La próxima selección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una oportunidad para revisar a la institución en retrospectiva. Dicho análisis se vuelve aún más necesario ante la posibilidad de reelección de la actual titular Rosario Piedra Ibarra.

La situación de la institución, creada desde 1990, siempre ha sido controversial. Definitivamente no podemos caer en el juego de que “todo tiempo pasado era mejor”, a la luz de gestiones desastrosas como la José Luis Soberanes o Raúl Plascencia Villanueva. Pero tampoco podemos caer en el simplismo, parte del espíritu de estos tiempos, que apunta a que cualquier cambio o transformación institucional es virtuoso per se.

De hecho, como en otros rubros de la vida pública, la “transformación” ha resultado en un empeoramiento en las de por sí lamentables dinámicas institucionales que prevalecían en variadas parcelas de la función pública. La CNDH que dice -ahora sí- defender al pueblo, en realidad se ha convertido en un burdo apéndice del Poder Ejecutivo.

Hace dos semanas el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) publicó un balance ineludible sobre la actual gestión de la CNDH titulado “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”. En dicho reporte analiza a la institución desde cuatro ejes:  la emisión de recomendaciones en casos de violaciones de los derechos humanos; el ejercicio de su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad frente a leyes e iniciativas que vulneran los derechos humanos; la comunicación social como mecanismo de difusión de una cultura de derechos; y su gobernanza interna para la adecuada gestión y toma de decisiones.

Nuestra invitación es remitirse al documento que está repleto de datos y evidencia sobre una gestión deficiente de la institución ombudperson. En unas líneas nos permitimos destacar algunos aspectos.

El balance en cuestión nos permite ver como las recomendaciones sobre fuerzas armadas y la Guardia Nacional militar- en la línea del co-gobierno militar promovido desde el obradorismo-  son mínimas.  De las pocas que han sido emitidas, la gran mayoría corresponden a las administraciones anteriores al 1 de diciembre de 2018.

La interposición de acciones de incostitucionalidad es deficitaria, una facultad bastante poderosa para someter a revisión judicial leyes que pudieran contravenir derechos humanos. Lo han hecho desde 2019 predominantemente contra leyes locales, pero no contra reformas federales abiertamente inconstitucionales.

Dos ejemplos son emblemáticos de una CNDH alineada al oficialismo en este rubro. No lo hicieron con  el traspaso de la Guradia Nacional a SEDENA (2022), a pesar de que que hasta antes de septiembre de este año la Constitución ordenaba un mando civil. Tampoco lo hizo cuando el ex presidente decretó que las obras de infraestructura se considerarían de seguridad nacional, y por lo tanto, la información pública relativa a ellas era reservada.

En casos de criminalización y espionaje contra personas periodistas y defensoras, también se pinta de cuerpo entero una institución alejada de los más altos estándares de derechos humanos. Ante la queja del probado uso de Pegasus contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, decidió sin una investigación exhaustiva, “exonerar” a SEDENA pese a la existencia de ingente evidencia en su contra. En el caso de la persecución penal contra las defensoras Ana Lorena Delgadillo, Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati, ratificó  la justificación de la FGR para mantener abierta una carpeta de investigación por su labor de defensa e informativa. En esta lógica hay que sumar que la única recomendación emitida en el rubro de periodismo, corresponde a la ex directora de Notimex Sanjuana Martínez, en su carácter de funcionaria pública.

Grave resultó que alrededor de 2500 recomendaciones fueron bajadas  de su página de internet para  después ser subidas nuevamente con  hechos relevantes y nombres de funcionarios responsables testados. En ellos se incluyeron recomendaciones sobre violaciones graves a derechos humanos.

La discursividad de la CNDH ha sido virulenta contra periodistas, medios, organizaciones sociales y, en general, contra cualquier voz crítica. También ha sido hostil contra organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Qué decir de la  manera de confrontar y disuadir cualquier crítica de su Consejo Consultivo, en una muestra de franca intolerancia, pero también de la negativa a ser sometida a la rendición de cuentas.

Bajo estas circunstancias, se llevó a cabo el martes pasado una consulta en el Senado a organizaciones civiles de derechos humanos sobre la próxima designación. El ejercicio fue por sí mismo valioso porque hace tiempo que el Parlamento permanecía vedado a la participación de las ONG. En ese contexto  el diagnóstico fue contundente: la continuidad representaría una mala noticia para defensa de los derechos humanos en México. Claro, siempre y cuando lo que prime es la razonabilidad y prudencia del gobierno actual y realmente se busque proteger los derechos de las personas y dotar de un minimo de legitimidad a la institución. Porque si lo que se quiere es un CNDH postrada, el camino es la relección de Rosario Piedra.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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