Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos quieren que las autoridades demuestren con pruebas que no hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida como lo asegura el informe que presentó la semana pasada la Comisión de la Verdad.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no desestiman el informe presentado esta semana por la Comisión de la Verdad, pero piden pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, así lo informó Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y abogado de las familias.
“Las familias de las y los 43 merecen pruebas contundentes, irrefutables de que los estudiantes ya no están vivos. Necesitan certezas indubitables, certezas de que sus hijos están sin vida”, dijo Rosales en entrevista con el noticiero del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de México.
“Esto no significa que desestimamos el informe”, aclaró.
La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes, dijo el pasado 18 de agosto en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
Vidulfo Rosales destacó que el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concentra tres puntos importantes:
–Se reconoce que es un crimen de Estado
–Se establece responsabilidad de los tres niveles de Gobierno.
–Se establecen los sucedido en 2014 como un hecho complejo.
No obstante, dijo, un cuarto punto, polémico, es la suerte de los estudiantes.
“No vamos a desestimar lo que está apuntando el informe, pero tampoco hay una aceptación tal cual”, explicó el abogado al señalar que para sustentar la nueva versión oficial se requiere certeza científica.
“Para establecer el paradero de los jóvenes normalistas al día de hoy hay elementos preliminares, pero deben ser corroborados. La Fiscalía debe seguir echando mano de más testigos, informantes, colaboradores”, agregó. “Falta todavía dilucidar. Lo cierto es que no tenemos a los 43”.
LOS HALLAZGOS DEL INFORME
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
El Subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
El Subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
