Cuando se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el periodista Témoris Grecko publica un nuevo libro en el que pone en evidencia la llamada “verdad histórica”, el costal de argumentos con el que una parte de la prensa y el Gobierno federal intentaron convencer a la sociedad mexicana de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en el basurero de Cocula. Esa tesis permitía al Estado cerrar una de las páginas más dolorosas de la Historia reciente del país. Pero nueva evidencia ha echado por tierra esa “investigación” defendida por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam y por Tomás Zerón, ahora asesor de seguridad nacional por orden del Presidente Enrique Peña Nieto.
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EL EJÉRCITO
SE CONFIESA… SIN QUERER
Por Témoris Grecko, capítulo del libro Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de estado
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El creciente desprestigio del Ejército a resultas de la matanza de Tlatlaya, cometida por militares el 30 de junio de 2014, y de la noche de Iguala, forzó al Secretario de la Defensa Nacional, en 2015, a enfrentar a la opinión pública y dar el paso inusual de ofrecer conversaciones exclusivas a medios de información convenientes y entrevistadores amigables: con Carlos Benavides, subdirector del diario El Universal (29 de junio de 2015), quien describió a su interlocutor como “poderoso”, “impecable”, “directo” y que “no busca esconderse detrás de eufemismos” porque “dice lo que piensa”, no se mencionaron las palabras “Iguala” o “Ayotzinapa”; el caso de los 43 desaparecidos fue tratado brevemente con Jorge Fernández Menéndez, de Televisión Azteca y el diario Excélsior (8, 9 y 10 de julio de 2015), quien por momentos se mostró más indignado que Cienfuegos por las injusticias que se cometen contra el Ejército, y le confesó al General que podría ser un personaje de Gabriel García Márquez, porque Salvador Cienfuegos es “un nombre muy fuerte al que se le pueden otorgar una serie de atributos”; y con Santos Mondragón, de la cadena Televisa (transmitida en partes y con repeticiones los días 5, 6 y 7 de octubre de 2015, y completa el día 8), cuyas escasas preguntas sólo sirven para dar pie a largos monólogos del militar: el tema Iguala ocupó la tercera parte de los 51 minutos de la edición completa del encuentro: Cienfuegos estaba respondiendo sin decirlo al Informe Ayotzinapa I del GIEI, presentado un mes antes.
El General se explayó con Televisa como no lo había hecho jamás. Sus intervenciones delinean de la forma más clara lo que piensa y siente el Ejército en relación con el caso, revelando casi con ingenuidad lo que no comprende, lo que tergiversa y lo que oculta. Es una síntesis de la argumentación de línea dura del gobierno federal.
“Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos”. Corte de edición. “Pero querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”. Esto afirma el General Secretario de la Defensa Nacional, en las frases elegidas por la televisora para abrir la primera parte de la entrevista, transmitida dentro del noticiero nocturno del Canal 2, el de mayor audiencia nacional, días después de cumplirse un año de la desaparición de los 43 normalistas.
Lo que sigue en cursivas son fragmentos de la versión completa, siguiendo el orden en el que fueron presentados, con el cuidado de preservar el contexto y asegurar la correcta representación de lo que dijo el General, sin que los párrafos sean innecesariamente extensos. Cada uno de ellos viene acompañado de mis observaciones.
SC: Yo tengo perfectamente claro qué sucedió con nuestra gente. ¿Qué sucedió con los estudiantes?, yo no puedo investigar.
El Ejército dispone de la mayor estructura de inteligencia entre las instituciones mexicanas, y sin duda, en el estado de Guerrero. Sus cuarteles están ubicados estratégicamente en el territorio, controlando todos los puntos clave, desde donde identifican los movimientos de transporte. Sus informantes ocupan puestos en las corporaciones de seguridad, desde donde establecen relaciones de influencia con autoridades civiles y personalidades locales prominentes. Sus unidades recorren carreteras y caminos, y son las únicas fuerzas del Estado que pueden ganar acceso a los sitios a los que la policía no se atreve a acercarse. Si se registró el traslado forzado de un gran número de personas, su retención en algún lugar o alguna matanza, la colaboración del Ejército para averiguarlo sería vital.
