El debate sobre la mariguana se reactivó en el Congreso mexicano este mes, cuando el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de ley para fundar una empresa estatal llamada Cannsalud, que ejercería el monopolio del comercio, además de un impuesto especial del 12 por ciento que se destinará a programas sociales.
México, 24 oct (EFE).- Agrupaciones ciudadanas protestaron este jueves frente al Senado mexicano para exigir que la legalización de la mariguana, que se discute en el Congreso, proteja a los usuarios y productores de la yerba.
Durante un plantón en el que fumaron y promovieron medicamentos derivados del cannabis, los manifestantes denunciaron que la iniciativa debatida por la Comisión de Justicia no respeta los acuerdos a los que las asociaciones civiles habían llegado con los senadores.
Jaziel Espinosa, representante del Movimiento Cannábico Mexicano, señaló que están en contra de que existan límites en la cantidad de plantas de cannabis que puedan sembrarse, porque afectaría a los pequeños productores y daría ventajas a compañías internacionales.
“Estamos aquí para exigirle al Senado que escuche a la sociedad civil. Que escuche al campo mexicano. Que ponga reglas claras y beneficiosas para los nacionales para que puedan competir en una industria internacional porque hay muchas empresas extranjeras que ya están con las miras para explotar el mercado nacional”, expresó.
El debate sobre la mariguana se reactivó en el Congreso mexicano este mes, cuando el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de ley para fundar una empresa estatal llamada Cannsalud, que ejercería el monopolio del comercio, además de un impuesto especial del 12 por ciento que se destinará a programas sociales.
Esta propuesta se suma, entre otras, a la de Olga Sánchez Cordero, actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a la jurisprudencia que estableció hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que considera inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.
La Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicann) prevé que la regularización de la mariguana se aprobará en breve y calcula que, en enero de 2021, se activaría un mercado potencial de 5 mil millones de dólares anuales.
Pepe Rivera, del Instituto Mexicano del Cannabis, advirtió que la legislación que alistan los senadores no respeta lo establecido por la SCJN, pues han detectado hasta 16 formas distintas de violaciones a los derechos humanos.
“Con la criminalización definitivamente no (acaba) y con la discriminación tampoco. Lo que hace (la iniciativa) es que no resuelve lo que pide la Suprema Corte de Justicia. La Corte lo que está pidiendo es que se regule el uso personal responsable entre adultos. Es una simulación lo que están haciendo (los senadores)”, argumentó.
Rivera rechazó la propuesta de un padrón nacional de consumidores que estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) porque fomentaría la estigmatización de los usuarios, por lo que pide que la Secretaría de Bienestar se encargue del tema para priorizar una perspectiva de desarrollo social.
“El documento que entregaron (los senadores) es un documento que parte del miedo, del prejuicio y de estigmas. Lo que estamos pidiendo es que consideren los beneficios que puede traer la planta”, afirmó.
El activista recordó que la Suprema Corte estableció como límite este 31 de octubre para que el Congreso haga las reformas necesarias por lo que señaló que el Senado podría caer en desacato y que ya preparan recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Leopoldo Rivera, de la Asociación Mexicana del Estudio del Cannabis, criticó que la propuesta no contemple la libre portación de semillas, ni el cannabis medicinal para menores de edad, además de omitir la regulación de productos comestibles derivados de la mariguana.
Con esto, argumentó, los senadores estarían violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad que estableció la SCJN.
“Estos derechos son el poder acceder a toda la planta, el derecho a poseer la planta. Lo que estamos demandando es que el delito de posesión simple desaparezca del código penal. También estamos demandando que el cultivo pueda ser de manera asociada”, manifestó.
