Las acusaciones son contra Aposento Alto, un refugio improvisado en un templo y comedor comunitario en Lomas de Poleo; la situación quedó expuesta en una queja presentada ante la CNDH, donde también se acusa de omisión a los tres niveles de Gobierno ante las violaciones cometidas en ese lugar contra la población migrante, en el contexto del programa Quédate en México.
Por Verónica Martínez
Ciudad Juárez, 25 de julio (La Verdad).- Personas migrantes que se encuentran en esta frontera, a la espera de cruzar a Estados Unidos, destaparon casos de maltrato, acoso con mentiras y retención contra su voluntad que sufrieron durante su estancia en el albergue Aposento Alto.
Narrar esos tratos a psicólogos de una organización internacional de ayuda humanitaria provocó que, a mediados de abril, fueran echados a la calle por la pastora Belia Hernández, encargada del albergue, contaron migrantes en entrevista.
Cerca de ocho familias migrantes fueron expulsadas del albergue ubicado en la calle Tomate de la colonia Lomas de Poleo, al norponiente de la ciudad, donde desde hace más de dos años y medio se habilitó este refugio en las instalaciones de un templo evangélico y un comedor comunitario, asentados en las faldas de uno de los cerros de la zona.
“Nos corrieron a todas las personas que estábamos en el albergue por el simple hecho de decir que ya no se aguantaba más”, dijo una de las mujeres migrantes que aparece en un video grabado al dejar de Aposento Alto. En la imagen se aprecia a más de 40 personas, adultos y niños, reunidas bajo la sombra de un árbol cargando mochilas con sus pertenecías, sin saber a dónde acudir.
En entrevista, las personas denunciaron maltrato, hostilidad y manipulación en el albergue, donde además les cobraban una cuota semanal de 200 pesos por su estancia, los ponían a realizar obras de construcción de forma forzada y les vendían la comida, insumos de higiene y educativos donados por la UNICEF y ACNUR como parte de la ayuda humanitaria. Aseguran también que no los dejaban salir y que los obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no cuenten lo que ocurre en el refugio.
La situación fue expuesta también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde la queja fue admitida en mayo pasado por la dirección general del programa contra la trata de personas, con el número de expediente CNDH/5/2022/4809/Q. En la queja se acusa a las instancias de los tres niveles de gobierno por ser omisos ante agresiones denunciadas por los migrantes en ese albergue y por permitir que continúen con los que aún se encuentran en el lugar, en el contexto del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México.
Algunos de los entrevistados señalaron que sus testimonios fueron tomados hace un par de meses por personal de la Fiscalía de Chihuahua. Autoridades de esa corporación dio a conocer a La Verdad que hay una investigación en proceso sobre este caso, pero no abundaron en la información para no afectar la indagatoria.
Consultada sobre las acusaciones contra el albergue que dirige, la pastora Hernández respondió con contradicción en sus respuestas durante una breve entrevista concedida en el interior del templo.
“No sé nada” fue la respuesta inmediata de la mujer sobre las acusaciones de los migrantes, “quiero saber quién fue, qué está pasando, porque no sé”. Luego comentó que sí estaba enterada de unas quejas que se hicieron en redes sociales y dio algunas respuestas a ellas, pero cuando se le enumeraron las denuncias de los migrantes dijo: “mejor me quedo callada”.
Los testimonios de las personas que salieron de albergue narran como eran amenazados por Hernández y su hijo, Néstor Gabriel Ramírez. Todos los nombres en esta historia han sido cambiados y se han omitido algunos detalles para proteger las identidades de las víctimas.
EL COBRO POR LA ESTANCIA Y EL TRABAJO FORZADO
Diversos testimonios de personas migrantes que llegaron a hospedarse en Aposento Alto coinciden en que se les exige el pago de una cuota semanal de 200 pesos por adulto y que el trabajo forzado era constante en construcción de estructuras en el albergue, como bardas, un cuarto de lavado en la casa de la pastora y reparaciones en la casa de su hija.
Sobre esto, la pastora Hernández afirmó que en el albergue solo se agregó una banqueta que fue construida “entre todos”. No abundó más ante el cuestionamiento sobre el trabajo forzado ni sobre el cobro de la cuota.
