Las imágenes son terroríficas. Los cuerpos de cinco elementos de la policía municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, entre ellos una mujer, yacen boca abajo. Tres de ellos esposados con las manos sobre la espalda. Evidencia la escena del crimen que fueron retenidos vivos, y posteriormente fusilados.

En un paraje de humildes viviendas en la costa grande de Guerrero, en una esquina que conforman una maltrecha pared de ladrillos y una cerca de alambre, los cuerpos de otros tres oficiales, con sus uniformes, sus chalecos antibalas y sus armas de cargo, están sostenidos unos con otros. Las balas que acabaron con sus vidas, según lo recolectado por peritos, son de armas largas, AK-45 y R-15.

Bajo la sombra de un árbol, otro cuerpo acribillado. Y cerca de las unidades de la Policía Municipal que ocuparon los agentes, otros dos cuerpos.

A la masacre de once policías municipales de Coyuca de Benítez, en la comunidad conocida como El Papayo, se suma la de sus mandos: Alfredo Alonso López, quien era el secretario de seguridad pública del municipio, y Honorio Salinas Garay, director de la policía preventiva.

Hasta el momento, aun con información velada, la investigación refiere que el sangriento suceso fue detonado por un comando criminal que acribilló a los mandos, a cinco agentes y se llevó a los seis elementos cuyas vidas arrebatarían fusilándolos.

La gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, se dirigió públicamente sobre la masacre hasta un día después de los hechos cuando “exigió” a la fiscalía general del Estado el esclarecimiento de los hechos, y a su secretario de seguridad trasladarse al municipio de Coyuca de Benítez para colaborar con la investigación.

Extraoficialmente informaron el retiro de algunas corporaciones estatales de la zona en por lo menos tres municipios, ubicados en la conocida como Tierra Caliente. Es evidente que el terror sembrado, por los criminales con la masacre de los trece agentes, causa efectos de retirada en la autoridad local.

Al día siguiente también, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya había visto el tema “por la mañana” y que la Guardia Nacional ya lo estaba atendiendo. “Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías”, reflexionó el mandatario nacional al tiempo que envió condolencias y “un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías”.

Pero el “abrazo sincero, cariñoso” no basta. Tampoco es suficiente en envío de 300 elementos de la Guardia Nacional que, al día siguiente de la masacre, se trasladaron hasta Tierra Caliente para patrullar la región, no necesariamente para investigar los hechos, combatir a los criminales, apresar a los asesinos y llevarlos frente a la justicia.

El crimen de los trece quedará en la impunidad. No es avezado asegurarlo. En este país se asesinan policías todos los días y los casos permanecen abiertos. Hace poco más de un año, también en octubre pero de 2022, a poco menos de 300 kilómetros de distancia en el mismo estado de Guerrero, en la población de San Miguel Totolapan, 22 personas fueron acribilladas, entre ellas el presidente municipal, Conrado Mendoza, su padre y varios de los miembros de su gabinete. No ha habido justicia. Ningún asesino ha sido detenido, puesto tras las rejas. El crimen que llenó de tumbas y flores el cementerio local sigue impune.

Sobre la matanza de San Miguel Totolapan, argumentaron que el origen estaba en el cártel de la familia Michoacana, y en relación a la masacre de Coyuca de Benítez, refieren que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, en conflicto con otras tres organizaciones criminales locales, en una guerra impune por el control de la zona.

Pero ni la gobernadora Salgado, ni el presidente López Obrador, o la FGR, y en la Guardia Nacional, señalan a sospechosos criminales para combatirlos, ejercer el estado de derecho, y hacer justicia. Ninguna autoridad hace responsable de la ola de sangre en Guerrero a cártel alguno, es parte de la impunidad que los delincuentes mantienen: el anonimato que les da la falta de investigación sobre los hechos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en cualquiera que sea su facultad o capacidad.

De acuerdo a la organización Causa en Común, al 19 de octubre de 2023 en el país habían asesinado a 341 agentes de distintas corporaciones policíacas civiles, sean municipales, estatales o federales, sumados los 13 de Coyuca de Benítez, la cifra ascendería, al 23 de octubre a 354. Transcurridos 296 días del año, esto significa que, en el país, matan a más de un policía por día.

En total, del 1 de diciembre de 2018 cuando el presidente López Obrador tomó posesión, y hasta el 24 de octubre, en el país han sido asesinados 2 mil 172 policías. Sea como en el caso de Guerrero porque fueron emboscados por un comando criminal, cuando son atacados por favorecer a alguna célula del narcotráfico, o por cumplir con su trabajo de combatir la criminalidad.

Lamentablemente, en el país impune en el que se ha convertido México, los asesinos de policías, como los de ciudadanos, de políticos, de candidatos, o de periodistas, mayormente no terminan en prisión. Son protegidos por complicidad, por incapacidad para investigar, por amenazas, pero en raras ocasiones son capturados.

La vida de un policía mexicano cada vez vale menos.

Los agentes no tienen una sólida capacitación, enfrentan la delincuencia sin equipo, perciben sueldos precarios y están expuestos al crimen que el gobierno federal abraza, como ordena el presidente López Obrador.

En medio de una guerra entre cárteles, en diversas regiones del país, que luchan entre sí por territorios, rutas de trasiego de drogas y control de distribución y narcomenudeo, entre la comisión de otros delitos, los policías, como los ciudadanos, los agentes del orden están vulnerados y rebasados por el crimen.

Con políticos, gobernantes y mandatarios sumidos en campañas electorales, en viajes al centro del país para acompañar a su presidente, la estrategia para combatir a los cárteles y sus células, queda relegada a nada. A lo mucho a exigir, como es el caso de la gobernadora Salgado en Guerrero, que se solucione una masacre sucedida en su estado a autoridades locales.

Los cárteles, con sus células a lo largo y ancho del país, con impunidad, armas y terror, hacen lo que no los gobiernos a quienes asiste la Ley y el orden: tomar los territorios. México es un país dominado por el narcotráfico, y en ello, va la vida de los policías… y la de miles ciudadanos en hechos ya cotidianos que el presidente desdeña una y otra vez.

Adela Navarro Bello

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