#ANUARIO2017 | Este año cerrará como uno de los más cruentos en feminicidios y desaparición de jóvenes y niñas, plantean en entrevista con SinEmbargo activistas de organizaciones nacionales, Puebla y Estado de México.
El problema va más allá de las cifras: se trata de una falta de interés de las autoridades mexicanas por utilizar el tipo penal de feminicidio y por desarticular bandas de tratantes y hacerle justicia a las víctimas, que en algunos casos llegan a sobrevivir del cautiverio, afirman.
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Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– La violencia feminicida y la desaparición, principalmente de niñas, se desató este 2017 y muestra una tendencia imparable. Sólo en los primeros seis meses de este año que está por terminar, 914 mujeres fueron asesinadas en 17 estados de la República Mexicana, mientras que en cinco entidades desaparecieron 3 mil 174, la mayoría niñas de entre 10 y 17 años, alertaron organizaciones nacionales, del Estado de México y Puebla en entrevista con SinEmbargo.
Del total de los homicidios de este año en esas 17 entidades –sin contar Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, estados con alta incidencia de asesinatos de mujeres–, 49 por ciento se investigó como feminicidio, pero de esa cantidad se desconoce si la autoridad vinculó a proceso con el tipo penal, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“La autoridad nos dice que está investigando como feminicidio, pero no nos dice si vinculó a proceso como feminicidio. Lo que está haciendo es que lo reclasifica como homicidio porque está haciendo mal las investigaciones el Ministerio Público, o el poder Judicial no entiende el tipo penal del feminicidio. Nunca se basa en los tipos penales. Justo tengo la reclasificación de Sandra [Camacho], quien fue asesinada en Tlatelolco. Si bien se ve que fue un acto violento, la autoridad dice que no se puede determinar que hay elementos de discriminación”, explicó.
Se trata del caso de la joven que fue asesinada y descuartizada el 28 de junio de 2013 en un departamento en Tlatelolco, en la Ciudad de México, por Javier Méndez Ovalle, ganador de la medalla de oro en las olimpiadas de física 2011.
“Toman el diccionario para definir el delito cuando tienen el tipo penal. Las procuradurías no están acreditando las razones de género por negligencia, por corruptas. El poder Judicial dice ‘sí la descuartizó, pero no se ve que haya una violencia por discriminación”, precisó.
Como el caso de Sandra hay otros.
A finales de noviembre el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) dio sus datos más recientes sobre asesinatos de mujeres.
El Instituto reveló que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida y, que de 2007 a 2016, el homicidio violento de mujeres se incrementó 152 por ciento, pues el año pasado cerró con 2, 735 homicidios en toda la República.
“La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar 8 mil 65 homicidios violentos, lo que representa 35 por ciento de la incidencia nacional”, reveló.
El Inegi también arrojó que las niñas de 15 a 17 años presentan altos niveles de violencia, pues 38.6 niñas de cada 100 han sufrido violencia sexual; 43.3, emocional y 28.1 por ciento, violencia física.
Pero el acceso a la justicia para las víctimas fue negado un año más, a pesar de que existen Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en varios de los estados en donde la incidencia de feminicidio y desaparición es mayor.
“Las familias no tienen abogadas y acaban quedando como homicidios. Tengo un caso de Uruapan, Michoacán: el tipo tenía órdenes de aprehensión porque mató a una joven en Sonora, y luego mató a una en Uruapan. Le dieron 14 años, ya lo sentenciaron y si se porta bien, le bajan la pena. Dijeron que no lo podían clasificar como feminicidio porque no se podía acreditar. La joven fue violada, masacrada, tirada; el hombre tenía órdenes de aprehensión porque había matado a otra y le dieron sólo 14 años”, lamentó María de la Luz Estrada.
En el caso de Victoria Pamela Salas, asesinada en un hotel de la Ciudad de México por su novio, no es investigado como feminicidio, alertó la activista.
“La autoridad investigó primero como homicidio culposo, si vieras lo que le hicieron al cuerpo de la joven entraría en feminicidio. Pero la autoridad prefiere decir que son homicidios porque no quiere reconocer que tiene un problema grave en sus políticas de igualdad y que a las mujeres las asesinan por su condición de ser mujeres. En la vía de los hechos no los están investigando como feminicidio”, explicó.
NIÑAS PARA LA TRATA, Y UNA JUSTICIA CIEGA
Hasta junio de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabilizó 3,174 desaparecidas en cinco estados: Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México; el 70 por ciento de ellas menores entre los 10 y 17 años.
“Cuando desaparecen menores de edad nos ponen en alerta roja. Por ejemplo en la Ciudad de México y Jalisco son menores de edad entre 10 y 17 años, la media es 15 años. Para nosotras es muy importante que nos digan a cuántas ya las encontraron, qué es lo que está pasando, porque en los hechos vemos que chiquititas les ofrecen ser modelos. Aquí es que siempre la receta es: ‘se van con los novios’. En las alertas esto se ha desactivado”, explicó.
La activista alertó el escaso acceso a la justicia de las menores que son secuestradas para trata y que en ocasiones sobreviven.
