México es el segundo país con mayores índices de sobrepeso y obesidad, condiciones que afectan a tres de cada cuatro mexicanos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac) acusó a Hugo López-Gatell de “estigmatizar” sus productos al calificarlo como “veneno embotellado”.
Por Pedro Pablo Cortés
México, 25 jul (EFE).- La tensión entre la industria de alimentos procesados y el Gobierno se ha agudizado con la pandemia en México, donde uno de cada cuatro muertos por la COVID-19 padecía obesidad, más de una tercera parte diabetes y casi la mitad hipertensión.
Con 42 mil 645 fallecidos acumulado, México es el cuarto país con más defunciones por la COVID-19 y el octavo con más letalidad, mayor al 11 por ciento, un factor que el Gobierno atribuye a la alimentación heredada por el “periodo neoliberal” y la industria de alimentos procesados.
Esto agudiza el conflicto con la industria de alimentos preenvasados, que en México tiene un mercado de 52 mil 600 millones de dólares, el undécimo más grande el mundo, según Euromonitor.
Pero, pese la “fuerte resistencia”, el sector pierde influencia, explica Paulina Magaña, investigadora de la Alianza por la Salud Alimentaria y el Poder del Consumidor.
“Creo que justo en este sexenio han perdido un poco de esta capacidad de incidencia, pero venían teniendo este control por la misma participación con exfuncionarios o con gobiernos anteriores, en donde eran los invitados en las mesas de diálogo o toma de decisiones”, indica a EFE.
México es el segundo país con mayores índices de sobrepeso y obesidad, condiciones que afectan a tres de cada cuatro mexicanos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, la Asociación Mexicana de Diabetes reporta cerca de 12,5 millones de mexicanos con esta enfermedad, por lo que el país está entre los primeros cinco lugares a nivel mundial.
¿VENENO EMBOTELLADO?
La Alianza por la Salud Alimentaria atribuye gran parte de estas cifras al consumo de bebidas azucaradas, que al año causan 40.000 muertes en México, el principal consumidor del mundo.
“Ciertamente que la obesidad es un tema complejo, multifactorial y tiene el origen en diferentes puntos, no podemos decir que solo sea uno, sin embargo, la contribución a la epidemia de estas bebidas azucaradas ha sido muy grande”, expone Magaña.
Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó esta semana “veneno embotellado” a los refrescos.
La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac) acusó al funcionario, responsable de la gestión de la pandemia, de “estigmatizar” sus productos con estas declaraciones.
“Sugieren, además, la necesidad de encontrar un enemigo público a quien responsabilizar ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19”, denunció en un comunicado.
POLÍTICAS NECESARIAS
Regular los alimentos procesados es un paso necesario, pero insuficiente, advierte José Luis Chicoma, director general de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas.
“Para mí, quedarnos entre la lucha contra la industria de ultraprocesados, que es importante reducir el consumo, es solo una parte de la historia, la otra parte es con qué se va a reemplazar su consumo”, argumenta el experto en sistemas alimentarios.
El especialista celebra políticas que ha adoptado México como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos con alto contenido calórico y refrescos.
También aplaude la nueva normativa de etiquetados que entrará en vigor en octubre, cuando los productos empezarán a exhibir octágonos negros sobre el exceso de azúcar, calorías, grasas y sodio de productos preenvasados.
Sin embargo, matiza, esto no soluciona que los alimentos saludables son cinco veces más caros, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
“El etiquetado y otras medidas para disminuir el consumo de ultraprocesados son importantes, pero se requiere muchísimo más, y ahí el Estado tiene muchísima responsabilidad, esta administración lo podría hacer”, observa.
En México además existen 44 millones de personas con inseguridad alimentario, lo que aumentará con la pandemia, alerta el director de Ethos.
Por ello, sugiere invertir lo recaudado por el IEPS a alimentos saludables y reformar el sistema de agua potable, captado en varias zonas marginadas del país por la industria de alimentos.
Los especialistas coinciden en que la obesidad ya no debe verse como un problema individual.
“Anteriormente se culpaba o se tendía a responsabilizar al individuo de tener sobrepeso u obesidad, sin embargo, se invisibilizaban todos estos factores, que el acceso a alimentos saludables es escaso, que se tiene un mayor acceso a alimentos procesados”, concluye Magaña.
