Los 10 principales proveedores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza se embolsaron el 15.5 por ciento del gasto total contratado por la dependencia federal durante el sexenio pasado, a través del portal CompraNet. De esas 10 compañías, cinco han sido señaladas por irregularidades y presunta corrupción.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Dos de cada 10 pesos contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza terminaron en los bolsillos de 10 empresas privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales CompraNet.
De esas 10 empresas, cuatro –Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio y Efectivale– están registradas como proveedores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto “permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno”, refiere la información del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la SHCP.
Aunque ninguna de las empresas aparece en el “directorio de proveedores y contratistas sancionados” de la Secretaría de la Función Pública, cinco de las 10 compañías –Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Efectivale y Mota-Engil México– han sido señaladas por incurrir en irregularidades y/o presuntos actos de corrupción, ya sea en México u en el extranjero.
Asimismo, una de las principales contratistas de la SCT del sexenio pasado está ligada al político y empresario mexicano Carlos Hank González. Se trata de La Peninsular Compañía Constructora, una filial del Grupo Hermes que ha participado en obras de infraestructura como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, la Presa Zapotillo (Jalisco), la Planta de Bombeo El Caracol (Edomex) y otras más.
Entre 2013 y 2018, esta decena de compañías firmó 439 contratos con la Secretaría de Ruiz Esparza, lo que equivale al 1.3 por ciento de los 33 mil 017 contratos registrados en CompraNet durante el periodo. Sin embargo, el cúmulo de contratos tuvo un valor conjunto cercano a 55 mil millones de pesos, equivalentes al 15.5 por ciento del gasto total contratado por la SCT (354.3 mil mdp) durante seis años.
Lo anterior se da en un contexto en que Javier Jiménez Espriú ha dicho que ya no habrán empresas favoritas por parte del Presidente de la República. En mayo, el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que el Gobierno federal tampoco hará recomendaciones para otorgar contratos y aseguró que “no habrá una sola” adjudicación directa, salvo las que ya están en proceso.
“Solo se atenderá a las empresas que participen en las licitaciones, cumpliendo con las bases de éstas, a partir de sus méritos, de su calidad, de su cumplimiento y de la estimación de presupuesto para hacer la obra. No habrá una sola desviación” en la SCT, afirmó Jiménez Espriú.
LOS REYES DEL CONTRATO
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto predominaron las adjudicaciones directas, de acuerdo con la información de CompraNet. De los 1.2 millones de contratos firmados entre 2013 y 2018, el 73.4 por ciento fue adjudicado y supuso que, por cada 10 pesos gastados, el Gobierno federal entregó tres sin concurso de por medio.
Aunque el proceso de adjudicación directa no implica necesariamente corrupción, permitirlas “mediante supuestos amplios, como se hace actualmente, abre la puerta para que se abuse […] y favorece la colusión”, de acuerdo con un análisis (2018) de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Pese a la tendencia de los últimos seis años, la mayor parte de los contratos de los principales proveedores de la SCT no fueron adjudicados. Los datos de CompraNet indican que el 68 por ciento de los acuerdos fueron obtenidos por licitación pública, además del 27 por ciento entregado por invitación a cuando menos tres personas. Sólo el cinco por ciento de los contratos de la SCT fue adjudicado de manera directa, en 2013-2018.
De las 10 empresas anteriormente referidas, hubo cinco que acapararon el mayor número de contratos gubernamentales: Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Efectivale, Procovit y Proyectos de Ingeniería y Consultoría Integral Empresarial (PICIE) acumularon 398 contratos por más de 1.9 mil millones de pesos en seis años.
Efectivale fue la empresa que más contratos obtuvo. En total firmó 125 acuerdos para la venta y distribución de vales de despensa y combustible. Esta compañía se vio involucrada en el proceso administrativo de inhabilitación de la perredista Diana Talavera Flores en noviembre de 2012, cuando la entonces candidata a consejera del Instituto Electoral capitalino fue acusada del presunto manejo irregular de contratos por casi 2 millones de pesos, por la adquisición de vales de gasolina de Efectivale en 2010, de acuerdo con el oficio CMH/12/1078.
PICIE fue la segunda empresa con mayor número de contratos firmados. Entre 2014 y 2018 obtuvo 76 por la prestación de servicios de ejecución de obras públicas, así como la realización de estudios, evaluaciones y seguimientos técnicos para obra pública. En su portal de Internet, la compañía se ostenta como una “empresa joven, cuya visión es atender el mercado de la capacitación, informática, diseño y elaboración de proyectos todo ello enfocado a la ingeniería vial”. Entre sus principales clientes, además de la SCT, están Cemex, 3M, Saba Proyectos y Trasenda Ingeniería.
