Luego de que un análisis de la PGJ-CdMx halló que la administración pasada entregó datos falsos de nueve delitos de alto impacto, y que en algunos casos el maquillaje de cifras fue de hasta 700 por ciento, Salvador Guerrero Chiprés señaló que se debe pensar en que una hipótesis que explique ese ocultamiento de datos es que 2018 fue un año electoral, pero que también se debe poner atención en si este ocultamiento de información se replicó en otros estados del país. “Sí hay que pensar en alguna hipótesis que explique por qué ocurre eso en el 2018, en un año electoral”, dijo.
También consideró que la investigación abierta por la Procuraduría General de Justicia de la CdMx “conduzca a citar cuando menos a quien haya estado a cargo de la Secretaria de Gobierno, de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública y, por su puesto, de la Jefatura de Gobierno para que aclaren su relación directa con la instrucción que hayan recibido”.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El maquillaje de cifras que hizo el pasado Gobierno de la Ciudad de México y su ingenuidad al “pensar que ignorando los datos ignoras la realidad” se tradujo en un crecimiento de varios delitos que generaron una inercia de violencia y delincuencia en la capital del país, consideró Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
“Muchas familias que tuvieron integrantes víctimas pagaron las consecuencias”, afirmó el Comisionado.
El pasado 23 de abril, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) dio a conocer los resultados de su análisis de todas las carpetas de investigación abiertas durante 2018, el último año del Gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien estuvo al frente hasta marzo de ese año y fue reemplazado por José Ramón Amieva.
El análisis, que fue acompañado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), halló que la administración pasada entregó datos falsos de nueve delitos de alto impacto, y que en algunos casos el maquillaje de cifras fue de hasta 700 por ciento.
En entrevista con SinEmbargo, Salvador Guerrero Chiprés consideró que en ese Gobierno hubo una conexión entre el maquillaje de cifras y la omisión para reconocer la presencia de organizaciones criminales en territorio capitalino.
“Sí hubo maquillaje de cifras y sí hubo la omisión de reconocer aspectos de la realidad. Y sí, un aspecto de la realidad no reconocido era la presencia de organizaciones de alta peligrosidad. En ese sentido, qué bueno que estamos en una época de mucha mayor transparencia y de apertura informativa, inclusive a pesar del efecto sobre la percepción, por la cual nos estamos dando cuenta de la magnitud de esa relación que había entre el maquillaje y la ingenuidad –para no decir la torpeza– de pensar que ignorando los datos ignoras la realidad”, explicó el Consejero presidente del Consejo Ciudadano Mx.
Detalló que desde 2015 y hasta 2018, la Ciudad de México registró “un crecimiento de incidencias delictivas varias que generaron una inercia de violencia y delincuencial muy importante”. “Sí existió, número uno, un aumento [de la violencia] por el descuido, por el abandono de la coordinación adecuada de carácter institucional para contener el delito. Y sí dejó ese descuido, esa inacción, una gran inercia delincuencial que sí impactó sobre todo en diciembre y enero”, agregó.
El Comisionado destacó que durante los primeros casi siete meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo “se han demostrado muy importantes efectos hacia la seguridad en 14 delitos. Hay ciertos síntomas de cosas muy positivas yo diría que en los últimos dos meses”.
Y precisó que de 21 delitos de alto impacto, 14 tienen resultados que han dejado de ser “tan negativos”. “Ojalá que se pueda mantener esa tendencia para que en seis meses tengamos datos positivos en el 90 por ciento de los delitos que están integrados dentro de estos de alto impacto”, previó.
“SE ENTREGARON DATOS FALSOS”
Salvador Guerrero Chiprés consideró que los hallazgos más graves de maquillaje de cifras se encontraron en delitos como secuestro, donde la Procuraduría reveló que el año pasado se habían cometido un 700 por ciento más de los que se reportaron en un inicio; en homicidio y feminicidio se encontró un 11.5 por ciento más; en el delito de violación, el maquillaje de cifras fue de 104.8 por ciento; y en robo a transeúnte la diferencia encontrada fue de 176.4 por ciento.
“Hay que hacer notar que estos primeros casi siete meses de la administración a todos nos ha impactado el caso de los dos secuestros –que, qué bueno que ya se están aclarando–, que son las dos tragedias, la de Leonardo y Norberto. A todos nos ha impactado”, consideró.
