La única conclusión de la Secretaría que concuerda con las demandas de la población vecina a Santa Lucía es que se debe cuidar que las comunidades circundantes se beneficien, pero descarta los “impactos fuertes”.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde al Aeropuerto de Santa Lucía con una vigencia de entre 33 y 50 años.
El documento elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) como promovente, aprobó la construcción del Aeropuerto, la interconexión con el actual aeropuerto y y la reubicación de las instalaciones militares, porque obedece a la demanda de servicios aeroportuarios.
El estudio se hizo con base en el Plan Maestro de la obra y en lo que más se enfocó fue en el uso de la turbosina, tanto en almacenamiento, suministro y distribución, que resultó ser más alto que lo que se dijo en el Plan Maestro.
En términos generales, señala el documento, los riesgos de incendio y explosión “son en su mayoría temporales, por lo que al sistema ambiental local, en las condiciones actuales, tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales [...] Se concluye que la fauna silvestre dentro del sitio del proyecto y áreas de influencia directa no se ve comprometida en la realización del proyecto".
Por ello se determinó que el proyecto es viable “en materia de riesgo ambiental”. La Semarnat también decretó que la construcción del Aeropuerto no afectará la fauna del polígono.
De acuerdo con el estudio, las principales emisiones a la atmósfera serán aquellas generadas por la
combustión de los vehículos, maquinaria y equipo empleado en la construcción del Proyecto.
Respecto a los gases de efecto invernadero (GEI) producidos en esta etapa, solo se
considera la generación de dióxido de carbono (CO2) proveniente de la combustión de los
vehículos automotores, maquinaria y equipo.
Durante la operación del proyecto, prevén emisiones contaminantes a la atmósfera por la combustión de la turbosina en el movimiento de las aeronaves, generando principalmente contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y gases de efecto invernadero como dióxido de carbono (CO2). Además, se espera un importante incremento en el flujo vehicular por las actividades asociadas al funcionamiento del AISL.
La Semarnat también avaló la proyección de crecimiento del Aeropuerto, que podrá atender cerca de 100 millones de pasajeros al año, que complementados con el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) podrían llegar a 140 millones de pasajeros anuales, capacidad suficiente para atender la demanda de servicios aeroportuarios civiles en los próximos 50 años.
La única conclusión de la Secretaría que concuerda con las demandas de la población vecina a Santa Lucía es que se debe cuidar que las comunidades circundantes se beneficien, pero descarta los “impactos fuertes”.
"Si bien no se puede concluir de manera contundente, si se puede prever que la animadversión por el proyecto será baja en la operación del aeropuerto, por lo que se considera un impacto benéfico significativo", añaden.
Los habitantes de las zonas aledañas denunciaron que el problema con Santa Lucía es estrictamente en uso del agua, sin embargo con esta Manifestación que se inició a mediados de abril, se decreta que el daño no será grave, según la Semarnat.
Este era el único requisito que le faltaba al Gobierno de México para iniciar la construcción de su aeropuerto. El colectivo #NoMásDerroches usó la ausencia de este documento para Interponer amparos que impidieran el arranque en la construcción.
Al respecto, en la MIA se señala que la estructura correspondiente al Casco de la Hacienda de Santa Lucía, donde actualmente se ubica la Jefatura de la Región Aérea del Centro y que fue construida entre 1580 y 1596, no será removida por la ejecución del proyecto y se conservará como monumento histórico, de común acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ahora, el Aeropuerto ya tiene luz verde.
En total, esta obra tiene 147 amparos. El colectivo dijo en reiteradas ocasiones que el objetivo de dichos mecanismos era la cancelación de la obra por motivos ambientales y hasta para cuidar el patrimonio histórico, pero abogaron por la reanudación de las obras en Texcoco.
Los vecinos de la Base Aérea criticaron esa postura, al considerar que ninguna de las dos obras son viables.
En lo que respecta a su tierra, han explicado que se debe cuidar el ciclo natural del agua, el derecho humano al agua y al saneamiento.
Su postura la basan en monitoreos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde enero de 2012 a 2018 que sustentan que los niveles de sobre explotación del acuífero son muy graves.
También tienen documentado el daño ecológico severo por la devastación de zonas de alto valor ambiental en Tecámac, Zumpango y Pachuca, sobre todo en zonas agrícolas y forestales.
