Los coches bomba que estallaron ayer frente a las instalaciones de la policía de Acámbaro y Jerécuaro, dos municipios de Guanajuato separados apenas 33 kilómetros el uno del otro y muy cerca de los límites con Michoacán, significan un escalón más en las formas de la violencia en México. No se reportan muertos, solo policías heridos, uno de ellos grave, y daños en comercios, casas y autos particulares. No es la letalidad sino la forma lo que impacta, pues se trata de atentados terroristas cuyo objetivo no es una persona en específico sino generar un daño general para provocar pánico entre la población.

El socorrido discurso “se matan entre ellos” que en todas sus variantes han repetido hasta el cansancio nuestras autoridades durante décadas (el último fue el general Jesús Leana Ojeda encargado de la zona militar de Sinaloa) ha sido la forma compartida en que los políticos de diferentes niveles y partidos rehúyen su responsabilidad en materia de seguridad pública.

Los coches bomba fueron uno de los recursos del narcoterrorismo desplegado por Pablo Escobar en Colombia. En México no han sido muy comunes. Quizá el caso más recordado es el de la bomba que quisieron meter en forma de regalo a una fiesta de 15 años en el hotel Camino Real de Guadalajara en 1994. La bomba, que estalló al sacarla de la cajuela del auto, mató a siete personas, entre ellas los dos perpetradores del atentado y dejó diez heridos. Se dieron también algunos casos en el norte del país -Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Nuevo León- en los años de la llamada Guerra al Narco. Sin embargo, hacía tiempo que no veíamos un atentado terrorista así.

En los últimos diez años Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en el país, una violencia que no está vinculada al tráfico de drogas sino al de combustible robado, ese delito que López Obrador presumió haber terminado con él y que, sin embargo, hoy está en su cénit. Con la misma profunda irresponsabilidad, autoridades estatales (panistas) y federales (morenistas) se han culpado mutuamente de incompetencia. Todavía hace unos días la presidenta insinuó que la violencia en Guanajuato se debía a que lo gobernaba un partido distinto al suyo.

Hoy es Guanajuato, ayer Sinaloa, anteayer Tabasco, unos días antes Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y un largo etcétera. Cada caso es explicado en sí mismo como si fuera una novedad. En todos hay una narrativa de bandas del crimen organizado que se enfrentan entre ellas y gobiernos que nada tienen que ver. Es el mismo discurso, la misma cantaleta, solo cambia el nombre de los grupos. En un lugar son los Viagras, en otros los de Santa Rosa, la Mayiza o el Cartel Jalisco Nueva Generación. Lo que no cambia, la única constante, es un Estado inoperante, con gobernadores que no asumen su responsabilidad y un gobierno federal que dice atacar las causas y nos deja a los ciudadanos todas las consecuencias.

Diego Petersen Farah

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