El Gobierno de México consideró “inaudito” que un tribunal en Estados Unidos minimice “múltiples declaraciones que obran en expedientes ministeriales y judiciales en México, la ficha roja y la orden de aprehensión” en contra del exjuez de barandilla Ulises Bernabé, ”una persona que evidentemente tiene información relacionada con los hechos vinculados a la desaparición”.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Estados Unidos otorgó desde 2015 el asilo político a Ulises Bernabé, el exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero, de quien las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace una década en este municipio demandan que sea extraditado al país, pues un grupo de al menos 17 jóvenes fue llevado a la estación de policía cuando él estaba en funciones, se desprende del Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa difundido este miércoles, a un día del décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes.
El informe establece que el 14 de marzo de 2024 el Gobierno mexicano “requirió información complementaria por parte del gobierno de Estados Unidos, la cual ya fue remitida” y señala que “la relevancia de este probable responsable radica en que pudo haber tenido contacto con estudiantes que aparentemente fueron detenidos y llevados a la comandancia de Iguala donde él era juez. Acorde con declaraciones que obran en las carpetas de investigación, se desprende que él pudo haber entrevistado a los jóvenes y con ello haber obtenido datos relevantes sobre su paradero”.
El proceso para su extradición, se lee en el reporte, “se encuentra detenido y el gobierno de Estados Unidos no reporta avance alguno”. Se trata de uno de los tres personajes que el Gobierno de México busca traer de regreso al país por su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas así como en el entorpecimiento de la investigación realizada en la administración de Enrique Peña Nieto que impidió su búsqueda.
Los otros dos sujetos son Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra en Israel y de Abraham Eslava Arvizu, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a quien se le persigue por las presuntas torturas a un supuesto miembro de Guerreros Unidos implicado en el caso, quien también vive en Estados Unidos y cuyo proceso de extradición tampoco ha reportado avances.
En cuanto al exjuez Ulises Bernabé el informe refiere que desde 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General) obtuvo una orden de aprehensión en contra del juzgador “por su probable responsabilidad en los hechos de la desaparición de los estudiantes, pues de la evidencia documental y testimonios que obran en la indagatoria”.
“Se advierte que un grupo de al menos 17 estudiantes fue llevado, durante las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, a la comandancia por policías municipales de Iguala, Guerrero, por un breve tiempo. El exjuez de barandilla habría sido omiso en registrarlos en sus bitácoras y minutos más tarde, los entregaría al Subdirector de Seguridad Pública de ese municipio, Francisco “N”, para que fueran trasladados a otro destino y finalmente ser entregados a miembros de la organización delincuencial Guerreros Unidos”, destaca el reporte.
Ulises evadió la acción de la justicia huyendo a Estados Unidos, mientras que en México se alertó su acción fugitiva y se solicitó la emisión de una ficha roja a la Interpol, dice el informe. No obstante, el exjuez de barandilla ingresó a la Unión Americana desde abril de 2015, “cuando aparentemente solicitó de manera formal el otorgamiento de asilo político, iniciando un proceso en el que declaró que los estudiantes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala; además señaló que 47 era perseguido por ser detractor de la verdad histórica, y que temía por su integridad”.
De acuerdo con la sentencia de la Corte que le otorgó el asilo, la cual fue reseñada por La Jornada en julio pasado, el ex juez de Iguala declaró que los militares fueron quienes tuvieron la custodia de los estudiantes. El Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó en 2020 a dicho exjuez el derecho de asilo que solicitó en 2015 al determinar que era verídico su testimonio sobre cómo el Ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes.
“Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal (PF) fueran los responsables de este horrible incidente”, se lee en un extracto de la sentencia de 7 de enero de 2020 de la Corte de Inmigración de los Estados Unidos aportado en el informe.
El Gobierno mexicano establece que mientras la Corte de Estados Unidos determinó en su resolución “suficientes y creíbles” los dichos del exjuez, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos “afirmó durante el proceso que Ulises “N” estuvo involucrado en la desaparición de los jóvenes, basado en declaraciones de testigos, así como una ficha roja activa emitida por la Interpol, en la que se solicitaba su detención por delincuencia organizada y secuestro, pero todo fue desestimado”.
“México no fue informado”, sobre esto, se lee en el reporte.
El informe del Caso Ayotzinapa denuncia que el Tribunal de migración estadounidense ignoró la orden de aprehensión que existía desde 2015 en contra del exjuez Ulises Bernábe por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Esa orden de detención, añade, estuvo vigente hasta inicios de 2023 cuando el presunto responsable tramitó un amparo en su contra.
No obstante, refiere, en julio de 2023, el actual fiscal de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, obtuvo una nueva orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada “a pesar de las omisiones en el litigio dentro del amparo por el anterior fiscal especial”, Omar Gómez Trejo .
“Por lo referido, es inaudito que un tribunal en Estados Unidos minimizara múltiples declaraciones que obran en expedientes ministeriales y judiciales en México, la ficha roja y la orden de aprehensión en su contra, y en cambio, concediera el asilo político a una persona que evidentemente tiene información relacionada con los hechos vinculados a la desaparición”.
