El diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México destaca que aunque hay un decrecimiento en los feminicidios y homicidios dolosos contra ellas, la desaparición en cinco de los municipios mexiquenses más peligrosos registra una alarmante alza entre 2015 y 2017: los casos se dispararon 227 por ciento en conjunto en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán (pese a que la Alerta de género por feminicidios ya opera en ellos), alertó el estudio elaborado por la asociación I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
El informe también revela que la entidad, siempre gobernada por el PRI, es también en la que más mujeres y niñas desaparecen en el país: mil 790 casos.
Ante la situación, las organizaciones I(dh)heas, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, Uniendo esperanzas, Deudos y defensores por la dignidad de nuestros desaparecidas y Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza hoy solicitaron una segunda Alerta de Género, ahora, por desapariciones.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Las desaparición y/o extravío de niñas, adolescentes y mujeres se disparó 227 por ciento en cinco de los municipios más peligrosos del Estado de México en los últimos tres años, advirtió la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
La organización junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y tres colectivos de familias de desaparecidos solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Desaparición de mujeres en la entidad que concentra el mayor número de desaparición de mujeres, en la que opera una medida previa por violencia feminicida en 11 municipios.
El Diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México, elaborado y presentado hoy por I(dh)eas, revela que mientras las cifras oficiales de feminicidios y homicidios dolosos registran un decrecimiento de 27 y 30 por ciento, respectivamente, los casos de personas desaparecidas y/o extraviadas se triplicaron en los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.
Los grupos civiles y víctimas solicitaron que se declare una Alerta de Género por desapariciones para esos cinco municipios, además de Ixtapaluca y Valle de Chalco “Debido a los hechos consistentes en la alarmante cantidad de mujeres y niñas desaparecidas en el Estado de México, […] así como la impunidad, violencia institucional, revictimización, criminalización, falta de una política pública adecuada y efectiva para la atención y prevención que conllevan estos casos”.
Los colectivos derecho humanistas explican que la Alerta de Género (AVG) –declarada el 31 de julio de 2015 para el Estado de México por la violencia feminicida– si bien contiene algunas medidas relacionadas con el tema de las desapariciones, no analiza a profundidad la problemática.
Actualmente hay ausencia de cifras, análisis e investigaciones que determinen la dimensión de este problemas “[…] y peor aún, las medidas contempladas [en la AVG] para combatir esta situación, en su mayoría, no han sido implementadas de forma adecuada, a la vez que este tipo de violencia contra las mujeres ha aumentado”, destaca el documento remitido este día a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y recibido por oficialía de partes del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres).
DIAGNÓSTICO POR MUNICIPIOS
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta un total de mil 343 niñas y mujeres en calidad de desaparecidas, no localizadas o extraviadas y/o ausentes en un periodo de once años (diciembre de 2006 a diciembre de 2017), detalla el Diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México
Con base a las cifras de la FGEM, el documento establece que los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca de Lerdo ––tres de los 125 ayuntamientos en la entidad– son los que aglomeran el mayor número de mujeres y niñas desaparecidas, pues cada uno registra más de cien casos en la última década.
Además de que el 43 por ciento de los casos (579 niñas y mujeres desaparecidas en los últimos diez años) están aglomerados en seis municipios: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Las localidades antes señaladas son parte de los 11 ayuntamientos definidos por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de México.
Uno de lo hallazgos que destaca el informe es el alto porcentaje de menores desaparecidas. Más de la mitad de los casos (59 por ciento) corresponden a niñas y adolescentes, con un total de 795 reportes.
El rango de edad con mayor número de desaparecidas es entre los 15 y 17 años, este grupo concentra el 31 por ciento con un total de 416 casos. Le sigue las niñas de 10 a 14 años, que representan el 16 por ciento, con 212 casos. En tercer lugar, las jóvenes de 21 a 29 años de edad concentran el 15 por ciento con 197 casos.
En tanto que hay más casos de mujeres desaparecidas y/o extraviadas en un rango de los 30 y 39 años (un total de 136 que representa el 1o por ciento) a denuncias de mujeres de 18 a 20 años, (106 casos, el 8 por ciento), de acuerdo a los datos que brindó la Fiscalía del Estado de México a la organización civil.
“Así mismo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta que 4 mil 637 mujeres han sido localizadas desde la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o Extraviadas”, abunda el estudio.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta al menos 35 mil 424 personas desaparecidas a nivel nacional desde el 2014; de éstas, al menos 8 mil 987 son mujeres.
El RNPED coloca al Estado de México como la entidad de mayor número de reportes de mujeres desaparecidas a nivel nacional con una cifra de mil 790 casos: mil 779 en el fuero común y 11 en el fuero federal.
El porcentaje que representa a niñas y mujeres desaparecidas en el Estado de México (46 por ciento del total) es casi el doble del que representa a nivel nacional (25 por ciento del total), de acuerdo al análisis del estudio.
