“Dice que él cuando iba a la guerra, vivía en un rancho ‘Las Moras’ y que le dijeron que se iba a hacer la guerra. Entonces lo que hizo fue sacar a mi mamá. Cuando se encontraron a los militares, ellos les tiraron todo lo que traían, lo agarraron a él y a su hermano para sacarles la verdad de los guerrilleros colgándolos”. Este fue el testimonio de Elida Rivera, hija de Paulino Rivera Contreras, quien padeció la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial por fuerzas del Estado en 1965; el testimonio fue recogido en los Diálogos por la Verdad celebrado en Chihuahua, el año pasado.

Los Diálogos por la Verdad fueron una de las herramientas utilizadas por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) para recoger testimonios y evidencias de cómo a lo largo de décadas el Estado utilizó diversas formas de represión para perseguir y desmantelar a sujetos que participan en organizaciones consideradas como disidentes u opositoras al sistema político. A lo largo de dos años, el MEH recogió el testimonio de mil 139 personas víctimas directas e indirectas de las distintas violencias estatales que el Estado mexicano desplegó para mantener su dominio autoritario frente a la sociedad mexicana.

El MEH está integrado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos, Carlos A. Pérez Ricart y Eugenia Allier Montaño. Los tres primeros presentaron el informe “Fue el Estado (1965-1990): Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, el pasado 16 de agosto, y la doctora Allier Montaño presentará próximamente su informe a diversas organizaciones político-militares y sociales que actuaron en el periodo de la llamada “Guerra Sucia”.

El informe final “Fue el Estado” es parte de los trabajos de la llamada Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial en octubre de 2021. El nombre oficial de este organismo es más largo: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, conocida como CoVH.

El decreto presidencial estableció que esta comisión estuviera integrada por cinco instancias: 1) el Mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico; 2) un Comité para el Impulso a la Justicia; 3) Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición; 4) un Plan de Búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia; y 5) Plan Especial de Reparación y Compensación.

Todos estos esfuerzos son un compromiso del actual Gobierno para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia que el Estado mexicano ha perpetrado en las décadas pasadas. A lo largo de años, los sobrevivientes de esos actos de represión y las familias víctimas no han dejado de luchar para exigir justicia y castigo a los culpables de atroces actos de represión.

En sus sucesivas campañas electorales, Andrés Manuel López Obrador se había comprometido con varias organizaciones y familias de víctimas de la Guerra Sucia que, de llegar al Gobierno, se comprometería a buscar la verdad y la justicia en estos casos. Como Presidente, impulsó en su Gobierno la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y la CoVH.

El informe “Fue el Estado”, del MEH, es parte de estos compromisos. Y el informe es devastador. Señalan los integrantes del mecanismo en el primer volumen: “Entre 1965 y 1990 México vivió años aciagos. El Estado autocrático se erigió en un estado violento, que implantó una política contrainsurgente que socavó el estado de derecho y desencadenó violaciones graves a derechos humanos. Pobreza y violencia fueron el binomio maléfico que erosionó el territorio nacional. El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias. Los perpetradores del Estado se especializaron en hacer más cruento el sufrimiento de las víctimas. Su monstruosidad fue premiada por el régimen condecorando a los violadores de derechos humanos. El país fue rehén de los actores armados del Estado que portaban charolas para matar. Incubaron cuerpos paralegales y privados para aterrorizar a la población y purgar las regiones de los insurrectos y de los grupos disidentes. Sembraron la muerte en la tierra, en el mar y en los calabozos. Desaparecieron cuerpos en pozos, fosas comunes, lagunas y mares” (el documento se puede consultar aquí: https://cutt.ly/jenVhQLz).

Muchos de los casos de represión y violencias estatales realizadas por el Estado mexicano en ese periodo son ya conocidas, algunas de manera exhaustiva como la masacre del 2 de octubre de 1968 o El Halconazo del 10 de junio de 1971, pero el MEH da a conocer episodios desconocidos o poco conocidos que fueron igual o más trágicos que los dos casos mencionados. Un ejemplo es la masacre de al menos 600 personas ocurrida en Monte de Chila, municipio de Jopala, en la Sierra Norte de Puebla en 1970.