Los casos de ambos jóvenes llevaron a una revisión de lo que estaba sucediendo en la capital del país en cuanto a la incidencia delictiva, y en un inicio alarmó lo que parecía ser un repunte en diversos delitos. Incluso la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que la auditoría a las cifras entregadas en 2018 se llevó a cabo debido a que casi de un día para otro, al comenzar su administración, los datos de violencia registraron un importante pico.
En el caso de secuestro, al comparar las cifras entregadas por la administración pasada de los primeros seis meses de 2018 (14 carpetas de investigación) con el mismo período de 2019 (40 carpetas), se encontró que este delito había subido un 185.7 por ciento. Sin embargo, luego de la revisión, se detectó que durante el primer semestre de 2018 había 135 secuestros, y que en todo el año (que reportaba 35) había un total 280. Eso significa que el Gobierno pasado ocultó un total de 245 secuestros.
“Imaginemos en ese contexto de los dos casos [el de Norberto y Leonardo] que ocurrieron en esta administración, y pensemos que hubo en la pasada 245 casos completamente ignorados en lo que se refiere a incorporarlos a los datos”, consideró Guerrero Chiprés. “¿Qué habrá pasado en la investigación, qué habrá pasado exactamente con la cantidad de esfuerzo institucional dedicada a los casos que ni siquiera han reconocido en los datos?”, añadió.
El Consejero presidente explicó además que “el homicidio registraba mil 265 [carpetas de investigación] cuando en realidad eran mil 410. También es muy grave, estamos hablando de un subconteo de 11.5 por ciento”.
En el caso del delito de violación, la cifra creció, después de la revisión, en 104.8 por ciento, pues inicialmente se reportó 682 carpetas abiertas en 2018, pero se hallaron un total de mil 397. El robo a transeúnte con violencia, fue el delito con el segundo ajuste al alza más grande, pues después de la revisión incrementó en un 176.4 por ciento. En un inicio se encontraron 8 mil 604 carpetas abiertas por este delito, y después de la reclasificación quedó en 23 mil 784.
“Homicidio, violación, robo a transeúnte –que son delitos, algunos de ellos, por su puesto de la mayor gravedad– no fueron ni si quiera considerados. Hay una repercusión no sólo en la evaluación de una política pública, sino en la capacidad de tener datos para hacer una planeación apropiada. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese año?”, cuestionó Guerrero Chiprés.
Los otros delitos donde se halló maquillaje de cifras:
–Robo de vehículo con violencia: En este delito la Procuraduría halló una reclasificación del 19.2 por ciento, lo que significaron 813 carpetas de investigación más de las reportadas originalmente, y el delito pasó de 4 mil 229 a 5 mil 42.
–Robo de vehículo sin violencia: En este delito, hubo un cambio de 28.9 por ciento más. Pues en un inicio se reportaron 7 mil 2 carpetas de investigación por este delito en todo 2018, pero después de la reclasificación de la Procuraduría se encontraron otros 2 mil 25 y la cifra quedó en 9 mil 27 carpetas abiertas por robos de autos sin violencia.
–Lesiones dolosas por arma de fuego: Este es el delito donde se encontró menor porcentaje (1.5 por ciento) de “maquillaje de cifras”. La Procuraduría encontró que en 2018 se habían abierto únicamente mil 894 carpetas de investigación, pero con la reclasificación subió a mil 922.
–Robo a casa habitación con violencia: Tuvo un incremento de 4.9 por ciento después de la revisión. La Procuraduría encontró 535 carpetas iniciadas, pero tras la reclasificación esta cifra subió a 561.
–Robo a negocio con violencia: Registró un ajuste de 51.9 por ciento, pues en un inicio se reportaron en 2018 sólo 3 mil 3 carpetas de investigación abiertas por este delito, pero con la revisión de la PGJ, este delito pasó a 4 mil 562. Con ello, este es el tercer delito más “maquillado” durante 2018.
LAS VÍCTIMAS PAGARON LAS CONSECUENCIAS
Para Salvador Guerrero Chiprés, las víctimas y sus familias fueron quienes pagaron las consecuencias del maquillaje de cifras durante 2018, pues alertó que si la omisión de datos también se convirtió en omisión de atención, muchos delitos quedaron en la impunidad.