Bodega de llantas La Viga y Balandrano Ink obtuvieron, en cambio, 69 y 68 contratos cada una.
La primera está catalogada en el RUPC como una empresa “mediana” que se dedica a la “compraventa de llantas para toda clase de vehículos, sus accesorios y servicios conexos”. En septiembre de 2015, La Viga se vio involucrada en un caso de corrupción que llevó a la inhabilitación del ex Oficial Mayor del entonces Distrito Federal, Edgar Armando González Rojas, por la adquisición de 10 mil llantas para el parque vehicular del Gobierno capitalino, a un sobreprecio de 30 por ciento.
La segunda está catalogada como una “pequeña” empresa especializada en el “comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina”. Más allá de eso, la información disponible indica que está registrada ante la SHCP desde 2014.
En el caso de Procovit tampoco hay mucha información disponible. Esta compañía obtuvo 60 contratos durante el sexenio pasado, por la prestación de servicios de ejecución de obras públicas, así como la realización de estudios, evaluaciones y seguimientos técnicos para obra pública. De acuerdo con el contrato 2016-17-CB-A-O38-00-2016, su representante legal es Adriana Silva Ríos.
LAS MÁS ENRIQUECIDAS
CompraNet es “un sistema transaccional que permite a las instituciones públicas realizar procedimientos de contratación de manera electrónica, mixta o presencial”, además de ser un “sistema electrónico de información pública gubernamental sobre contrataciones públicas”, de acuerdo con la definición del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. No obstante, CompraNet “no está pensado para la rendición de cuentas sino para la licitación electrónica”, dijo Eduard Martín-Borregón a SinEmbargo.
Para el director de datos, periodismo y tecnología de la Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés), CompraNet suele tener errores y sólo sirve para ver “números grandes y tendencias”.
Tomando en consideración que las cifras podrían variar, los datos de CompraNet indican que los cinco proveedores de la SCT con mayores ingresos en 2014-2018 fueron APP Arriaga-Tapachula, CAF México, Comercializadora Milenio, La Peninsular Compañía Constructora y Mota-Engil México.
La Comercializadora Milenio obtuvo 27 contratos por 13.6 mil millones de pesos relacionados con la compraventa de televisores digitales. Esta empresa, dedicada principalmente a la “comercialización de toda clase de bienes y servicios”, fue señalada en 2016 por el Wall Street Journal de estar implicada en una red de sobornos a funcionarios públicos para la obtención de licitaciones gubernamentales.
Según el medio especializado en negocios y finanzas, la Comercializadora Milenio y su socia manufacturera Diamond Electronics (Foxcon) se beneficiaron con el programa de entrega gratuita de 10.5 millones de televisiones digitales en México. A través de un proceso dominado por la corrupción, ambas empresas habrían obtenido el 70 por ciento de los contratos más importantes de un negocio valuado –según WSJ– en 1.3 mil millones de dólares.
CAF México fue la segunda empresa con más ingresos reportados en 2014-2018. De acuerdo con CompraNet, esta compañía se embolsó 11.7 mil millones de pesos por obra pública relacionada con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Además de estar involucrada en un proyecto ferroviario que develó la “ineficiencia y los riesgos de corrupción en obra pública en México”, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la multinacional estuvo involucrada en un proceso de sanción por parte del Gobierno de la Ciudad de México. A finales del año pasado, las autoridades capitalinas acusaron que CAF México tenía 100 días de atraso en la entrega de ocho trenes de la Línea 1 del Metro, por lo que buscaban imponerle una multa cercana a 3.3 mil millones de pesos.
En tercer, cuarto y quinto lugar estuvieron APP Arriaga-Tapachula (9.6 mil mdp), Mota-Engil México (9.4 mil mdp) y La Peninsular Compañía Constructora (8.8 mil mdp).
La empresa APP se autodefine como una asociación público privada “que atiende el tramo carretero de la red federal libre MEX-200” en zonas ubicadas en el estado de Chiapas, que fue su principal fuente de ingresos por contrato con la SCT. Por su parte, La Peninsular, especializada en proyectos industriales desde 1981, prestó servicios de obra pública entre el que destaca el tendido de las Ferrovías de Zinacantepec, en el Estado de México.
En el caso de la empresa portuguesa Mota-Engil México, que participó en proyectos como el de las Ferrovías de Durango-Torreón, el Tren Ligero de Guadalajara y el Periférico Zapopan-Federalismo en el estado de Jalisco, existen señalamientos de operar en México –junto con Grupo Prodi– en colusión con funcionarios públicos para obtener jugosos contratos de la SCT, además de presuntos casos de corrupción e incumplimiento de contratos en Colombia, Paraguay y Perú.
