Según un dictamen aprobado por el Congreso de Nuevo León, el personal médico y de enfermería del sistema de salud de ese estado podrá apelar a la objeción de consciencia para excusarse de participar en la presentación de servicios.

Si las diputadas y diputados que votaron a favor de esta iniciativa se salen con la suya, cualquier individuo que pertenezca a el sistema de salud neoleonés podría en principio rehusarse aprestar servicios a cualquier grupo o individuo contra el que objete su consciencia, incluidos grupos oprimidos, como indígenas, migrantes o integrantes de la LGBTTTI+. Por ende, esta decisión es evidentemente anticonstitucional y ha generado los amparos y reclamos que corresponden.

La irrupción de la discusión sobre la “objeción de consciencia” en México apenas ha iniciado. Estamos ante un mecanismo que se anuncia como un caballo de batalla para grupos ultraconservadores y que tuvo en Nuevo León uno de sus primeros ensayos. Por ende, además de subrayar su evidente tinte discriminador y las causas que tendrían que conducir al naufragio de una estrategia de este corte, también es importante señalar las profundas inconsistencias.

Para ver por qué, empecemos reconociendo que es fácil ver que en el concepto “objeción de consciencia” por “objeción” debemos entender la oposición a algo. Mucho más complicado y fundamental resulta tener una idea clara de a qué se refiere la “consciencia” a la que puede invocarse para justificar una objeción. Y es que el término “consciencia” es un concepto opaco que puede ser utilizado en más de un sentido. Por ejemplo, para algunos, “conciencia” se refiere a autoconciencia, para otros, a las experiencias fenomenológicas; otros más piensan que es un sinónimo de “mente”, y algunas personas lo relacionan con una capacidad de reflexión moral.

Casi todos los sentidos de “consciencia” tienen en común la idea de una mirada de la mente de una persona hacia sus “adentros”. De esta naturaleza se deriva un problema fundamental para la ‘objeción de consciencia’ cuando ésta es planteada, como lo hacen algunos grupos ultraconservadores, sin calificaciones o restricciones. Para ver por qué, consideremos dos casos:

(Caso 1): Supongamos que una persona llega lesionada a un hospital. Imaginemos que esta persona, Laura, está acompañada de su esposa, Adriana. Al notar esta situación, Ivette, la médica en turno, reflexiona y enseguida concluye que de acuerdo con el grupo ultraconservador con que se identifica, Laura y Diana son personas aberrantes; que su relación es antinatural, y que al ayudarlas estaría contribuyendo a que esta relación se sostenga. En consecuencia, Ivette se niega a atender a Laura. En este caso, Ivette ha recurrido a la “objeción de consciencia” apelando a creencias compartidas con ciertos grupos radicales que se identifican como cristianos.

(Caso 2): Siguiendo los mismos pasos, uno puede apelar a creencias individuales como base para ejercer la objeción de conciencia. Por ejemplo, imaginemos a un médico, Víctor, que ha llegado a la convencida conclusión de que las personas pelirrojas son nefastas -quizás Víctor tuvo alguna mala experiencia en el pasado o eso le enseñaron en casa-. Lo importante aquí es que el argumento de Víctor para rehusarse con base a esta creencia a dar primeros auxilios a una persona pelirroja tiene el mismo valor que el de Ivette.

Note que si bien (Caso 2) es absurdo, nada lo distingue sustancialmente de (Caso 1). Esto ocurre porque la “objeción de consciencia” parte de la base de una persona puede encontrar alguno de sus estados mentales -como sus creencias- alguna justificación para oponerse a desempeñar una tarea. Los contenidos mentales de terceros son inescrutables, y para efectos de justificar una objeción uno puede apelar a cualquier estado mental real o autoatribuido.

Los defensores de la objeción de consciencia indeterminada podrían responder que el problema se soluciona introduciendo una determinación bruta -es decir, no explicable- o discrecional: que la objeción de consciencia sólo aplica en casos donde exista fundamentos religiosos.

Esta concepción de “objeción de conciencia” ligada a lo religioso es mucho más parecida a la que les gustaría ver implementada a grupos ultraconservadores. En Estados Unidos, el número de personas que ha apelado a estas causas se ha multiplicado en años recientes. Esto no es casualidad. Parte de este fenómeno se relaciona con una estrategia bien planificada y ejecutada. La idea es revertir las derrotas legales que han reconocido derechos a mujeres, personas LGBTTTI o minorías étnicas.

Aún si ponemos entre paréntesis lo arbitrario o irracional de esta concepción de “objeción ce consciencia”, a esta concepción se podría replicar que en un Estado laico es una aberración apelar a motivos religiosos para privar a personas de derechos constitucionales. Las personas homosexuales tienen el derecho fundamental a no ser discriminadas y a no recibir objeciones discriminatorias.

Esto no es todo. Si realmente se suscribe la idea de que las creencias religiosas pueden fundamentar la “objeción de consciencia”, entonces todas las ideas religiosas deben ser tratadas en igualdad de circunstancias; no existe un criterio objetivo para privilegiar a una sobre otra. Esto significa que si Víctor decide fundar una religión unipersonal que condene a las personas pelirrojas, entonces el derecho de Víctor de apelar a su “consciencia’” para no atenderlas es el mismo que e de Ivette. A los grupos antiderechos como el FNF se les puede plantear un dilema: o aceptan casos como el de Víctor o bien están obligados a salir del clóset para admitir que bajo la etiqueta “objeción de consciencia” se esconde un tipo particular de reflexión religiosa.

Ante lo anterior, los grupos antiderechos podrían responder determinando un poco más su postura. Esto es posible si se argumenta que su idea de “objeción de consciencia”, y la del Congreso de Nuevo León, incluye una cláusula que bloquea la posibilidad de que Ivette o Víctor dejen de atender a pacientes en estado crítico; es decir que sólo pueden apelar a su “consciencia” negar servicios en situaciones menos extremas. Pero a ello se podría responder que, aún si damos por buena su postura, ello no hace la ley o el sentido de su “objeción” menos inconstitucionales o discriminatorios. Si están en contra de la discriminación, ¿por qué defender una ley que la vuelve tolerable?

Finalmente, alguien podría argumentar que la “objeción de consciencia” existe desde mucho antes de que el Congreso de Nuevo León diera por buena la iniciativa que aprobó la semana pasada. Esto, desde luego, es cierto. Es importante reconocer que la “objeción de conciencia” puede ser un mecanismo importante en casos específicos.

Por ejemplo, si un enfermero es instruido por una médica a dejar morir a un paciente sano, este enfermero debe poder rehusarse apelando a sus convicciones -aunque evidentemente en este caso también tendría que denunciar lo ocurrido-. Además, casos como la decisión de practicar un aborto o una eutanasia en ciertas condiciones no claras pueden ser objeto de gran controversia. Pero aún su se defienden estos estos criterios, de ello no se sigue que sean aceptables o necesarias leyes como la aprobada en Nuevo León o la que el PAN cocina en el Congreso de Yucatán.

Extender la “objeción de consciencia” más allá de casos muy puntuales implica desvirtuar este concepto con mirar a utilizarlo para legitimar la discriminación y la opresión. Si se pretende conscientemente y con conocimiento de causa que se busca defender otra cosa, entonces se está mintiendo y buscando engañar intencionalmente a personas bien intencionadas. Si se empuja la libertad de consciencia sin reflexionar gran cosa sobre de dónde surge este esfuerzo, entonces una buena dosis de autorreflexión es necesaria. Cualquiera que sea el caso, a la lucha actual por la “objeción de consciencia” se puede objetar que esta ha surgido desde la oscuridad de la inconsciencia.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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