SERIE: GOBERNADORES DE OPOSICIÓN | Ante la disputa entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, la violencia es el mayor problema de Sinaloa, del cual se desprenden otros (más de cuatro mil desplazados, 2 mil desaparecidos, y ser uno de los seis estados con menor crecimiento). Sin embargo, y aunque entregará las cifras de violencia más altas en la historia de la entidad, para su Gobernador, Mario López Valdez, “los que andan delinquiendo no están saliendo ni de Los Pinos, ni de Palacio de Gobierno; están saliendo de nuestras casas”. Hay más de un millón de pobres y la gente emigra en búsqueda de empleo, pero, para Malova “tiene hambre el que es flojo”. Esos son los resultados que entrega un Gobernador de aparente oposición.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Con un delantal de Home Depot puesto, de visita en Guasave, el Gobernador de Sinaloa confió en resolver, antes de irse, el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar.
Hace cinco años que lo mataron. “Pareciera ser que solamente nos acordamos cada vez que cumple años, pero no: en las reuniones de revisión de casos pendientes nosotros le damos seguimiento. Por desgracia, hasta ahorita no se ha podido clarificar ni se ha podido detener a los responsables. Hay varias líneas de investigación que están ahí, en el expediente. Es un expediente grande. Pero es algo en lo cual no hemos podido llegar al final”, reconoció.
Mario López Valdez soltó, entonces, una frase que marca su sexenio: “ojalá podamos tener ya resultados antes de que nos vayamos”.
López Valdez fue oposición solo en la campaña por la gubernatura. Posteriormente constituyó un gobierno con priistas y luego le abrió la puerta del Palacio de Gobierno al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ya se va, pero a lo largo de estos seis años, su gestión acumuló un déficit en derechos humanos; hubo ataques a la prensa crítica y entregará las cifras de violencia más altas en la historia del estado, así como una significativa deuda de corto plazo.
Además, a los miles de desplazados y desparecidos por la presencia de décadas del crimen organizado, se suman los sinaloenses que se ven orillados a migrar a otras entidades o a Estados Unidos ante la pobreza y falta de empleo bien remunerado, resultado de un débil crecimiento.
Que López Valdez haya sido candidato de partidos de oposición al Tricolor no marcó la diferencia. Su gobierno, dicen académicos y críticos, se quedó en la frase de ayer: “ojalá podamos”.
“Malova fue oposición en la campaña para Gobernador. Ahí se confrontó con un grupo del PRI y fue en alianza con el PAN-PRD, y en menor grado con Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Pero una vez llegando al poder, ante las presiones de los líderes de esos partidos, él pintó su raya y dijo que desde ese momento era un Gobernador ciudadano”, documentó el politólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ernesto Hernández Norzagaray.
Su gobierno, afirmó, es de priistas. En las elecciones de 2012 y de 2015 Malova apoyó a los candidatos del Tricolor y no con quienes fue en alianza para ganar la gubernatura. Ante ello, Gustavo Madero, ex dirigente del PAN, “fue a Culiacán a romper relación política con Malova. El partido que perdió más fue el PAN porque en 2004 estuvo a punto de ganar la gubernatura y en 2016 solo obtuvo 17.60 por ciento de la votación”.
“Al gobernar con los priistas, prácticamente las iniciativas que mandó [al Congreso estatal] no tuvieron oposición. En las cuentas públicas, la Auditoría Superior del Estado tiene unos asuntos abiertos contra él, pero ha tenido el blindaje del poder legislativo. Hay quienes afirman que una de las grandes virtudes que tiene el gobierno de Malova es que prácticamente desapareció a la oposición, lo cual se ve en la última elección”, en la cual se pasó la estafeta al priista Quirino Ordaz.