“Tenemos un caso que sobrevivió y las autoridades judiciales le dijeron que dejara el caso, porque sobrevivió y no le podían garantizar que no le pasara algo durante el proceso. La niña tuvo que desistir; ya se tenían capturados a dos sujetos. Ella decía que había otras 15 jovencitas donde ella estaba. Sobrevivió porque por la violencia que se ejerció la dejaron tan mal, que pensaron que no había gente que diera algo por ella, la dejaron libre”, dijo.
El patrón de las desapariciones de menores de edad en México es el secuestro en el transporte público, pero también la selección y estudio de la víctima durante un tiempo para conocer sus rutinas.
“Se utilizan mucho los antros a donde van las jovencitas, les echan algo en la bebida, las drogan; otra forma es a través de los amigos en la escuela que se acercan a ellas”, explicó.
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PUEBLA SIN ALERTA Y CON MÁS FEMINICIDIOS
En Puebla, una de las entidades que durante los últimos años ha visto repuntar los asesinatos de mujeres, no se consiguió la Alerta de Género que desde 2016 se solicitó, mientras que en septiembre rebasó el número de asesinatos del año pasado, dijo Mariel Guzmán Cortés, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Odesyr realiza un seguimiento hemerográfico en la entidad desde 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio. En 2013 se contabilizaron 50 feminicidios; en 2014,60; en 2015, 50; en 2016, 82; y para noviembre de este año la cifra iba en 95, indicó Mariel Guzmán.
“Esto nos habla del recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, a pesar de las iniciativas del Gobierno del estado; además desde el año pasado se solicitó la Alerta de Género y se decidió no emitirla”, explicó.
La activista poblana reveló que 2017 cierra con escasas sentencias en la materia. Desde que el Observatorio inició con el conteo son más 300 feminicidios, pero la cantidad de sentencias son escasas.
“Esto lanza un grave mensaje de impunidad. El mensaje es que en puebla puedes matar una mujer y no pasada nada. Que tengan identificados a los feminicidas, no quiere decir que los tengan en custodia, y si los tienen en custodia, no quiere decir que se vayan a juzgar como feminicidios. Se están cayendo los casos por peritajes faltos de perspectiva de género”, argumentó.
En cuanto a la desaparición de mujeres, los registros de la entidad no corresponden a las cifras a nivel nacional que cuantifica 260, dijo.
“Se habla que en un periodo corto, entre 2011 y 2017, en Puebla se desaparecieron 1, 965 mujeres, de las cuales han sido localizadas 1,198. Sin embargo, de las que siguen desaparecidas el 40 por ciento entran entre los 14 y 17 años”, explicó.
La activista detalló que en la entidad aún no se implementa el Protocolo ALBA, además de que la Fiscalía General del Estado tuvo un recortes económicos, humanos y técnicos durante la administración de Rafael Moreno Valle, dijo.
EDOMEX: FEMINICIDIOS CADA VEZ MÁS ATROCES
Xóchitl Arzola Vargas, de la organización Mujeres en Cadena del Estado de México, explicó que en la entidad las cifras de feminicidio van en aumento, a pesar de que hay una Alerta de Género desde 2015.
“No sólo en los municipios que ya tienen Alerta como Ecatepec, la violencia no respeta limites territoriales, tenemos otros municipios como Tecámac y Teotihuacán, en donde no había hace 27 meses cuando se decretó la Alerta y ya se dieron en uno seis y en otro cinco. Se está extendiendo”, dijo.
Arzola Vargas explicó que hasta noviembre de este año se contabilizaron 134 feminicidios. Ecatepec se colocó a la cabeza con 27.
En cuanto a las mujeres y niñas desaparecidas, recordó que en los últimos 10 años hay más de 2 mil 367 desaparecidas en un rango de edad de entre 15 y 30 años.
“No hay cifras claras, porque cuando se pierde una niña no se vincula, cuando desaparece una mujer, aunque hay un protocolo, tampoco se activa de manera oportuna”, explicó.
Además en el Estado de México 2017 se caracterizó por los feminicidios cada vez más atroces, como ocurrió en e caso de Jessica Sevilla Pedraza, la joven médico asesinada brutalmente y desollada en Huixquilucan, Estado de México.
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Juana Pedraza Benítez, mamá de Jessica, reveló que cuando fue a denunciar la desaparición de su hija ante el Ministerio Público le dijeron: “Espere en su casa las 48 horas, si su hija no aparece iniciamos con la búsqueda”.
En noviembre Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó en entrevista a SinEmbargo las causas del aparente fracaso de una medida que significa, por sí sola, un avance en la lucha contra la violencia feminicida.
La litigante sostuvo que el problema de la falta de justicia en los casos de feminicidio es la discriminación que las autoridades ejercen sobre las víctimas además de la corrupción que permea al gobierno, sin que los funcionarios omisos o corruptos tengan consecuencias, más allá de las administrativas.
“No es un servidor público, no es un perito el que tomó mal las medidas y concluyó algo distinto a los hallazgos, sino que en todos los casos nos estamos enfrentando a esas irregularidades. Ya no es una omisión, algo accidental. Hablamos de patrones y prácticas estructurales que están impactando en el acceso a la justicia a las mujeres, pero son actos de corrupción en todas las esferas”, sostuvo.