En el 27 Batallón no había gente. Estamos hablando de las ocho, ocho y media, nueve y hasta la una o dos de la mañana. Nuestra gente también tiene familia, también sale a estar con sus familias, los que no están de servicio. Entonces, teníamos un porcentaje, mínimo, de gente disponible para salir a ver a sus familias. En todos los cuarteles del país tenemos algo que se llama fuerza de reacción. En el 27 Batallón también había una fuerza de reacción que desde las 11 de la mañana, aproximadamente, estaba atendiendo un accidente en la carretera federal que va de Iguala a Puente de Ixtla, de una pipa que transportaba nitrato de amonio, se volteó, obstruyó los dos carriles de esa carretera, y estaba parado el tráfico, con el riesgo de un problema mayor. Nuestra gente fue allá a atender este problema y regresó alrededor de las 10 y media de la noche. Ya había pasado mucho de lo que ahí se dice. Y a partir de que llegan es cuando empiezan entonces sí a salir. Antes no fue posible que atendiéramos.
Los efectivos del 27 Batallón fluctúan entre 500 y 600. De lo que afirma el General Cienfuegos se desprende que es normal que se dé permiso, en un solo día, a una cantidad de soldados tal que el cuartel se queda casi vacío, apenas con la guardia mínima y una fuerza de reacción. El General no menciona que ese campo militar dispone de unidades adicionales, pues alberga de manera permanente al Tercer Batallón de Fuerzas Especiales y de manera provisional al 41 Batallón de Infantería, que está a cargo de Teloloapan.
Ese día, en efecto, se produjo el accidente de un tractocamión cerca del poblado de Cieneguillas, en la autopista que va a Puente de Ixtla y Cuernavaca. Los partes de novedades de dos oficiales a cargo, el capitán Martínez Crespo y un sargento no identificado, así como el del coronel Rodríguez Pérez, dan cuenta de varias salidas a Cieneguillas y reincorporaciones al cuartel: un teniente salió a las 10:55 y regresó a las 20:00 horas; el coronel Rodríguez Pérez, de las 13:30 a las 15:00; otro teniente, de las 14:30 a las 15:50. El último en retornar es un teniente más cuyo nombre aparece tachado, a las 23:00. Esto indica que el asunto no ocupó a todos durante la totalidad del tiempo. En ningún documento se consigna que haya salido un capitán segundo, el grado que corresponde al del comandante de la Fuerza de Reacción, José Martínez Crespo.
El General afirma que “ya había pasado mucho de lo que ahí se dice”. A las 23:00 habían herido gravemente a Aldo Gutiérrez y los 43 estudiantes estaban siendo trasladados a algún sitio, en movimientos que deberían haber sido registrados por el C-4 y reportados en tiempo real a la comandancia. Otros crímenes fueron perpetrados después: la persecución de los jóvenes que escaparon del Estrella Roja, el ataque a Los Avispones que dejó tres muertos, la balacera de las 00:30 que concluyó con tres jóvenes fallecidos y otros más con heridas de gravedad.
Pero la primera acción documentada del Ejército se registra cuando –entonces sí– ya casi todo había pasado: a las 00:30, con la salida no de una, sino de dos fuerzas de reacción, una de ellas al mando del capitán Martínez Crespo.
En esta administración, para antes de ese día, llevábamos más de 100 eventos contabilizados de estos jóvenes de Ayotzinapa que salían a las calles a hacer lo mismo, a secuestrar autobuses, a tomar mercancía de los camiones éstos de papitas y refrescos y todas esas cosas, a exigirles a los ciudadanos el que aportaran recursos. En todas esas ocasiones supimos que salieron, y qué estaban haciendo, y en ninguna intervinimos, ¿por qué aquí deberíamos haber intervenido?
El General Cienfuegos parece creer que no hay diferencia entre unos robos de mercancía y una operación masiva y coordinada de persecuciones, asesinatos y desaparición forzada.
¿Dónde estaba la Policía Estatal? La Municipal estaba atendiendo el problema. La Estatal yo no sé, no he sabido que haya estado ahí, o la Policía Federal, que también la señalan, tampoco tengo conocimiento de que haya estado ahí. Y si no ha pasado la Policía Estatal, y si no ha pasado la Policía Federal, u otras policías, ¿por qué tenía que haber estado el Ejército?
La voluntad del Ejército de cumplir con su deber depende, entonces, de la que demuestren otras corporaciones, y no de su propio compromiso.
Ingresar a las instalaciones militares… ¿por qué? La Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión Interamericana y también dicen que no hay ningún indicio de que el Ejército haya participado. ¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles? El día 27 estuvieron en el cuartel un (agente del) Ministerio Público, estuvo el presidente de la Comisión Derechos Humanos del Estado, ingresaron, preguntaron, hablar con el comandante o algunos padres de familia y se cercioraron que no teníamos nada. (Los padres y madres de los 43…) Vinieron al cuartel, se habló con el comandante, les permitió el acceso, platicó, les dio respuesta a sus preguntas, le pidieron apoyo para buscar a los jóvenes, se les pidió que trajeran fotografías y nombres para empezar a buscarlos, nosotros no sabíamos que habían desaparecido y entonces empezamos también a participar en la búsqueda. Entonces yo no entiendo el por qué querer obligar a las fuerzas armadas a abrir su casa.
