La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó, en su Recomendación 14/2019, tres casos de internos que murieron a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la tortura a la que fueron sometidos dentro de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
La tortura se ha convertido en una práctica sistemática en las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y centro de internamiento y reinserción de la Ciudad de México, reportó el organismo al emitir nueve recomendaciones contra diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México por actos de tortura contra 176 personas, entre ellas, menores de edad, cinco activistas e imputados con discapacidad psicosocial.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La madrugada del 16 de diciembre de 2015, Carlos Torres Coba fue llevado al área de castigo del Reclusorio Oriente junto con otros internos. Los guardias del tercer turno aludieron una supuesta “demanda” ante derechos humanos cuando lo mandaron llamar. Los convictos serían severamente reprendidos. “Ellos ya sabían por qué”, arguyeron los custodios.
Ya en el área de castigo, los guardias recibieron la orden.
–Denles con todo– se escuchó por los radios personal de seguridad y custodia.
Carlos y los demás reclusos fueron desnudados y golpeados con palos de madera. Estómago, piernas y cabeza fueron las partes en que recibieron el mayor número de golpes. Después, les dieron toques eléctricos y los obligaron a caminar en cuclillas –”patitos”– y hacer sentadillas mientras continuaban golpeándolos.
El ejercicio físico intenso continuó por largo rato esa noche.
Al día siguiente, después de la golpiza, Carlos empezó tener manifestaciones de insuficiencia renal aguda: presentaba evacuaciones diarreicas, vómito y fiebre; sin embargo, el personal de la Unidad Médica del penal sólo el diagnosticó “gastroenteritis”.
Carlos se encontraba recluso acusado de un homicidio registrado en las calles de la colonia Reynosa Tamaulipas, en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx, la noche del 23 de mayo de 2015. El hombre ya estaba pagando por el castigo. Cumplía una sentencia de 35 años de prisión.
Los días transcurrieron y Carlos no podía comer ni beber agua; todo lo vomitada. Las jornadas siguieron pasando, hasta el 23 de diciembre: Carlos empezó a presentar reacciones neurológicas, como lenguaje incongruente y convulsiones.
Su familia notó que algo estaba mal durante la visita en esa víspera de Navidad: “decía cosas sin sentido y tenía dificultad para caminar”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en ese entonces CDHDF, tuvo conocimiento de las reacciones y anomalías que presentaba Carlos, según aludieron; así que solicitó al jefe de la Unidad departamental de Apoyo Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para que la víctima fuese atendida por el personal médico.
Los doctores –a solicitud de la entonces CDHDF– identificaron que Carlos había presentado tres crisis convulsivas en el día e intoxicación.
El personal del penal argumentó que supuestamente Carlos estaba la espera de ser trasladado a un hospital de sector salud, pero jamás presentó la documentación o evidencia de ello. Finalmente, Carlos murió por una congestión visceral a causa de una insuficiencia renal aguda.
La muerte del interno fue provocada por las lesiones y daños sus órganos causadas por los golpes y sometimiento a ejercicio excesivo, de acuerdo a un dictamen médico emitido por un perito de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y revelado por la CDHCM.
“Desde la perspectiva médica, las afectaciones que presentó la víctima son compatibles con un supuesto de muerte por tortura”, destacó el organismo.
El caso de Carlos no es el único, al menos otros dos asesinatos por tortura dentro de los penales fueron documentados por personal de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que en días pasados emitió una serie de recomendaciones e instrucciones a la Jefatura de México.
Las otras dos muertes se registraron, en hechos diferentes, en el interior del penal de Santa Martha Acatitla. En ambos casos fueron de personas que recién habían sido trasladas a Santa Martha y que fueron colocadas con otros internos y sometidas a golpes severos que les provocaron la muerte a las pocas horas.
TORTURA ES SISTEMÁTICA
La tortura se ha convertido en una práctica sistemática y estructural en las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, y centro de internamiento y reinserción capitalino, concluyó en días pasados la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de la Ciudad de México.
El organismo emitió nueve recomendaciones contra diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México por actos de tortura cometidos contra un total de 176 víctimas directas, entre ellas menores de edad, cinco activistas detenidos y personas con discapacidad psicosocial.
Las agresiones van desde la detención de la persona o durante sus procesos de privación de la libertad. Los daños provocados van desde lo psicológico, a lo físico e incluso a la muerte, como los tres casos que expone la Recomendación 14/2019.
En tanto que la Recomendación 18/2019 da a conocer que la Procuraduría y la policía capitalina incurrió en prácticas de tortura contra de 61 personas, quienes, en la mayoría de los casos, además sufrieron de violaciones a la libertad personal, debido proceso en diversas modalidades y fueron sujetas de violaciones a su derecho de acceso a la justicia ante la negativa de las autoridades a realizar investigaciones diligentes y exhaustivas respecto a los actos de tortura cometidos en su agravio”.
Se trata de 48 quejas contra las autoridades policiacas en la Ciudad de México. Las quejas fueron presentadas antes la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre los años 2012 a 2019, con un total de 61 víctimas directas a quien.
La CDHCM destacó –dentro de esta Recomendación– que desde el desde el año pasado se identificó el patrón de “uso de tortura como método de investigación, ya sea para obtener información o declaración de auto-inculpabilidad, en hechos cometidos durante la detención y el traslado, así como en los centros de retención como son las agencias del Ministerio Públicos”.
En tanto que cinco de las recomendaciones son por tortura en Centros de Reclusión de la Ciudad de México; otra más, la 11/2019, tiene que ver con actos de tortura a personas con discapacidad psicosocial dentro de Centros Penitenciarios; otra más, aglomera la tortura ejercida a cinco jóvenes activistas privados de libertad.
Otras recomendaciones abordan la falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual; tortura psicológica como herramienta de investigación; de tortura y malos tratos en contra de personas adolescentes y jóvenes; y sobre el uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto.
De acuerdo con Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCM, las agresiones y tortura evidenciada en las recomendaciones no son solo aislados de tortura, sino que ponen en evidencia que exista “una falla estructural del Estado”.
La titular de la CDHCM destacó que el impacto que tiene la tortura en la vida de una persona la convierte en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, orientada a consumir su dignidad, dijo en días pasados, al dar a conocer el paquete de recomendaciones.
Además, detalló que “la relación entre la tortura y la corrupción” se presenta en el sistema de justicia capitalino de muchas formas. “Desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración auto-incriminatoria. También la corrupción, en su modalidad de impunidad, permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos”, dijo durante la presentación de las recomendaciones y un vídeo que realizaron sobre el tema.
Los instrumentos recomendatorios fueron dirigidos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México.
Las autoridades responsables deberán, primero, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y manifestar un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, señalando acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, expuso el organismo.
Para la Presidenta de la CDHCM el problema de tortura no se erradicará en tanto que las instituciones “en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de ‘cero tolerancia’ a la tortura y lo den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados”, según se explicó en un boletín emitido por el organismo.
Las nueve recomendaciones exigen la inmediata investigación y sanción por la violencia física y psicológica y tortura sexual cometidas.
La Comisión ha emitido en su historia un total de 59 recomendaciones en donde uno de los derechos violentados es no sufrir ningún tipo de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De 2014 a la fecha, la Comisión ha emitido 11 recomendaciones que representan 129 casos y corresponden a 275 víctimas directas.