"Imagínese la gravedad de un asunto en el cual no hay certeza jurídica, no hay certidumbre investigativa, no hay respuesta a las víctimas, asumiendo que buena parte de la omisión de los datos también se haya convertido, como es probable, en omisión a la atención”, dijo.
“Muchas familias que tuvieron integrantes víctimas pagaron las consecuencias, más que la abstracta ciudad. Eso hay que considerarlo. Yo sugeriría que planteemos más en términos de impacto familiar, directo-humano, de personas que no tuvieron si quiera la mínima consideración institucional de ser contabilizados, porque los números deben de corresponder con la experiencia”, agregó.
“Sí hay un tema de impunidad, que se hace más difícil tratar si no se tienen datos claros”, recalcó.
Guerrero Chiprés no descartó que se pudiera encontrar maquillaje de cifras en años previos como 2016 y 2017, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, pues dijo que hay “un comportamiento extraño en la curvas” de los datos de esos años.
“Yo diría que del 2016 al 2018 sí hay indicios de que sí ocurrió [maquillaje de cifras]. Hay evidencia en el 2018, no podría yo asegurar que en el 2016 y 17, pero sí hay un comportamiento extraño de las curvas del 2016 y 17. No sé si haya un disposición o interés por revisar todos los datos de cada año, porque estamos hablando de 200 mil cada año, entonces no sé si haya esa capacidad actualmente. Pero es probable que haya existido en 2016 y 17 también”, dijo en entrevista.
MANCERA Y OTROS EX FUNCIONARIOS DEBEN DECLARAR
Salvador Guerrero también habló de que se debe pensar en que una hipótesis que explique el maquillaje de cifras en 2018 es que fue un año electoral, pero que también se debe poner atención en si este ocultamiento de información se replicó en otros estados del país.
“Sí hay que pensar en alguna hipótesis que explique por qué ocurre eso en el 2018, en un año electoral. Por su puesto [...] hay que pensar que en cuántos estados más en todo el país habría ocurrido algo semejante, asumiendo que en la Ciudad de México, donde hay personas más progresistas, donde hay gente más informada, más crítica o tan participativa como en cualquier otra entidad, ahí se le entregaron datos a la ciudadanía que son falsos”, dijo.
Hasta el momento, por el maquillaje de cifras, se presentó una denuncia ante la propia PGJ-CdMx y ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable. La Jefa de Gobierno ha dicho que “es muy claro que era una consigna. […] era evidente que había una instrucción, una orientación, como ustedes lo quieran ver, de que no se pusieran las cifras donde debían de estar”.
Durante 2018, la Procuraduría General de Justicia estuvo a cargo de Edmundo Garrido, y de acuerdo con información que trascendió en diversos medios de comunicación, la investigación abierta en la PGJ es en contra de ex funcionarios de esa dependencia y el ex Procurador capitalino.
Para el Consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México es necesario que se cite a declarar no sólo a los ex funcionarios de la Procuraduría, también a los ex jefes de gobierno Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva, y otros ex funcionarios como el ex titular de la Secretario de Seguridad Pública, que estuvo a cargo de Hiram Almeida Estrada hasta julio de 2018 y luego de Raymundo Collins Flores.
“Por su puesto que es deseable que la investigación que se ha abierto conduzca a citar cuando menos a quien haya estado a cargo de la Secretaria de Gobierno, de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública y, por su puesto, de la Jefatura de Gobierno para que aclaren su relación directa con la instrucción que hayan recibido […]. Sería indispensable que se aclarara la relación, el vínculo que existió entre la instrucción de los mandos medios de maquillar la cifra y la responsabilidad política, institucional de los mandos superiores”, llamó.
Guerrero Chiprés también consideró que “sería muy importante que la carpeta de investigación que se ha iniciado tenga una consecuencia llegando hasta una sentencia”. Y consideró que esa sentencia podría ser “una nueva plataforma de dignidad del trabajo que se hace con los datos y que se perdió por las razones que estamos sugiriendo en la administración anterior”.
“Es una oportunidad muy importante, para la autoridad, sentar un precedente aplicando esta ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México […] en el artículo 259 de la Fracción III plantea la sanción que corresponde a personas que alteran […] información que está en su poder. Y se plantea ahí la pena, que si no recuerdo mal, es de dos a siete años de prisión”, finalizó.
