López Obrador se pronunció contra la decisión de ministros de la SCJN que elimina la prisión sin sentencia para personas denunciadas por los delitos de defraudación fiscal y los denominados “factureros”.
Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión tomada ayer por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes declararon inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para personas investigadas por delitos fiscales.
El mandatario calificó de “lamentable” la resolución aprobada por mayoría calificada, porque consideró que con ello “se protege” a las y los imputados.
“Es muy lamentable, es una vergüenza eso con todo respeto, imagínense los ministros, protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso”, dijo esta mañana en conferencia desde Palacio Nacional.
Ayer, seis de 11 ministros votaron en contra de la nueva propuesta del Ministro Luis María Aguilar Morales, la cual requería ocho votos para que fuera aprobada, por lo que se mantendrá sin cambios la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, excepto para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los denominados “factureros”.
El proyecto proponía interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia ante la medida de prisión preventiva oficiosa.
“Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero, o los que se dedican a hacer negocios ilícitos sólo porque tienen buenos despachos de fiscalistas, ¿y el pueblo? ¿Qué significa eso?, que de alguna manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda públicas y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo”, opinó esta mañana López Obrador.
El Jefe del Ejecutivo consideró que la SCJN estuvo sometida a “muchas presiones” y calificó a quienes votaron en contra de la prisión preventiva por delitos fiscales como “empleados de los machuchones; lamentable, de pena ajena”
“(Los ministros tuvieron) una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de Estado de derecho”, agregó en su conferencia matutina.
¿QUÉ PROPONÍA EL PROYECTO?
El proyecto proponía interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para anteponer el principio de pro persona y de presunción de inocencia ante la medida de prisión preventiva oficiosa.
El Ministro Aguilar Morales planteaba que esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que se analice caso por caso.
En un segundo intento para poder eliminar la prisión preventiva oficiosa, el Ministro Aguilar Morales planteó hacer una “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia.
“De esta manera, se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática“, explicó Aguilar Morales en su nuevo proyecto. “El carácter oficioso de la medida cautelar únicamente significa que se trata de una modalidad en la que el Juez penal debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público hubiera solicitado la medida cautelar”, completó.
Actualmente existe una población total de 226 mil 916 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. De ese universo de personas, 134 mil 321 equivalentes al 59.2 por ciento, se encuentran cumpliendo una sentencia de condena. Sin embargo, 92 mil 595 equivalentes al 40.8 por ciento se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva, sin tener una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso contradictorio con las garantías del imputado, de acuerdo con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de junio de 2022” emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