En la mayoría de los estudios sobre la represión en México se enfatiza el uso de la violencia estatal como un mecanismo de control y sometimiento político. En el informe “Fue el Estado” se coincide con este análisis, pero se añade que la represión también fue funcional para la reproducción del modelo de acumulación de capital en México: “Este Informe da cuenta de la extensión y la intensidad de la violencia ejercida por el Estado mexicano, de la amplitud del conjunto de personas y actores sociales que fueron víctimas de la lógica contrainsurgente del Estado. Miembros de organizaciones político-militares, de disidencias político-partidarias, de movimientos estudiantiles y de movimientos obrero-sindicales fueron blanco de esta violencia por motivos ideológico políticos. Sin embargo, los hallazgos de esclarecimiento muestran de manera contundente que la represión del Estado no se circunscribió a esos ámbitos. Durante aquellos años, se buscó disciplinar a una variedad de poblaciones en las que el Estado infería semilleros de potenciales disidentes que cuestionarían su hegemonía. La violencia fue mucho más allá. Los medios coercitivos del Estado no sólo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal”.

Luego de dos años de trabajo de recopilación de testimonios y de indagatorias en cientos de archivos de diversas instituciones públicas, los integrantes de este mecanismo concluyeron que entre 1965 y 1990 (un periodo de tiempo fijado arbitrariamente porque ha habido represión estatal antes y después de esta fecha), el Estado cometió cientos de violaciones graves a derechos humanos que dejaron miles de víctimas. Este es el saldo total: “A partir del estudio de casos a profundidad en todos estos contextos de violencia, la colección del Informe final ‘Fue el Estado’ (1965-1970) logró identificar ocho mil 593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos (detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, masacre, tortura sexual, violencia sexual, violencia reproductiva y exilio). Contra muchas de estas víctimas se cometió más de una violación grave, o bien, la violación se cometió en más de una ocasión: lo anterior permitió dar sustento historiográfico a la comisión de 11 mil 743 violaciones graves a derechos humanos contra víctimas de los once contextos investigados de esta colección. Dentro de estas violaciones sobresale el número de masacres. Durante el periodo 1965-1990 se logró dar cuenta de 46 eventos de masacres dentro de las cuales se logró identificar al menos a 385 víctimas mortales. Este ejercicio, permitió también dar cuenta de un estimado de víctimas de desplazamiento forzado que asciende a 123 mil 034 ocurridas en 113 diferentes eventos. Por último, el trabajo de esclarecimiento también permitió arrojar luz sobre personas afectadas por otra serie de otras violaciones a derechos humanos y otras violencias asociadas a las violaciones graves investigadas, por ejemplo, aquellas ocurridas en el marco de ocupaciones militares/policiales a territorios en las que se logró documentar un aproximado de 167 mil 391 personas afectadas”.

Se trata de actos de represión en contra de movimientos y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas movimientos urbano-populares, periodistas, comunidad LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, luchas contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, personas y grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo, entre otros. Todos los perpetradores vivos de estas violencias, deben ser castigados. Cortar con la impunidad es el único camino para llevar justicia y verdad a las víctimas y aspirar a que nunca más se cometan estas violencias estatales en contra de la población.

El informe del MEH con sus seis volúmenes y anexos de mas de ocho mil hojas debe ser revisado cuidadosamente para identificar a los responsables de ordenar, diseñar e implementar estas políticas de contrainsurgencia que cegó la vida de miles y afectó a cientos de miles de mexicanos, solo por pensar distinto al régimen, por exigir tierra, vivienda, educación, salario digno, defender el amor a una persona del mismo sexo, publicar la verdad en la prensa, luchar por un México democrático o sólo por desear un mundo mejor para sus hijos.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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