En Irapuato, sin el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el Gobierno municipal se encuentra bajo presión al estar en el ojo internacional tras el ataque al anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación”, el pasado 1 de julio, que dejó 27 muertos y seis heridos.
Guanajuato, 25 de julio (PopLab).- Los impactos de bala en la pared blanca en el Centro de Internamiento de Alcoholismo y Drogadicción de Irapuato A.C. (CIAD), junto con los tabiques pegados con mezcla de cemento en las ventanas reflejan la lucha de los anexos en Irapuato para resistir ante la guerra de los cárteles en Guanajuato y la poca intención de las autoridades de regularlos.
En Irapuato, sin el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el Gobierno municipal se encuentra bajo presión al estar en el ojo internacional tras el ataque al anexo “Buscando el Camino a Mi Recuperación”, el pasado 1 de julio, que dejó 27 muertos y seis heridos. Por ello, la administración de Ricardo Ortiz inició un operativo de revisión, donde ha inspeccionado 21 centros: 10 estaban cerrados por miedo a ser atacados, a cinco les dieron prórroga y seis fueron suspendidos, uno de estos últimos, ubicado en la colonia Las Heras, el encargado quedó a disposición de la autoridad competente al entregar dos armas de fuego y cartuchos útiles.
SUSPENSIÓN DEL CIAD
Una noche de mayo, los estruendos de armas de fuego alertaron a vecinos de la calle Nardo de la colonia Las Heras. Varios disparos se incrustaron a lo largo de la fachada del CIAD, internos y encargados se escondieron en las habitaciones, pues ya Irapuato había registrado ataques en anexos.
Luego de unos minutos, el silencio llegó, no hubo lesionados, sólo cristales rotos y daños a la fachada. Desde ese día a decir de algunos moradores de la zona, vieron que tapiaron las ventanas con tabique y mezcla, luego que otros anexos ya habían sido atacados, incendiados, incluso a 23 internos del centro “Dios es Mi Salvador” de la colonia los Reyes los privaron de su libertad, 13 fueron liberados horas después.
La violencia contra los anexos y sus moradores se recrudeció a partir del 6 de junio, cuando hombres armados ingresaron al centro “Empezando una Nueva Vida” ubicado en la colonia 6 de Abril, la cual tiene altos índices de marginación. Ahí preguntaron por una persona y al encontrarla dispararon contra los que se encontraban en el lugar, murieron 10. Un mes después asesinaron a 27 hombres, lesionaron a cinco más y a una mujer en el anexo de la comunidad de Arandas, “Buscando el Camino a Mi Recuperación”. Hasta ese entonces autoridades locales y estatales no habían realizado acciones profundas.
Desde el año 2019 Nicolás Pérez, dirigente del Centros de Rehabilitación Unidos de Bajío (CRUB), solicitó la revisión de los anexos irregulares, luego de manifestarse en las afueras de presidencia municipal de Irapuato tras los ataques a diversos centros en esa ciudad. Fue atendido por el hoy exsecretario de Ayuntamiento Xavier Alcántara. Pérez propuso que los internos de los anexos adheridos a la CRUB dieran pláticas a los jóvenes porque la drogas están adueñándose de la juventud y pidió la revisión de los anexos irregulares. No hubo eco en sus peticiones.
Luego del último ataque que dejó 27 víctimas mortales y la presión nacional e internacional, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció se realizaría una revisión de las también denominadas “granjas”. A tres semanas del ataque no ha presentado resultados.
El Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez también anunció revisión, pero el miércoles 15 de julio, durante la visita del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a Irapuato, Nicolas Pérez, de la CRUB, informó que la autoridad “solo prometió” la revisión pero no había acción alguna.
Al día siguiente, es decir, el 16 de julio, el municipio inició el operativo, hasta el momento han revisado 21 centros: 10 ya estaban cerrados, a 5 se les dio prórroga para que se regularicen por cumplir con la documentación parcialmente y 6 fueron suspendidos por la Dirección de Fiscalización y Control del municipio al no contar con licencia de uso de suelo. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés, ha dicho en reiteradas ocasiones que así como cierran un anexo, lo abren en otro domicilio.
