El Juez de Control impuso como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria en contra del exfuncionario y el exrector.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo vinculación a proceso en contra de un exservidor público y un exrector de una universidad pública, por el presunto pago de un contrato por más de 319 millones de pesos, el cual estaría vinculado a la llamada Estafa Maestra.
El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, quien era servidor público en Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México.
De acuerdo con la FGR, la vinculación a proceso de ambos hombres será por su probable “responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades”.
#FGR a través de la #FECOC, obtuvo vinculación a proceso en contra Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el EdoMex.; por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
▶️https://t.co/kxN3m40OyN pic.twitter.com/HNlm8iDMRG— FGR México (@FGRMexico) June 25, 2021
Asimismo, el Juez impuso como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Además, fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.
La llamada “maestra” es un esquema que permitió el desvío de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Rosario Robles Berlanga fue la Secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Estafa Maestra vincula a muchos exfuncionarios, entre ellos a Rosario Robles, quien el 13 de agosto de 2019 fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.
El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy Robles Berlanga sigue en prisión preventiva por las acusaciones de la FGR.