manera a Antonio que, en una decisión absolutamente inexplicable, habría asesinado a sus hijos y amenazado a su esposa, por estrés, por neurosis, por locura.

Y, de ser así, los primeros que se habrían percatado del estado mental de Antonio habrían sido los agentes ministeriales que lo detuvieron y quienes en su informe dieron al agente del ministerio público los elementos que le permitieron formular una acusación de intento de homicidio calificado en contra de los mismos policías.

¿No hay aquí una contradicción? Solo un sicario frío y templado pudo intentar hacer frente a cinco agentes de manera tal que estos se consideraran amenazados de intento de homicidio, no así un hombre confundido al grado tal de haber disparado contra sus propios hijos. No puede ser que un Antonio que se había quedado sin balas tras asesinar a sus hijos, de modo que ya no pudo hacerlo con su esposa, contra quien si consideró el juez que existía el delito de intento de homicidio, significara una amenaza contra los agentes.

Por eso me parece que el ministerio público se excedió intentando un rosario de delitos contra Antonio Luna, en lugar de concentrarse en el esencial: la muerte de los tres niños. ¿Por qué?

Si un escuadrón de policías que persigue a una banda de peligrosos sicarios, termina encontrándose con el dramático cuadro de una pareja aterrorizada, donde el hombre está armado con una pistola sin balas y los cadáveres de tres pequeños, no se explica la saña de la estrategia jurídica del Ministerio Público, a todas luces autorizada por el Procurador de Justicia, que se ha hecho cargo del caso en forma personal, como vocero de la institución.

A menos que la existencia de este cuadro, totalmente distinto al que presuntamente perseguían los policías en un operativo contra delincuentes de gran peligrosidad, lo único que busque sea distraer de lo principal: la falla de dicho operativo.

Si un operativo policial de gran envergadura termina con una balacera de dos horas que alarma a la población civil, el cierre de una carretera por seis horas, la muerte de tres inocentes y la captura de un padre de familia acusado de esas muertes ocurridas en los mismos hechos y ni una huella del grupo armado al que se pretendía capturar, ¿ante qué estamos? Sin duda ante una metida de pata de gran envergadura.

De los operativos de la PGJE y de la SSG nunca se conocen detalles. Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca se han convertido en dos sheriffs implacables que no le rinden cuentas a nadie y en los que el Gobernador confía “ciegamente”, como lo reconoció recientemente.

Esta vez, la muerte de tres niños ha permitido que se empiecen a conocer entretelones de la forma que operan los comandos de ambos funcionarios.

¿Había orden de cateo de la finca? No se sabe, ni se ha dignado mencionar siquiera.

¿Hubo trabajo de inteligencia? A juzgar por la cantidad de fuego que se disparó en la escena de los hechos, fue todo menos un operativo “limpio”. Y, por lo que se ve, ni siquiera sabían de la existencia de una familia con niños en el lugar.

Preocupa sobre manera que en un estado donde los homicidios violentos se han incrementado exponencialmente en los últimos dos años, la policía y sus grupos de élite no estén actuando para frenar el fenómeno, sino que contribuyan a su incremento.

El juicio inicia y la presencia de un abogado experimentado y de una juez que ha mostrado criterio, equilibran lo que hasta ahora se perciben como excesos del Ministerio Público y permiten esperar un resultado justo.

Sin embargo, en el terreno de la política, al Gobernador Miguel Márquez le debería preocupar que su policía y su procuraduría abandonen el espíritu del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que tanto esfuerzo político y económico ha necesitado, olvidándose de la presunción de inocencia y del respeto a las garantías individuales de los acusados y de las víctimas.

El caso de la justicia de Guanajuato contra Antonio Luna, tal y como está planteado hasta ahora, dejará muchas enseñanzas. Estemos atentos.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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