El Presidente detalló que se han ofrecido recompensas para dar con los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, se ha dialogado con los involucrados y han explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la mañana de este miércoles una última carta que envió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el preámbulo de los 10 años de la desaparición y a unos días de que deje su mandato.
En la misiva les detalló el trabajo que realizó su Gobierno para esclarecer el caso, pero también reconoció no se avanzó como hubiera querido.
“Ayer envié una carta a las papás y mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrarlos y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varios cosas que no se conocían porque siempre se manejó este asunto solo arriba”, dijo en su conferencia matutina.
Luego procedió a leer íntegra la carta a los padres.
Segundo_reporte_del_presidente_de_Mexico“Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras”, se lee en una parte de la misiva.
López Obrador detalló que se han ofrecido recompensas para dar con los responsables, se ha dialogado con los involucrados y han explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado.
“Les expreso que hasta el último momento de mi Gobierno continuaremos la búsqueda de los jóvenes. Y considero que este asunto vergonzoso y lamentablemente no debe cerrarse. Deseo de todo corazón que lo logre la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”.
El Presidente insistió en que hasta el momento no hay una prueba que vincule a altos mandos del Ejército en el caso de la desaparición y que los militares involucrados ya están siendo investigados, pero aseguró que si más adelante se comprueba que sí participaron, se debe castigar a los responsables.
¿DÓNDE SE DESCARRILÓ EL CASO?
Según Santiago Aguirre, abogado de las víctimas, fue a partir de 2022, justo cuando se multiplicaban las evidencias contra los militares tanto en lo relacionado con el ataque como en el encubrimiento.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado abrir todos los archivos militares, pero finalmente no se facilitó la información solicitada. Según Aguirre, fue por la presión de las Fuerzas Armadas. El mandatario ha dado cada vez más poder a los militares no solo en temas de seguridad, sino administrativos y económicos.
Además, la CIDH denunció el bloqueo del trabajo del fiscal que llevaba el caso, Omar García Trejo, cuando emitió órdenes de captura de una veintena de militares. Eso propició su dimisión y que la investigación quedara en manos de personas que habían sido ajenas al caso durante años.
Por otra parte, comenzó una “prisa política” por dar resultados, en palabras de Aguirre. El Gobierno presentó como ciertos indicios que no eran de origen fiable y mantuvo las búsquedas de los jóvenes “sin ton ni son”, con poca profesionalidad y sin metodología.
UNA HERIDA ABIERTA POR UNA DÉCADA
El empuje de las familias ha mantenido vivo al caso Ayotzinapa por una década. En un país con más de 115 mil desaparecidos, la lucha por los 43 sigue recabando atención por el impacto nacional e internacional que tuvo: Que las víctimas fueran estudiantes, algunos de ellos de comunidades indígenas y de los sectores más vulnerables de la población, y porque en él confluyeron la violencia de los cárteles, su complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles, y la impunidad con la que actuaron los involucrados.
Según un reciente informe oficial, es un ejemplo de cómo se repiten estrategias de abusos y la Guerra sucia que se dieron en México en la segunda mitad del siglo XX.
10 años después, se conocen más detalles del ataque y de su encubrimiento, pero todavía no está claro cuál fue el destino de los 43 normalistas. Las autoridades consideran que fueron asesinados, pero solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos.
Las familias aseguran que falta voluntad política para llegar a la verdad porque si el Gobierno actual consideró el caso como un “crimen de Estado”, el Estado debe saber qué pasó, por qué y quién oculta información.
-Con información de AP