VIOLENCIA, EL MAYOR PROBLEMA
La violencia es el mayor problema de Sinaloa, del cual se desprenden otros, de acuerdo con el director del diario Noroeste y politólogo, Adrián López Ortiz. Sin embargo, para Malova, “los que andan delinquiendo no están saliendo ni de Los Pinos, ni de Palacio de Gobierno, están saliendo de nuestras casas”.
El actual Gobernador de Sinaloa llegó justo en medio de la escalada de violencia tras el rompimiento de los Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el artículo “Las cuentas de Mario López Valdez en seguridad” del director de Noroeste.
“El principal problema y del cual se desprenden otros más es sin duda alguna el tema de la violencia, del crimen organizado instalado en Sinaloa desde hace varias décadas. Es un poder paralelo que existe en el estado”, aseguró el académico Ernesto Hernández Norzagaray. “Es una actividad que afecta las actividades económicas del estado; la sensación de extorsión y secuestro es una realidad no solo entre los grandes empresarios, también entre negocios. En la medida que no se corrija este problema estructural, Sinaloa seguirá siendo una economía que combina elementos de actividades primarias y secundarias con la que se desprende de las actividades del narco”.
Sin embargo, su jefe de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, es señalado de tener vínculos con el narcotráfico y en el 2010 su nombre apareció en un listado difundido por la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de los hombres más buscados al servicio del crimen organizado, reportó el periódico español El País. También es investigado por tortura.
“Con blancas palomitas no podemos enfrentar a la delincuencia”, justificó López Valdez sobre la designación de Aguilar Iñiguez en ese cargo a pesar de sus antecedentes penales. “Él [Aguilar Iñiguez] no podría estar en ese puesto sin el visto bueno del cártel, el narco dicta quién va a estar ahí para que facilite su operación”, afirmó a El País el director del diario local Río Doce, Javier Valdez.
El resultado: “Malova entregará las cifras de violencia más altas en la historia del estado”, sostuvo Arturo Santamaría Gómez, autor de libros sobre narcotráfico. “Las cuentas son muy malas, el Gobernador trata de evadir el tema, da respuestas muy evasivas, no muy contundentes. Lo que revela es la impotencia ante esta escalada de violencia aunque prometió que la iba a enfrentar”.
De 2005 a 2010, durante la administración de su predecesor Jesús Aguilar Padilla, se registraron 6 mil 626 asesinatos, y del primero de enero de 2011 al 28 de enero de 2016 –un año antes de que termine la gestión de Malova– iban 6 mil 634, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Gobierno estatal solo invirtió en armas y patrullas.
Además, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses ha documentado que a mayo de 2016, iban 421 feminicidios en Sinaloa, frente a los 356 registrados en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla. A pesar de que la organización civil ha exigido que se emita la Alerta de Género, el Gobierno estatal no lo ha hecho.
DESPLAZADOS Y DESAPARECIDOS, ENTRE LAS BALAS
–¿Hay colusión entre las autoridades de Sinaloa y el crimen organizado?
–Uno sospecha. Tendría que haber pruebas contundentes, pero nadie las tiene. Pero no habría tanta fuerza del crimen organizado. Aunque es por municipios. En uno apoyan a un cártel y en otro municipio a otro. No hay un apoyo dirigido a un sola fuerza del crimen organizado –puntualizó Arturo Santamaría Gómez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, uno de los estados más violentos del país, “fue un poco antes” de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa y actualmente en una prisión de Ciudad Juárez.
“Hubo una pugna interna, una versión de que hay una lucha de liderazgo entre la fracción de ‘El Chapo’ y el intento de regreso de los Beltrán que también provoca enfrentamientos”, aseguró.
Entre los balazos y la lucha interestatal de los cárteles por el territorio sinaloense, se han acumulado miles de desplazados y desaparecidos.
El periódico local Río Doce lo documentó: van más de cuatro mil sinaloenses desplazados en los últimos cuatro años.
“De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu), son aproximadamente 690 familias las que viven desplazadas desde hace cuatro años. La dependencia estima que son alrededor de 2 mil 700 personas las que permanecen sin poder volver a sus comunidades.
