Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, entre 2013 y 2017 la administración del Presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial. De esta cantidad, 23 mil 410 millones fueron parte de un sobreejercicio, que implica que el Gobierno federal casi duplicó (85.27 por ciento más) el gasto que tenía aprobado para el rubro.
Para evitar gastos desmesurados, la nueva Ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, o 2 mil millones de pesos por año.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El colectivo #MediosLibres presentó este día una iniciativa ciudadana para abrogar la Ley General de Comunicación Social (o “Ley Chayote”) y expedir la Ley General de Publicidad Oficial.
Contrario a las consecuencias de la denominada "Ley Chayote" de 2017, que “legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial” y que “atenta contra la libertad de expresión”, la iniciativa ciudadana busca eliminar el uso “proselitista” e impulsar la democratización de los medios de comunicación.
Asimismo, tiene por objetivo garantizar la libertad de expresión y de acceso a la información en nuestro país, así como fomentar el pluralismo.
“La publicidad oficial no debe ser asignada para premiar o castigar a las distintas formas y medios de comunicación [...]. La libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta” por parte de las instituciones del Estado mexicano, refirieron los activistas, investigadores y periodistas.
Presentación de la iniciativa ciudadana para regular la publicidad oficial https://t.co/S39tGXhk6h
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 25 de octubre de 2018
Entre las principales propuestas están regular el uso y la asignación de recursos en los tres niveles de Gobierno e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades y de los medios de comunicación.
Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, entre 2013 y 2017 la administración del Presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial.
De esta cantidad, 23 mil 410 millones fueron parte de un sobreejercicio, que implica que el Gobierno casi duplicó (85.27 por ciento más) el gasto que tenía aprobado para el rubro.
En el marco de una nueva administración —que ha prometido reducir el gasto en publicidad en un 50 por ciento— se abre la posibilidad de un cambio, explicó Justine Dupuy de Fundar.
Sin embargo, dijo, la reducción será insuficiente si no existen reglas claras para su asignación.
“La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad, el condicionamiento de las líneas editoriales, la distribución desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, con base en los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el documento que presentó el colectivo.
En la opinión de Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, “la falta de regulación y la opacidad son un caldo de cultivo para la corrupción”.
Por ello, la iniciativa también busca prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial y su uso para “censurar, castigar o premiar a medios de comunicación”.
TOPE AL PODER
Para evitar gastos desmesurados, la nueva Ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, o el equivalente a 2 mil millones de pesos por año.
Al respecto, Ana Ruelas de Artículo 19 comentó que inclusive la propuesta de reducción del presupuesto de Andrés Manuel López Obrador (en un 50 por ciento) sigue siendo un monto muy elevado para el rubro de publicidad oficial.
El colectivo #MediosLibres, además, propone establecer criterios de asignación de recursos “en función de la idoneidad” de los medios de difusión, con topes presupuestarios y un límite de sobreejercicios no superior al 10 por ciento de lo aprobado.
También plantea pautas de carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, así como el establecimiento de contrapesos al “ejercicio centralizado de la publicidad oficial”, a través del fortalecimiento de organismos como el INAI y el INEGI.
Para mejorar la difusión, la nueva Ley impulsará la creación de un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas, con el afán de favorecer a los medios de comunicación, para que “cumplan con su función elemental de difusión de información”.
Según Ruelas, esta iniciativa busca que los medios de comunicación se comprometan con sus periodistas, para que tengan beneficios y condiciones dignas de trabajo. “Que no haya periodistas pobres con dueños de medios ricos”, comentó.
“Estamos en camino de construir una ley potente que cambie el poder autoritario y abusivo cuya relación con los medios críticos ha sido implacable”, añadió el periodista Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso.
“Que el poder respete a los periodistas, que no los vea como sus empleados y que la sociedad confíe más en los periodistas” es la finalidad del esfuerzo, recalcó Juan Angulo Osorio, director general del periódico El Sur.
Asimismo, para evitar abusos en materia de publicidad oficial, la iniciativa propone mecanismos de evaluación de las estrategias de comunicación social y eliminar “el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración”.