Marcos, un migrante salvadoreño, narró que en el albergue los obligaban a trabajar sin sueldo ni horario fijo con el argumento de que con este trabajo “se pagaba su estancia en el albergue”, dijo. Pero eso era adicional a la cuota semanal que se les pedía.
La pastora les decía que la cuota que se les pedía se usaba en gastos como la compra de gas en tanques para la cocina del comedor, pero cuando el combustible se acababa también les exigían una cooperación adicional.
Marcos también llegó a pagar por pañales, toallas húmedas y vaselina para sus hijos que se supone les entregaban en donación. Además, se les obligaba a asistir al servicio religioso de la iglesia evangélica encabezada por la pastora, aunque profesaran otra religión.
El hombre había escuchado historias de las ocasiones en que habían expulsado a personas por tener conflictos con la pastora y su hijo. No pensó que eso podría ocurrirle.
“[La pastora] nos tenía amenazados con que sí nosotros salíamos de [Aposento Alto] perderíamos el caso de asilo que ya teníamos y que era probable que nos regresaran a nuestro país, entonces accedimos a todas las mentiras que ella nos decía”, contó.
Siempre estaba la “amenaza” de poder ser expulsados del albergue, dijo Marcos.
Eso fue lo vivió directamente Héctor, un hombre de Honduras que se hospedaba en Aposento Alto. Dice que un día Néstor Ramírez, hijo de la pastora y también encargado del albergue, lo corrió del lugar porque se tardó unos minutos en llegar a cargar unas hieleras y su equipaje, como se lo ordenó.
“Yo me tarde menos de cinco minutos y llegó a gritarme. Me dijo que él no tenía todo el tiempo mío y tenía una hora para largarme del albergue”. Esa noche logró que no lo echaran.
Pero la situación se volvió inaguantable, así que cuando trabajadores sociales y psicólogos de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria llegaron al albergue y les ofrecieron trasladarlos a otro lugar si no se sentían seguros en Aposento Alto, no dudaron en contarles las circunstancias que vivían en el lugar.
Al enterarse de que hablaron de lo que ocurría en el albergue, la pastora y su hijo los expulsaron, coincidieron los migrantes. Más de 40 personas fueron echadas el pasado mes de abril, alegando que habían violado el acuerdo de confidencialidad.
“No sé si habrá justicia. No sé si habrá una forma en que se reponga todo el daño que nos causó. No creo, pero será una forma de que no le suceda esto a otras personas”, dijo Marcos en entrevista en la que hace su denuncia.
Aunque las autoridades tuvieron conocimiento de las denuncias de los migrantes desde hace más de dos meses, estás trascendieron públicamente hace unos días a través de redes sociales.
Nómadas sin Rumbo, una red de voluntarios que trabaja a nivel nacional con personas migrantes y refugiadas, fue quien hizo públicas las denuncias de lo ocurrido en Aposento Alto a través de una publicación en Facebook, a principio de julio.
Sin embargo, el mensaje fue eliminado por el colectivo hace unos días. Se informó que se decidió borrarlo tras recibir amenazas vía mensajes de Facebook de parte de una persona identificada como la hija de la pastora.
En esa publicación se mencionaba el trabajo forzado sin pago tanto para adultos como niños y niñas, retención de personas en el albergue y coerción para firmar un acuerdo de confidencialidad. Además, se acusa al hijo de la pastora de ofrecer metanfetaminas a la población hospedada en el albergue, así como a sus organizaciones hermanas Tree of Hopes y Esperanza para Todos.
“Se realizó una denuncia en las instancias correspondientes lo que llevó a la captura de Néstor Gabriel, el 11 de junio del presente año, pero se le dejó salir por el pago de una compensación se 400 mil pesos. Se desconoce el motivo o el proceso en el que se está”, se declaró en la publicación.
La pastora confirmó que su hijo fue detenido por denuncias relacionadas con posesión de drogas, pero niega haber presenciado tales conductas en el albergue.
Uno de los integrantes de Nómadas sin Rumbo, que radica en Ciudad Juárez y que escuchó de primera mano los testimonios de migrantes presentó una denuncia ante la CNDH que fue confirmada de recibida el 16 de mayo. Su identidad se reserva por seguridad.