DESARME VOLUNTARIO
La tarde del miércoles 22 de julio, policías municipales, en apoyo de personal de fiscalización y salud municipal acudieron al “Centro de Internamiento de Alcoholismo y Drogadicción de Irapuato A.C”, donde al momento que los policías tocaron a la puerta, el encargado, Arturo “N”, entregó dos armas y casquillos útiles.
“Al entrevistarnos con el encargado, él dimensionó la naturaleza de la diligencia y comentó que nos iba a entregar unas cosas que para él eran incómodas, eran dos armas de fuego. Ya no comentó (si eran de él o de los internos) dijo que en su caso lo haría ante la autoridad ministerial y que era su deseo entregarlo para no tener problemas”, explicó Fernando Navarrete, director general de Seguridad Pública de Irapuato, quien además dijo que ese lugar no estaba en la lista de los 40 centros regulares.
El detenido quedó a disposición de la autoridad así como un arma 9 milímetros y un revólver 38 y 94 casquillos útiles. En el lugar había 15 internos mayores de edad, mismos que fueron revisados por el personal de salud del municipio y les informaron que se cerraría en lugar.
AUSENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Sin embargo, Fernando Navarrete explicó que la Secretaría de Salud de Guanajuato no los ha acompañado a los operativos, “en este momento no está (la Secretaría de Salud), sí han sido convocados, por lo que respecta del municipio nos hacemos acompañar de un personal representativo de la Dirección de Servicios Médicos municipales… de Gobierno del Estado no”, luego declinó explicar qué respuesta hubo al escrito que habría enviado el municipio a la Secretaría de Salud; “seguramente los titulares de la administración pública enviaron ese documento, a nosotros nos toca ejecutar”.
Por su parte, la Secretaría de Salud, a través de su área de comunicación social, dijo que la dependencia hace sus revisiones por su cuenta, “la SSG hace sus propias verificaciones todo el año, lo que SSG verifica son las condiciones físicosanitarias, muy diferente a lo que municipios supervisa. De lo demás por razones de seguridad SE RESERVA información de las visitas que ha realizado a este tipo de espacios o centros de rehabilitación juveniles contra las adicciones”.
800 CENTROS CLANDESTINOS EN GUANAJUATO
Se estima que hay 800 anexos irregulares ubicados en Guanajuato, las casas o granjas que no cuentan “con razón social” que estarían atendiendo a alrededor de 50 mil personas, explicó el líder de la CRUB, 50 mil que se suman a las personas que atienden los 60 centros adheridos a su organización.
En Irapuato existen 200 centros no regulares, de éstos, tras los ataques, por miedo han cerrado 47 y tres regulares, aunado a que las familias están sacando a sus internos por temor a otro ataque. “En Irapuato sacaron a 2 mil usuarios”.
Pérez dijo que el incremento de los delitos en el estado, robos, riñas, violencia intrafamiliar, “sin contar los delitos graves, como la portación de armas” es porque los centros se están quedando solos y una persona adicta, si no es tratada, buscará conseguir la droga.
Un dato alarmante que revela Pérez es que se ha incrementando el consumo de “cristal”, por ”niños de los nueve años hasta adultos de 60 años, el niño lo hace para llamar la atención, soledad porque no tiene complejos, un adulto lo hace por complejos. Mala información” y ante ello es necesario trabajar sociedad y Gobierno.
LA OTRA REALIDAD
Entre comida echada a perder, hacinamiento y los mínimos requerimientos para el aseo personal, niños y adultos están recluidos por voluntad propia o por orden de sus familias en los “centros de rehabilitación” en Guanajuato, que hoy se han convertido en el centro de atención tras los ataques en su interior que en el último año han cobrado la vida de al menos 37 personas.
