Zacatecas es la décima entidad más violenta en números totales y la que tiene la mayor tasa de homicidios con 109 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Por esta razón, hace exactamente un año se implementó el Plan Zacatecas II, que apenas ha contenido la violencia en un estado en donde asesinatos como el del General José Silvestre Urzua Padilla han sido constantes.
Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– El asesinato del coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Zacatecas, el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla, perpetrado en el marco de un operativo en el que fueran detenidos tres elementos de la Policía Municipal de Pinos, ocurre a un año de la implementación del Plan Zacatecas II, desplegado por el Gobierno del federal para contener la violencia desatada en esta entidad gobernada por David Monreal Ávila.
El Fiscal zacatecano Francisco Murillo Ruiseco precisó la noche del jueves que los hechos en los que perdió la vida el mando de la GN se dieron en tres diferentes tiempos. Dijo que todo inició durante las primeras horas del jueves cuando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía de Investigación del estado acudieron a revisar las armas de la Policía Preventiva del municipio de Pinos y a detener a tres elementos policiales por el delito de secuestro agravado, quienes ya están internados en el Cereso de Cieneguillas.
A la par, explicó Murillo Ruiseco, se llevaron a cabo de manera simultánea tres cateos: uno en la Dirección de Seguridad Pública de Pinos, otro en el mismo municipio y otro en la capital de Zacatecas. Al mismo tiempo, indicó, se realizó un operativo de búsqueda de personas secuestradas en coordinación con la Comisión local de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidos, el Ejército y la Guardia Nacional, en el cual, pasada la 1 de la tarde, fueron atacados en dos ocasiones estas corporaciones de seguridad, en una primera agresión fue abatido un atacante, en otra, fue cuando resultó herido el mando de la Guardia Nacional, quien perdió la vida posteriormente.
La mañana de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla encabezó el operativo “por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y del involucramiento, también, de policías locales, de asociación delictuosa de delincuencia y policías municipales”.
“Hubo una agresión. Él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, llegó al hospital y falleció. Lamentamos mucho este hecho. Le mandamos un abrazo, solidario, fraterno, a su esposa y sus tres hijos”, expresó el Presidente durante su conferencia mañanera.
El Presidente explicó que por decisión del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y del Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, los mandos superiores son quienes lideran todos los operativos. “En todos los operativos (ellos han decidido que) sean los mandos superiores, los que vayan con los elementos que van a llevar a cabo, ya sea un rescate de alguien que está secuestrado, un cateo, una detención de delincuentes, nos mandan a la tropa, no mandan elementos de la guardia, van también los oficiales”.
Hace exactamente un año el Gobierno federal implementó un plan de emergencia en Zacatecas, el cual no ha logrado frenar la violencia que azota al estado, uno de los más violentos del país. Las cifras oficiales muestran que los homicidios dolosos se han mantenido, mientras que los casos de secuestros registrados han disminuido alrededor de un 50 por ciento.
En los primeros 10 meses de este 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó mil 90 homicidios dolosos, apenas por debajo de los mil 365 reportados en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a los secuestros, este año se tienen registrados nueve, cuando en el mismo periodo de 2021, se tenían 19 casos.
Lo cierto es que Zacatecas es la décima entidad más violenta en números totales, según cifras del SESNSP, y la que tiene la mayor tasa de homicidios con 109 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta tasa es por mucho la mayor del país, si se toma en cuenta que la segunda mayor es la de Baja California con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Especialistas coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa, del Noreste y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país.
Apenas la semana pasada, Zacatecas protagonizó una mañana de horror luego de que el tesorero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado fuera asesinado en el municipio de Guadalupe y, en Jerez, la población fuera testigo de una balacera que causó pánico y llevó al cierre de negocios y resguardo de sus habitantes.
Este entorno ha resultado en que para septiembre de 2022, dos de las seis ciudades más inseguras estuvieran en este estado. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en Fresnillo y Zacatecas el 94.7 y 90.7 por ciento, respectivamente, de los adultos consideran que vivir ahí es inseguro.
La situación y —al parecer— la falta de resultados del Plan Zacatecas II llevaron al Gobernador David Monreal a anunciar un acuerdo de cooperación para combatir al crimen organizado en el estado con la participación de diferentes agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue cancelado horas después.
La estrategia dada a conocer por el Gobernador Monreal a principios de octubre fue reprobada en su momento por el Presidente López Obrador. “La política exterior corresponde al Ejecutivo federal, al titular del Ejecutivo”, le recordó el mandatario al Gobernador, quien desistió de este acuerdo.
En ese sentido, crímenes como los del General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla han exhibido los niveles de violencia que persisten en Zacatecas, así como la colusión de las autoridades con el crimen organizado, un problema persistente en la lucha contra la inseguridad.