“A esas personas se suman al menos 300 familias que huyeron de los poblados de La Tuna y otros de Badiraguato, por los enfrentamientos entre el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el de Sinaloa. La Sedeshu estima que en promedio son 4.5 personas por familia en la zona rural del estado, lo que significaría que el número de desplazados por la violencia aumentó a más de cuatro mil 50 personas”, reportó el diario.
Asimismo, ante la ausencia de miles de personas, sinaloenses han salido a buscarlos. 2 mil 016 personas sin localizar, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Sinaloa. Familiares de las víctimas dudan que las cifras oficiales sobre desaparecidos sean verdaderas.
Durante sus recorridos, han evidenciado cientos de fosas.
“Voces Unidas por la Vida” es una organización integrada por familiares de desaparecidos y por activistas financiada con sus propios recursos. No cuentan con ningún subsidio.
También surgió el grupo “Desaparecidos de El Fuerte”, mejor conocido como “Las Rastreadoras de El Fuerte”, integrado por mujeres que quieren volver a ver a sus hijos.
“Tenemos un incremento de la violencia y tenemos casos de desapariciones forzadas; casos de corrupción policial, fosas que han aparecido sobre todo en el norte del estado. Esto se complementa con un más de 95 por ciento de impunidad. En materia de derechos humanos el gobierno de Malova deja un déficit”, concluyó el politólogo Ernesto Hernández.
“EN SINALOA LA TORTURA SE TOLERA”
De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.
“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos.
Entre estas cifras se encuentra la historia de Yecenia Armenta Graciano, una mujer originaria de Guasave que vivió casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, era un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales.
A este caso se suma el de dos jóvenes señalados por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.
A pesar de todos los abusos a los que fue sometida Yecenia, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez no presentó ninguna prueba legítima y concreta.
“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a este sitio en mayo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.
También en Sinaloa, Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades como los culpables del asesinato de dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico. Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.
AGRESIÓN A LA PRENSA
De 2009 a 2015, Artículo 19 documentó 61 agresiones contra la prensa en Sinaloa. Durante el primer semestre de 2016, van seis.
“Especialmente Noroeste lo ha sufrido. Algunos reporteros y distribuidores del diario han sido atacados tanto en sus labores diarias como con cierto hostigamiento de los policías”, afirmó Ernesto Hernández, de la UAS. Pero también, dijo, el semanario Río Doce y una colaboradora de El Debate.
En este año Noroeste ha recibido al menos seis agresiones. En julio, un reportero recibió dos llamadas donde lo amenazaron exigiéndole retirar del portal un video sobre unos disparos realizados en una fiesta en Alhuey, Angostura.
Este fin de semana, María Teresa Guerra Ochoa, una luchadora social y que hace periodismo a través del diario El Debate, sufrió un robo en su oficina. Se metieron el sábado pasado y extrajeron documentación que tiene que ver con su trabajo, particularmente con una demanda por daños al honor del Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, hermano del esposo de Yecenia Armenta, la mujer torturada.
En marzo, la periodista fue demandada por la vía civil por supuesto daño moral, por el entonces candidato a la gubernatura del estado por el Partido Sinaloense y ex rector de la UAS. De acuerdo con el político, la comentarista radiofónica dañó su reputación y afectó su credibilidad, por lo que pidió una indemnización y disculpa pública.
En entrevista con Grupo Fórmula, Guerra indicó que ha tenido una actitud de persecución contra quienes han “abordado sus excesos en el servicio público”.
CRECIMIENTO DÉBIL Y DEUDA
Sinaloa registró en los cuatro últimos años una tasa de crecimiento inferior a la del promedio nacional y está entre los seis estados con más baja tasa de crecimiento a nivel nacional. Depender del sector primario y ser un estado inmerso en la violencia han sido las principales causas de su estancamiento, sin embargo, para Malova en ese estado “tiene hambre el que es flojo”.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese periodo tuvo un crecimiento acumulado del 8.32 por ciento frente al promedio nacional de 12 por ciento.