“Lo que nosotros estamos entendiendo, y lo que nos están, se está descubriendo, es que fue la participación del Ejército. Nunca fueron entregados a la maña, fueron entregados al ejército”, me dice Mario González Contreras, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández. Ésta es una de las fuertes sospechas entre los familiares de las víctimas y el Ejército estaría interesado en disiparla abriendo sus puertas, si no tuviera motivos más fuertes para mantenerlas cerradas. Los testimonios de los padres y madres que acudieron al batallón a preguntar por sus hijos (así como los de Los Avispones y sus familiares), refieren desdén, burlas y malos tratos, no acceso y apoyo. Sólo porque con ellos se encontraba un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lograron –por su conducto– obtener la atención del coronel Rodríguez Pérez. Es engañoso asegurar que la comisión ingresó al cuartel, pues no pasó más allá del punto de recepción. Sólo un poco más de suerte tuvo el Ministerio Público: al asegurar que “se cercioraron que no teníamos nada”, el General da a entender que pudieron buscar donde quisieron, pero no fue así. Según el acta de inspección ocular del cuartel elaborada por el agente del MP, el coronel le manifestó “que por motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones”; el investigador consignó que “un área de sanitario habilitado como área de seguridad con puerta de celda” es “utilizada como depósito de enervantes, la cual se encuentra cerrada con candado”, y de ella sólo pudo tomar fotos exteriores.
Sus cuarteles están abiertos, lo acabo de decir. En agosto tuvimos 234 mil mexicanos en la Base Aérea de Santa Lucía. Entonces dicen que los tenemos retenidos, ¿para qué los queremos? O sea, ¿con qué finalidad podríamos tenerlos, en dónde y para qué? Otros dicen, por ahí hubo un catedrático, que dicen que fueron quemados en los hornos crematorios modernos del Ejército. A ver, nosotros no tenemos hornos crematorios, y mucho menos modernos, ni modernos ni viejos. Tenemos un velatorio militar donde hay un horno crematorio que está en la salida a Cuernavaca. Es lo único.
Esa Base Aérea celebra espectáculos públicos que el General Cienfuegos utiliza para demostrar que los cuarteles están abiertos, como si uno pudiera entrar a cualquiera. El catedrático al que se refiere, que probablemente es Jorge Montemayor Aldrete, ha indicado que una posible incineración de 43 personas habría generado un pico irregular en el consumo de gas natural, que sería detectable si se recabaran los datos correspondientes a la región, y específicamente al campo militar, pero la investigación oficial no los solicitó.
Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la Procuraduría General de la República, algunos hasta cuatro veces, sin tener un solo señalamiento, entonces no sé qué es lo que se espera que haga la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas.
El GIEI ha presentado evidencias de que no han sido interrogados todos los efectivos que podrían aportar información relevante –desde los operadores militares del C-4 hasta el General Saavedra Hernández–, y que las preguntas que se les han hecho con frecuencia son sobre generalidades del servicio y en todo caso no abarcan la totalidad los asuntos relevantes ni profundizan en ellos. Durante los 13 meses de su presencia en México, los miembros del GIEI insistieron en llamar a declarar a los soldados y estar presentes mientras el Ministerio Público les toma declaración, para poder presentar preguntas y repreguntar cuando fuera requerido. Nunca se les permitió hacerlo.
¿A quién apoyaría usted? ¿A la policía que estaba tratando de controlar a jóvenes que estaban robando autobuses o a los estudiantes que estaban violentando las cosas? ¿A quién se debería de apoyar?
El General Cienfuegos describe esta amplia operación criminal como el intento de una fuerza legítima por impedir actos vandálicos.
El comandante del batallón habló con el director de seguridad pública municipal, le preguntó que qué había, y él le dijo no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos, eso le dijo el director de la policía –que anda huyendo– al comandante del batallón.
El director de Seguridad Pública municipal era Felipe Flores, el exmilitar que sirvió en el 27 Batallón. De lo afirmado por el General Cienfuegos se desprende que lo que dijo un policía municipal fue determinante en la comprensión que el Ejército, con sus activos de inteligencia, tenía de lo que estaba ocurriendo.