En la denuncia ante el organismo de derechos humanos se puntualiza el trabajo forzado sin paga que se dio en el albergue, el lucro con insumos de organizaciones internacionales, coerción al requerir que las personas firmaran un acuerdo de privacidad, generar miedo en los huéspedes de salir del albergue y acusaciones de acoso por parte de uno de los encargados.
Estas denuncias también fueron recibidas por encargados de los albergues a donde los migrantes expulsados de Aposento Alto fueron canalizados. Algunos de ellos aseguran que se hicieron llegar a las autoridades, quienes escucharon de manera directa a las personas.
El Consejo Estatal de Población, que es el organismo estatal que ha apoyado y coordinado a la red de más de 20 albergues en Ciudad Juárez, está al tanto de las denuncias que se han hecho en contra de los encargados de albergue Aposento Alto, se pudo corroborar.
El albergue, que inicio como comedor comunitario, empezó a atender a la población migrante desde hace más dos años y medio, llegó a recibir apoyo estatal en forma de suministros, alimentación y artículos de higiene personal, dijo el coordinador de COESPO, Enrique Valenzuela.
“Desde COESPO estamos pendientes de que se resuelva sobre algunos señalamientos que ha habido en el albergue, para lo cual, previo a brindar cualquier apoyo adicional, necesitamos estar seguros que en este espacio se haga trabajo humanitario y se brinde apoyo a personas en movilidad bajo las condiciones propias”, dijo el funcionario.
Organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también llegó a brindar apoyo humanitario entregando artículos que no son de carácter alimenticio como colchones, mochilas, kits de higiene, así como apoyo del programa de alimentos en el que se entregan monederos electrónicos solo válidos para comprar despensa.
La oficina de la OIM en Ciudad Juárez declaró que desde hace ya más de un año que no hay un trato con este albergue y nunca lo hubo con el albergue Esperanza para Todos.
Hernández, la pastora del albergue, negó haber lucrado con las donaciones que el albergue recibió, pero al abundar en los cuestionamientos de las denuncias decidió no responder más.
La mujer comentó que hace un mes dejó de recibir a personas migrantes que le eran canalizadas por el Instituto Nacional de Migración. Dijo que decidió suspender la recepción de solicitantes de asilo por las condiciones de calor extremo de la temporada.
Actualmente solo aloja a 22 personas, pero llegó a tener a unas 200 alojadas al mismo tiempo, informó.
REGULACIÓN DE ALBERGUES, EL PENDIENTE
Desde el 2019, espacios religiosos como iglesias evangelistas y católicas abrieron sus puertas para dar atención humanitaria a los cientos de migrantes que permanecen en esta frontera. Aunque existen organismos gubernamentales que coordinan la red de albergues y hay presencia de organizaciones internacionales y sociedad civil que dan atención, no hay una regulación de los espacios de acogida ni gubernamentales ni particulares.
En este contexto, en Ciudad Juárez se formalizó una red de albergues llamada Somos Uno por Juárez que cuenta con la participación de 15 de los 23 albergues ubicados en esta frontera, que buscan fortalecer su trabajo y ofrecer mejores condiciones para las personas en movilidad. Los miembros de la red son apoyados por la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHÍA) y otras agencias internacionales, con insumos y monederos electrónicos, pero entre los lineamientos es que los espacios de acogida no deben cobrar por los servicios de alojamiento y alimentación que ofrecen.
Aposento Alto y Esperanza para Todos, que empezó a dar atención a migrantes en el 2021, no son parte de la red Somos Uno por Juárez, dijo la coordinadora Rosa Mani.
En muchos albergues hay roles de limpieza y cocina ya que la gran mayoría del personal directivo y administrativo de los albergues son voluntarios. En algunos también se piden cuotas de cooperación para cubrir servicios no esenciales como lo es el internet, dijo Mani, pero en si una cuota que condiciona la estancia o venta de alimentos y artículos de limpieza no están permitidos.
En el oficio entregado a la CNDH denunciado los tratos que se dieron en Aposento Alto se señala como responsables a instancias de carácter municipal, estatal y federal al hacer caso omiso a estas faltas cometidas en los albergues y “permitir que perdurara la violencia al no tener una regulación adecuada de los lugares en que se atienden a personas vulnerables”.
Específicamente se señala al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud estatal y a nivel municipal al ayuntamiento de Ciudad Juárez, las secretarias de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y de Vialidad y Tránsito.