Que la locomotora avance a ese ritmo se deriva de que la actividad económica de Sinaloa se basa principalmente en el sector primario, el cual está sujeto a fenómenos meteorológicos y climáticos; el comportamiento del precio de las materias primas a nivel internacional y a los subsidios del gobierno, explicó Gerardo López Cervantes, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El turismo se da en el sur del estado, principalmente en Mazatlán. No obstante, no se ha sabido administrar la sobredemanda y se ha llegado al encarecimiento de los precios de alojamiento y alimentación. “Eso ha sido por una falta de crecimiento de la oferta. Es falta de reacción, de tener más iniciativa. Es una acción irresponsable y abusiva del sector empresarial”, aseguró.
El politólogo Hernández Norzagaray dijo que la actividad del crimen organizado afecta las actividades económicas del estado; la sensación de extorsión y secuestro es una realidad no solo entre los grandes empresarios, también entre negocios.
El economista coincide. La presencia histórica del narco golpea al turismo internacional por “la pésima imagen que se tiene de Sinaloa”. Lo que salva a Mazatlán es el turismo nacional que no deja de llegar.
Además, ante su la presencia de inseguridad, la inversión extranjera que llega “es precaria, poca”, y se concentra principalmente en la minería. El capital es fundamentalmente chino y canadiense, pero es una inversión para extraer la materia prima, llevársela a su país de origen y convertirla en acero para que México compre la varilla.
Un crecimiento “tan débil” como el que Sinaloa ha tenido en los últimos años no genera las fuentes de trabajo que se requieren, y las políticas para combatir la pobreza tanto de los programas del gobierno federal como estatal “no han rendido los resultados que se esperan”, consideró López Cervantes.
La pobreza ha aumentado. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lo dicen. En 2012 el 36.3 por ciento de los sinaloenses vivía en esa situación, y en 2014 ya era el 39.4 por ciento de la población, es decir, un millón 167 personas.
“En Sinaloa, podríamos decir que el que se va al mar saca un pescadito; se mete a una parcela y agarra un elote; el que se mete a una huerta agarra una guayaba o una rama y se prepara un quelite”, afirmó a la prensa Mario López Valdez.
Pero para el académico de la UAS son expresiones realmente desafortunadas que no tienen sustento.
“Se genera riqueza y alimentos, pero no solo es generarlos, sino que la gente tenga la capacidad de comprarlos. Cuando no tienes un empleo que te permita adquirir esos bienes, no mejoras tus niveles de consumo”, dijo.
Ante la pobreza extrema y sin oportunidad de empleo digno bien remunerado –Sinaloa se encuentra entre los estados con la más baja remuneración en el empleo formal–, la gente emigra a Baja California Sur, Sonora, a la frontera y a Estados Unidos.
“La migración es muy fuerte. Son más sinaloenses los que salen a buscar oportunidades de trabajo que los que llegan de otras entidades a buscar; tenemos una migración neta negativa. También por eso hay tanto joven que se ha enrolado en la actividad ilícita y la delincuencia”, determinó.
Finalmente, Malova entregará una deuda a largo plazo por 7 mil 468 millones de pesos.
“La deuda contratada a largo plazo con instituciones bancarias y registrada ante Hacienda no es tan significativa, es perfectamente manejable”, destacó el economista.
Pero la deuda de corto plazo –contratos con la banca privada para solventar necesidades de gasto operativo– es la que va a generar mayor preocupación al gobierno entrante.
“El gobierno actual se ha acostumbrado a adquirir crédito de corto plazo que cuesta muchísimo al erario público y no se sabe cómo la van a cerrar en diciembre cuando entreguen”, dijo.
