Los Servicios Médicos Forense del país están atiborrados de cadáveres sin identificar. En Tijuana, de enero a la fecha se han inhumado en fosas comunes 715 cuerpos sin nombre. El tráiler que paseaba 273 cadáveres en la Zona Metropolitana de Guadalajara hizo visible el problema que los gobiernos no han podido o no quieren atender. En el país, más de 35 mil personas fallecidas no son reclamadas por sus familiares. Aumento de la violencia y el Sistema de Justicia Penal, generan la acumulación de cuerpos.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana/Ciudad de México, 25 de septiembre (Zeta/SinEmbargo).- El indignante caso del tractocamión con cámara frigorífica que anduvo paseando 273 cadáveres en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se convirtió en un escándalo que puso la mira del mundo en ese México que todos los días sorprende con un hecho cada vez más atroz.
El macabro suceso destapó un problema que ya era conocido, pero que las propias autoridades federales y de las entidades federativas han subestimado, sin darle solución, ante un inminente cambio de Gobierno y el abandono de las responsabilidades que les corresponden a quienes ya se van.
Los Servicios Médicos Forenses (Semefo) del país están rebasados. Saturados de cadáveres no identificados y que en muchos de los casos no se les ha dado un destino, siendo apilados en las morgues ante la prohibición de incinerarlos y la negligencia de construir los panteones forenses que el actual sistema de justicia penal obliga.
Apenas hace cinco meses, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que en México existían –hasta esa fecha– al menos 35 mil personas muertas no identificadas. El dato duro lo dio el subsecretario de Derechos Humanos de esa Secretaría de Estado, Rafael Adrián Avante, quien aseguró, esos cadáveres se hallaban en fosas comunes, cementerios ministeriales y Semefo.
El funcionario de la Segob urgió a los responsables del manejo de los cuerpos a crear fichas digitales de cada fallecido para que en un futuro sean plenamente reconocidos por sus familiares, como lo establecen diversas leyes, reglamentos y protocolos; como el homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de personas.
LOS SEMEFOS, LLENOS
En Jalisco hay más de 444 cadáveres en espera de ser reclamados por sus deudos, siendo que la capacidad de la morgue en Guadalajara es para 72 cuerpos. El mismo problema se registra en los establecimientos de medicina legal como el de Tijuana, donde de enero a la fecha –solo este año- han sido inhumadas en fosas comunes 715 personas registradas como NN (No nombre) en actas y libros.
Situación aún más grave viven entidades como Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, donde además de las agresiones armadas de cada día, se tienen graves problemas con la constante localización de fosas clandestinas con cadáveres. O Quintana Roo, donde un destino turístico como Cancún ha atraído grandes cuotas de violencia y ha atiborrado de occisos su Semefo.
En el caso de Guerrero, donde en septiembre de 2014 se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, existen más de 800 personas fallecidas que no se les ha identificado, algunas de las cuales datan de 2011. Las morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, apenas tienen una capacidad conjunta para 270 cuerpos, por lo que hay sobrepoblación de cadáveres, aun cuando algunos centenares ya se hallan en fosas comunes.
Además de la violencia que arroja gran cantidad de personas asesinadas en México, el sistema de justicia penal acusatorio obliga al resguardo de los cadáveres no identificados como parte de los indicios a preservar de la llamada cadena de custodia de un hecho criminal. El Ministerio Público es el responsable a cuya disposición quedan los cuerpos, ya sea en el Semefo o en un cementerio forense.
El protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de personas establece que “sí no se identifica el cadáver o restos, el Ministerio Público debe asegurar que quedo registrado el perfil post mortem en la base de datos y determinar su inhumación”, la cual “debe hacerse en fosas individualizadas, separando cada cuerpo en una bolsa especial para resguardo del cadáver, el cual debería llevar al interior una placa de metal con los datos de la averiguación previa/carpeta de investigación que corresponda”.
Ahí la necesidad de preservar el cuerpo, para su posterior identificación o incluso para su exhumación, en caso que una investigación lo exija para esclarecer un hecho criminal.
CADÁVERES EN TRÁILERES
El vergonzoso caso de Guadalajara, donde se almacenaban más de 300 cuerpos no identificados en dos cajas refrigeradas de tráileres, dio la vuelta al mundo y desató el más enérgico rechazo al maltrato e indigno manejo de cadáveres. Además le costó el puesto al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, y al fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, por su insensibilidad e inoperancia.
