Colt, Smith, Wesson, Barret… son algo más que apellidos comunes en el vecino país de la frontera norte, son marcas de armas cuyo uso por el crimen organizado provoca que miles de vidas se pierdan año con año.

De acuerdo con Amnistía Internacional son más de 500 las personas que, en promedio, mueren cada día en el mundo a causa de la violencia con armas de fuego. Esta institución ha luchado por una estricta regulación de las armas y, junto con iniciativas estratégicas para reducir la violencia, es uno de múltiples ejemplos de lo que organizaciones civiles y gobiernos hacen para controlar a quienes promueven la violencia armada.

Recientemente, un tribunal de Massachusetts rechazó la demanda del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra 11 armerías estadounidenses de las que provienen miles de armas de fuego utilizadas por los grupos delictivos en nuestro país.

Esta demanda civil se presentó en agosto de 2021 con la intención de detener las prácticas comerciales que facilitan el tráfico ilegal de armas, el cual genera, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de 170 millones a 320 millones de dólares por año, pero el fallo en contra de esta solicitud empujó al Gobierno mexicano a presentar una segunda demanda que ahora espera se resuelva en Arizona.

Ante la semana del desarme, que por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas se conmemora del 24 al 30 de octubre, es importante conocer ese tipo de avances para eliminar las armas de la sociedad. Según la ONU, por cada arma que se destruye se crean 10 más, y esto no solo depende de quienes lucran en la industria armamenticia sino de quienes creen que estas herramientas son necesarias para garantizar su supervivencia, hacerse respetar o conseguir un fin mal intencionado.

Por eso son tan relevantes las iniciativas para combatir el tráfico de armas, las cuales, desde lo civil, se complementan con campañas como Sí al Desarme, Sí a la Paz, que impulsa en la Ciudad de México la Jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum, autoridades federales, la Iglesia Católica y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx, y que promueve el canje y destrucción de armas como una estrategia para reducir la violencia.

El objetivo de trabajar desde distintos frentes de manera articulada es alcanzar una meta en común: cumplir con la Agenda para el Desarrollo Sostenible que estipula una coalición mundial para frenar, erradicar y combatir el comercio ilícito de armas para 2030.

El hogar y las escuelas son entornos de los que debe partir la conciencia sobre el peligro del uso de armas de fuego, el rechazo a su adquisición y la utilidad de reportar y entregar cualquiera que se posea en casa.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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