Se han cumplido diez años de uno de los hechos más terribles y sangrientos de la historia reciente de nuestro país. La masacre de 72 personas migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, en San Fernando, Tamaulipas es un hecho que avisó sobre el despunte de una historia de atrocidad y dolor de la que hasta ahora no nos hemos podido librar.

La violencia que azota distintos países de la región y los grandes proyectos extractivos convierten a la migración en la única opción de supervivencia. En México, sin embargo, quien opta por este camino se enfrenta siempre a la crudeza del crimen organizado y a la indolencia del Estado.

Antes de la masacre en 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había alertado al gobierno federal sobre el incremento exponencial del secuestro de migrantes en el país. Las autoridades cerraron los ojos y taparon sus oídos, esas vidas solamente les representaron uno más de los muchos daños colaterales que traía aparejada la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En el libro de sus hazañas, Felipe Calderón otorga un párrafo a estos hechos en los que escribe:

“De los 73, sólo uno sobrevivió milagrosamente y narró la dantesca escena. Un aspecto trágico de este episodio, uno de los más tristes en materia de seguridad durante mi administración, fue que los migrantes fueron puestos en manos de sus asesinos… ¡por los propios policías municipales de San Fernando!”.

Sin embargo, nada se hizo, esos policías cuya participación terminó sorprendiendo al ex Presidente no fueron investigados y aún cuando existen algunas personas procesadas (quince en total), no hay sentencias. Una década ha pasado y nadie es capaz de explicarles a las víctimas por qué, quién, cómo.

Las preguntas solo han tenido respuestas por el sobreviviente, por las víctimas que han indagado para obtener un poco de verdad, por los periodistas que, aún frente a un riesgo muy alto de ser objeto de agresión, han investigando y dado cuenta sobre los hechos y, por las organizaciones civiles que como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) han insistido por una reparación integral del daño que implique justicia completa y verdad para las víctimas y la sociedad.

Así, un litigio de nueve años entre ARTICLE 19 y la FJEDD logró que se levantara la reserva de la investigación -aún cuando la Fiscalía no ha dado cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI)-. Pasaron muchos años para que los familiares pudieran conocer aquello que la Fiscalía había o no investigado. También fueron las mismas víctimas quienes impulsaron la creación de una Unidad Mixta de Investigación criminal dentro de la Fiscalía General que permita analizar el contexto y la situación que dio lugar no solamente a esta masacre, si no también a la ocurrida un año después en el mismo municipio donde se encontraron los restos de más de 190 cuerpos y la ocurrida en 2012 en Cadereyta, Nuevo León en la que se descubrieron los torsos de 49 personas.

Del Estado, nada; al contrario, las instituciones siguen en deuda. A la vez que el gobierno niega su deber de recordar, se reitera su participación en la violación y confirma su calidad de perpetrador.

Ahora, el Presidente López Obrador, como en muchos otros casos, se ha comprometido a no dar carpetazo al asunto, a investigar y sancionar. Para esto es importante que la Fiscalía -según autónoma- se comprometa a hacer una investigación de las estructuras jerárquicas que participaron en la agresión, del crimen organizado y de la actuación en general del Estado, no solo al momento de ocurrir los hechos sino antes, al pasar por alto ese incremento de secuestros y, después, con la repatriación de los cuerpos y el engaño a los familiares al momento de recibirlos o al mantener el caso en la impunidad.

La masacre de los 72 migrantes es parte de una historia de negación, de soslayo y negligencia que no puede quedarse en las “hazañas” o si acaso “lamentos” de un ex Presidente. El fenómeno migratorio crece y, mientras este caso no encuentre solución, la vida de miles de personas migrantes está en riesgo.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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