El asunto era de sobra conocido. Los tractocamiones eran rentados desde hace varios meses. La Fiscalía tomó la iniciativa, con costo para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (órgano autónomo con personalidad jurídica propia), que a su vez cuenta con el Servicio Médico Forense. Se sabía que las gavetas del anfiteatro estaban rebasadas, pues sólo tienen capacidad para 72 cuerpos y había más de 400.
En una de las cajas de tráiler se almacenaban 273 cadáveres, aunque inicialmente se dijo que eran 157. En un segundo remolque refrigerado había apenas unas decenas. Ambas unidades fueron rentadas a razón de 3 mil pesos cada una, más combustible. Se informó a los medios de comunicación que se construye una segunda etapa de un panteón forense en Tonalá y por ello se resguardaban los cuerpos en los transportes. En una primera etapa ya había unas 200 personas no reclamadas inhumadas en dicho cementerio.
La situación parecía normalizada, con los habituales reclamos del titular del IJCF, Octavio Cotero, de que hacían falta espacios, personal y presupuesto para solventar la contingencia. Mínimo se practican de diez a doce necropsias diarias y con los cuerpos localizados en fosas clandestinas recientemente el trabajo se tuvo que hacer meticulosamente. Se hizo una lista de espera para la práctica de necropsias y el compás de espera para la entrega de cuerpos se prolongó hasta 72 horas para los afligidos familiares.
Todo hubiese seguido así hasta el fin de la presente administración gubernamental, de no haber sido porque a algún funcionario se le ocurrió sacar de las instalaciones del forense el primero de los contenedores con personas fallecidas para rentar una bodega en una colonia del municipio de Tlaquepaque y ahí mantenerlos desde principios de septiembre. Los vecinos del lugar se quejaron con inspectores del Ayuntamiento y de esa forma se descubrió la anomalía.
La Alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, rechazó la permanencia del tráiler rentado por el Semefo en la bodega y dio un ultimátum para que fuese retirado en 24 horas. Entonces se ordenó que el pesado vehículo fuese trasladado a la Fiscalía del Estado en la Zona Industrial de Guadalajara, pero en lo que se acondicionaba el lugar, la unidad fue llevada a un área de Tlajomulco, donde se atascó en el lodo y la caja fue abandonada durante doce horas.
El hecho consternó a los habitantes de una zona poblada y fue donde se conoció. El escándalo vino enseguida al caer en contradicciones autoridades del IJCF y la Fiscalía, e irse conociendo episodios de la historia cada vez más escalofriantes, como la denuncia de que algunos cadáveres que no cabían en la morgue estaban en banquetas o el piso de las instalaciones del Instituto, a la intemperie durante semanas.
INVESTIGACIONES
Ante la preocupación que muestran organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, independientemente de las pesquisas ordenadas por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formó un frente con la Comisión Estatal (CEDHJ) para investigar el indigno manejo de los cadáveres en el Semefo de Tlaquepaque.
Por lo menos veinte personas de ambas instituciones conforman un equipo que ya se apersonó en el Semefo. El grupo está integrado por médicos forenses, psicólogos, otros peritos y visitadores del ombudsman, algunos de ellos con amplia experiencia al haber participado en indagatorias en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los hechos de Nochixtlán, Oaxaca.
Las investigaciones también se enfocarán en las declaraciones vertidas por el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, a diversos medios de comunicación, en el sentido de que su despido fue una venganza del gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, por no haber respaldado el supuesto esclarecimiento de la desaparición de tres estudiantes de cine, a los que criminales habrían disuelto en ácido. Por el contrario, Cotero calificó como farsa la versión oficial.
Dichas declaraciones, sobre una posible simulación en las pesquisas, motivó que el caso sea retomado e investigado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, aseguró su titular, Alfonso Hernández Barrón. “Estamos en esta situación de emergencia atendiendo el llamado de las víctimas y, respecto a otro tipo de asuntos, pues sin duda se tendrán que abrir las investigaciones y deslindar las responsabilidades que insistimos, hasta sus últimas consecuencias”, citó.
Por cierto, la propia CEDHJ brindó medidas cautelares al ex director del organismo forense, Octavio Cotero, quien hace responsables públicamente, de cualquier daño que puedan sufrir él o su familia, al gobernador Sandoval Díaz o al secretario general López Lara.
