El nuevo basurero donde se buscan más pistas de los estudiantes se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, a 10 minutos de Iguala pero en dirección contraria a Cocula y en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores de los estudiantes.
Activistas afirman que a cinco años de la desaparición de los jóvenes, la investigación no debería partir de cero ya que expertos internacionales hicieron un “gran trabajo” y de la investigación oficial se pueden rescatar algunos datos, como todo el rastreo telefónico.
Por María Verza
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Las autoridades mexicanas obtuvieron nuevos datos que podrían ayudar a saber el destino de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace cinco años en Iguala, por eso han iniciado una búsqueda en basurero distinto al que concentró en un inicio la atención de los investigadores.
La ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual Gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que podrían obtenerse datos relevantes.
“Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior Gobierno mexicano, en la que se aseguró que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero, y sus restos esparcidos en un río cercano.
El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, a 10 minutos de Iguala pero en dirección contraria a Cocula y en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores de los muchachos.
Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones, indicó que los trabajos en Tepecoacuilco comenzaron el fin de semana. En las imágenes que han transcendido en la televisión local sólo se ve actividad de maquinaria pesada.
Buitrago dijo que corresponderá a las autoridades mexicanas informar sobre eventuales hallazgos en ese lugar y recordó que ya se había buscado en otros puntos de Tepecoacuilco sin encontrar nada relevante.
“Estamos en espera de la información que se pudo haber obtenido en ese lugar porque son varias (las líneas) que no se habían investigado”, afirmó el miércoles Felipe de la Cruz, vocero de los padres, quien insistió en la importación que corroborar cualquier dato nuevo que aparezca.
Tanto la antigua como la nueva Fiscalía han hecho diversas búsquedas infructuosas a lo largo de estos cinco años en diversos puntos de Guerrero. También han sido continuas las manifestaciones y protestas de los padres exigiendo justicia y que se llegue a la verdad, la última este miércoles.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados en la ciudad de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), esas personas trasladaron a los jóvenes al basurero de Cocula, 20 kilómetros al suroeste de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
No obstante, el primer grupo de expertos de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión, basada en testimonios obtenidos mediante tortura, y denunció la existencia de irregularidades y obstrucciones a la justicia, problemas en el debido proceso que luego fueron avalados por equipos de Naciones Unidas y por la propia justicia mexicana, que en junio de 2018 ordenó reponer toda la investigación porque “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
De hecho, esos vicios en el proceso han hecho que prosperen una multitud de amparos y que más de 70 de los 143 detenidos vinculados al caso hayan sido liberados, entre ellos, algunos de los principales sospechosos.
Según Buitrago, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha avanzado “en propiciar espacios de apertura”, como la comisión de la verdad creada en enero, para que personas clave en el momento de los ataques cuenten su historia, y la Fiscalía ya ha abierto una investigación por presuntas responsabilidades penales del antiguo jefe de las pesquisas, Tomás Zerón, y otros investigadores aunque todavía no ha fincado ningún cargo contra ellos.
La Fiscalía no quiso hacer ningún comentario sobre este punto, pero el martes por la noche anunció en un comunicado que se había citado a declarar al entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien fuera su Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal cuando ocurrieron los hechos y que lo harán la próxima semana.
Todos ellos ya han declarado en la Comisión de la Verdad.
La Fiscalía indicó también que posteriormente, “se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”, que no mencionó por nombre, pero el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había anunciado recientemente la intención de que entre los investigados estuviera el ex Procurador General, Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial luego desacreditada internacionalmente.
Los abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos pero denunciaron que el Ejército sigue todavía sin contestar más de un centenar de preguntas sobre los hechos ya que también hubo militares en los escenarios de los ataques a los estudiantes.
Una de las líneas de investigación que estaba pendiente de profundizarse era la conexión del caso con el tráfico de droga desde Iguala a Chicago. En este sentido, la Fiscalía dijo tener pruebas de telefonía que ahora pretende que se analicen “en toda su magnitud”.
Además de los 43 estudiantes desaparecidos, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en la serie de ataques coordinados en distintos puntos de Iguala que supusieron uno de los crímenes de mayor impacto de la historia reciente del país.
AYOTZINAPA: UN LUSTRO Y EL RETO
La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa cumplirá esta semana un lustro con la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables, y el reto de empezar de nuevo y casi desde cero la búsqueda.
Tras casi un año de mandato, el compromiso de esclarecer el caso por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador parece empezar a materializarse y esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala para encontrar indicios de los jóvenes.
Pero sigue afrontando enormes retos la investigación de este caso, que “mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México”, contó este miércoles Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias, al periodista de Efe Eduard Ribas i Admetlla.
LA INSOSTENIBLE “VERDAD HISTÓRICA”
Acuciado por una enorme impopularidad, Peña Nieto dejó la Presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su Gobierno, conocida como “verdad histórica”, sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.
Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula.
“Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas”, expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación “se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad”.
Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 ex policías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
“Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales”, dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas “ilícitas” al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.
¿REINICIAR LA INVESTIGACIÓN?
Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como Presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.
La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un Fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.
Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.
“Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia”, lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber “estirado” durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.
El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que “no hay que partir de cero” dado que los expertos internacionales hicieron un “gran trabajo” y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.
LA IMPACIENCIA DE LAS FAMILIAS
Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que solo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.
“Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza (con López Obrador) se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones”, aseveró contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.
Sin embargo, Cristina, quien califica la versión de Peña Nieto como “mentira histórica” admite que “este Gobierno es diferente del Gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación”.
El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para esta madre que creía que Benjamín y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana.
“Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos”, aseveró.
–Con información de Eduard Ribas i Admetlla, EFE.