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Entonces yo no entiendo ahí que si supimos, que si no participamos, que si no evitamos la masacre. Pues ¿cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos jóvenes que iban ahí eran los estudiantes? Nosotros participamos directamente una vez que la fuerza de reacción que estaba atendiendo un accidente, regresó al cuartel y llegando ahí le dicen hay que ir a tal lugar, sabemos que hay problemas, y es cuando sale la fuerza a patrullar, ya habían pasado las cosas. Y no hay ninguna omisión, no hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie.
Posiblemente, al tratar de defender a su corporación, el General Cienfuegos no se dio cuenta de que estaba describiendo a una fuerza militar desinformada, imprevisora, limitada y distraída, y además inconsciente de sus responsabilidades. Y estaba mintiendo: de los pocos documentos que la Sedena ha liberado, como la tarjeta informativa 22632 del coronel Rodríguez al General Saavedra, se comprueba que los comandantes sabían que eran estudiantes, qué propósitos tenían y que estaban siendo atacados por policías locales. La afirmación, realizada en otros momentos, de que el Ejército desconocía que la policía y las autoridades igualtecas estaban controladas por el crimen organizado, pese a las denuncias presentadas, la violencia cotidiana y la observación directa, equivale a una grave autocrítica de la institución armada.
Había un joven que estaba herido, y hay fotografías, del labio superior, de un rozón, de un balazo, que estaba sangrando, y el resto no tenían absolutamente nada. Se dice que los soldados llegaron, los intimidaron, los ofendieron, los pegaron a la pared, les tomaron fotografías a cada uno. Bueno, pues está comprobado que no es así, ahí había otros que no eran ni estudiantes ni militares y que observaron la escena y ya está en actas también sus declaraciones, no hubo nada, por el contrario, el oficial les ofreció el apoyo de una ambulancia, que no quisieron. Aún así el oficial habló a la Cruz Roja de Iguala y llegaron dos ambulancias al lugar. Cuando llegan las ambulancias, ellos ya se habían retirado.
Según Ricardo Mejía Berdeja, quien fue diputado federal de 2012 a 2015 y miembro de la primera Comisión del Caso Iguala-Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, cuando él y sus compañeros legisladores se reunieron en privado con el Secretario de la Defensa Nacional, el 13 de noviembre de 2014, “el General Cienfuegos fue muy insistente en que ellos no pueden alejarse del protocolo y sólo pueden actuar cuando hay una petición de autoridad, y que en este caso no hubo una solicitud como tal para que intervinieran”. Le pregunté cómo es que, en cambio, sí acudieron al hospital Cristina e intervinieron, en respuesta a una denuncia hecha mediante una llamada anónima. “Bueno, ahí lo que nos comentaron fue lo que señalo y pudiera, efectivamente, aparentar una contradicción”, respondió Mejía Berdeja.
El General Cienfuegos insiste en que los estudiantes recibieron un buen trato a pesar de sus propios testimonios. Los del personal médico presente están en entredicho a partir de que su jefe, el doctor Ricardo Herrera, fue llamado a reunirse con el General Saavedra en dos ocasiones, sin cumplir con el requisito de dejar registro de sus entradas al cuartel.
La petición de una ambulancia se registró en el C-4 después de casi una hora de que los militares habían llegado a la clínica, a pesar de la gravedad del estado del herido.
Él tenía dos o tres meses de haber ingresado a la Normal y quería estudiar para maestro, hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía. En dos, tres meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada.
El General Cienfuegos se refiere a uno de los 43 desaparecidos que, afirma, era un militar en activo con permiso para estudiar. Según los padres, no estaba en activo pues había desertado del servicio. El Secretario no desmiente que se esperara de él que proveyera información sobre la Escuela Normal, ni que el Ejército infiltre a agentes de inteligencia en Ayotzinapa: sólo hace saber que son necesarios más de tres meses para que alguien empiece a servir de algo.
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Bueno yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento.
El GIEI no pidió que los militares fuera llamados a declarar por estar involucrados como agresores, sino porque, a partir de su participación en esa noche, poseen información que puede ser relevante para los investigadores.
Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. Las Fuerzas Armadas de cualquier país representan su soberanía. Deben representar su dignidad.
La soberanía y la dignidad no son valores que sean agredidos por la participación de un extranjero, avalada por un acuerdo del gobierno, en una diligencia ministerial.
Yo no puedo permitir que a mis soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos. Ésa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio, también.
El rechazo del gobierno mexicano a permitir que los militares fueran entrevistados por el GIEI se convirtió en un problema en sí mismo, de escala internacional, y dio origen a fuertes tensiones con la OEA. Para el General Cienfuegos, en contraste, se trataba de un asunto de orgullo personal, dependiente de su carrera y su prestigio. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, replicó: “En su caso, será el Presidente de la República el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras del Secretario de Defensa son las últimas”.
