Lo que está sucediendo en Morelos, un estado atrapado entre la violencia y el colapso de las autoridades, tendría que pasar un mensaje categórico a los responsables de la vida pública del país. No se puede entregar el timón a personas que no solo no están capacitadas para conducir un gobierno, además ni siquiera están interesadas. Lo de Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura de ese estado constituye una dura lección que tendríamos que recuperar para que no se repita. Para el obradorismo constituyó una candidatura popular, de votos fáciles, una oportunidad para quitarle a sus rivales esa posición de poder. Lo consiguieron, pero a cambio condenaron a la región a una pesadilla de seis años.

Hay gobernadores buenos, malos y regulares en el país, pero todos en mayor o en menor medida intentan hacer lo que pueden para sacar adelante su tarea. No es el caso del ex jugador de futbol, quien aceptó la gubernatura, como tres años antes había recibido la alcaldía de Cuernavaca, como si recibiera una distinción más en su larga carrera y, tras ello, intentó seguir con su vida de antes.

No digo que todos los problemas de violencia y mala administración que padece Morelos sean culpa de Blanco, pero ciertamente el desgobierno es un factor central para que los poderes salvajes hayan barrido con los poderes institucionales. Cuernavaca probablemente es la capital con mayor descomposición de la “cosa pública” de todas las entidades del país. Tal es el nivel de impunidad con el que opera el crimen organizado para efectos de ejecuciones de funcionarios rejegos o rivales, control de los servicios municipales, infiltración de la policías locales, derecho de piso. No solo se trata de que la extorsión se ha convertido en norma para operar cualquier comercio, incluso ambulante, es que comienza a extenderse absolutamente a cualquier actividad, incluyendo los consultorios, despachos, empresas de servicios.

Este viernes Faustino Javier Estrada, líder del PVEM en Morelos, fue atacado por un pistolero y en estos momentos lucha por su vida. En los últimos dos años una docena de funcionarios de distintos niveles y líderes políticos han sido asesinados o baleados. Se presume que la mayor parte de estos atentados están relacionados con castigos o amenazas del crimen organizado para asegurar el control sobre la estructura local en distintos municipios de la entidad. La impunidad con la que se realizan tales ataques dejan a las autoridades indefensas frente a la presión y el mandato de los criminales.

Los servicios de agua potable, por ejemplo, se han colapsado desde hace tiempo por la fuerte presión sobre los pozos que sirven a Cuernavaca. Un problema que, desde luego, no es privativo de Morelos. Pero en la medida en que los criminales se han hecho del control del servicio privado de pipas de suministro (a 800 pesos la pipa), también se han asegurado que las autoridades municipales solo entreguen por cuenta gotas (nunca mejor dicho) la precaria agua potable. La escasez del líquido o la deudas con la CFE, que paralizan las plantas de bombeo, han sido esgrimidas como razones para explicar el pobre suministro, pero la verdadera explicación tendría que encontrarse en la multimillonaria derrama de la población al puñado de empresas privadas que mantienen el control. Me pregunto en qué momento habremos de enterarnos de que los criminales están pasando de casa en casa a exigir una cuota de protección, simplemente por ocupar una vivienda.

El desgobierno en el que vive Morelos, la incapacidad de las autoridades para intentar hacer algo al respecto, ni siquiera son culpa de Blanco en última instancia. Es de quienes lo pusieron allí y desde luego no me refiero únicamente a los votantes, aunque también a ellos. Los mayores responsables son aquellos que decidieron reincidir y le ofrecieron la candidatura de Morelos, a pesar de las claras muestras de desinterés en el servicio público que ya había mostrado como alcalde. Y habría que insistir, el problema no nació con Cuauhtémoc, simplemente se acentuó hasta alcanzar niveles absurdos.

El ex jugador ganó la elección por el PES (Partido Encuentro Social) pero eso es un eufemismo. Es gobernador porque Morena decidió convertirlo en su candidato. En más de un sentido el gobierno de la 4T ha tenido que hacerse cargo de las consecuencias, o al menos algunas de ellas. La incapacidad de gestión de las autoridades locales frente a los conflictos en algo explica la toma sistemática de la carretera de Cuernavaca, convertida rehén de toda esta ingobernabilidad.

En los próximos meses, tras la nominación de los candidatos a la presidencia, los partidos enfrentarán la compleja tarea de elegir candidatos para nueve gubernaturas y cientos de presidencias municipales, escaños y curules de cara a los comicios del próximo verano. Entiendo que las prisas por ganar conducen a la tentación de acudir a personajes populares por una razón u otra. Ojalá que las dirigencias no solo piensen en las urnas a llenar sino también en las consecuencias para los ciudadanos y la salud de la vida pública posteriores a la elección. Hay cotas profesionales mínimas que tendrían que cubrirse. Esto no significa que un cantante, un deportista o un actor de la pantalla carezcan de habilidades para la administración pública. Pero la inexperiencia es un factor a considerar, por no hablar de asegurarse que exista un verdadero interés o vocación en esta mudanza de oficio. Total, si de veras están en la necesidad de acudir a famosos para engrosar los votos, al menos destínenlos a las Cámaras, entre 500 hacen menos daño, pero no los pongan a gobernarnos.

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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