Dos defensoras de derechos humanos y una periodista que fueron criminalizadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de la masacre de San Fernando recibieron el apoyo de la ONU, quien indicó que los hechos las afectaron directamente, así como a sus familiares y a víctimas de violaciones con quienes han trabajado.
Ciudad de México, 25 de noviembre (EFE).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó este jueves a dos defensoras de derechos humanos y a una periodista, frente a actos de investigación en su contra por delincuencia organizada y secuestro, dados a conocer esta semana.
En un comunicado, ONU-DH indicó, que de acuerdo con la información recibida, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), “ordenó realizar actos de investigación” sobre las defensoras Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati “que implicaron la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización”.
Para ello hicieron “uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México”, estos hechos se habrían extendido al menos entre febrero de 2015 y abril de 2016.
La ONU-DH señaló que los hechos denunciados “afectan directamente a las personas objeto de estos actos, pero también a sus familias, colaboradores e incluso a las víctimas de derechos humanos con las que han trabajado y a las fuentes periodísticas”.
Ante ello, expresó “su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado” que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista.
Pidió a las instituciones del Estado mexicano, tanto federales como estatales, “a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma”.
El miércoles, varias ONG mexicanas expusieron que la extinta PGR ordenó investigar a las defensoras y a la periodista que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por el grupo criminal los Zetas en 2011.
Expusieron que la PGR, actual FGR, “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.
Entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)” sino “para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista”, denunciaron.
En concreto, persiguieron a familiares que denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia; a Turati, periodista que investigó los hechos, y a Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Alegando una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó sin autorización judicial a las compañías telefónicas “acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”.