“El número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el Estado de México es casi dos veces superior que en otras entidades del país […] Estas cifras de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas son alarmantes, aún más considerando que en los últimos cinco años se observa una tendencia creciente de casos, en especial en municipios que ya cuentan con la Alerta de Género desde el año 2015”, alerta la organización civil.
El estudio advierte que por parte de las autoridades hay una ausencia de cifras e información detallada que permita conocer el número exacto de mujeres desaparecidas por particulares o por desaparición forzada.
La investigación encontró una diferencia de 447 casos entre los datos que reporta el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en contraste a las cifras que entregó la Fiscalía General de Justicia de Estado de México vía transparencia: la cifra reportada por el RNPED equivale a mil 790 casos frente a los 1 mil 343 casos reportados por la FGJEM.
“Frente a esta información, en comparación con las cifras nacionales, es necesario presentar una seria preocupación sobre la alta proporción de casos de las niñas y mujeres desaparecidas. El Estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, pese a lo cual no se evidencia una respuesta a nivel Federal. No es posible entender ni atender la dimensión de la problemática al presentarse diferencias evidentes entre los registros estatal y federal”, critica I(dh)eas.
No obstante, la información que les proporcionó la FGJEM junto con los datos oficiales permitió a la organización hacer un análisis de los reportes existentes, y de ahí inferir tendencias y patrones generales presentados en el estudio.
LA REVICTIMIZACION DEL ESTADO
Los familiares de personas desaparecidas enfrentan la criminizalización de las víctimas, discriminación y rectivimización en la búsqueda de sus seres queridos, varias veces cometidas por las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia de género que son omisas, denuncia el diagnóstico.
Y emprender la búsqueda, advierte el estudio, expone a las familias a situaciones de riesgo y rechazo social.
Las familias de las víctimas presentan afectaciones en la salud emocional, psicológica y, en muchos casos hasta afectaciones en su salud fisica y daño moral, las cuales, se traducen en depresión, enfermedades mentales, desesperanza, desamparo, frustración, dificultades para continuar o reconstruir su plan de vida, y desconfianza no solo en las instituciones sino en la comunidad y la sociedad en general.
“También existen pérdidas económicas o imposibilidad de adelantar la búsqueda por falta de recursos o por no disponer de tiempo”, describe la evaluación.
Aunado a estas afectaciones, los familiares frecuentemente sufren violencia institucional, es decir, los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres […] así como su acceso a políticas públicas destinadas -de las que tienen derecho- a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
“Padecer este tipo de violencia [institucional] las revictimiza”, sentencia el análisis.
Una de las primeras advertencias que enfatiza el estudio es la pérdida de tiempo durante las primeras horas de la desaparición de una persona.
“Algunos familiares realizan la denuncia dos o tres días después de la desaparición, debido a que piensan que deben esperar para hacer la denuncia, y en muchos casos, a los familiares que acuden oportunamente a las autoridades, se les niega la recepción de la denuncia bajo la conocida práctica de las autoridades –Deben esperar al menos 72 horas para dar aviso del caso”, ejemplifica.
A partir del 15 de julio de 2018, los agentes del Ministerio Público deberán apegar su actuación a las disposiciones del Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual, establece que la búsqueda debe iniciarse en el momento en que recibe la noticia de la desaparición de una persona.
El diagnóstico muestra que, a partir de las entrevistas realizadas a familiares de personas desaparecidas, “se observan patrones claros de discriminación en la atención que reciben las mujeres que buscan a sus familiares y esta situación -añade- se acentúa con mujeres en condiciones de pobreza, que las pone en una condiciones de vulnerabilidad para que “fácilmente sean víctimas de exclusión social”.
El acceso al expediente es otro obstáculo recurrente que enfrentan los familiares de las víctimas, aspecto que se percibe en el informe.
“Muchas veces no hay posibilidad de encontrar el expediente por los hechos, en tanto el agente del Ministerio Público no abre una carpeta de investigación considerando que no hay delito que investigar, razón por la cual únicamente se realiza un acta circunstanciada, de la cual tampoco se otorga copia al familiar, o en otros casos a pesar de existir datos para abrir la carpeta el agente del Ministerio Público considera que el delito de desaparición de personas no está tipificado en el Estado de México, razón por la cual no inicia la investigación de los hechos”, abunda.
Las omisiones también se presentan, de acuerdo al informe, en la legislación.
La Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencias del Estado de México se aprobó el 12 de mayo de 2008 y, a nueve años, aún existe, –de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–,“lagunas legislativas, redundancia en la legislación, falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma, dificultades para su aplicación y exigibilidad y fomento a la impunidad”, expone el documento.
Este incumplimineto o lagunas provocan que la Ley sea aplicada, en algunos casos, de manera discrecional por parte del poder judicial y de la Fiscalía del Estado, lo que puede facilitar la impunidad de los casos de violencia.
Además, en el Estado de México aún no está está tipificado el delito de desaparición de personas, con agravante de trata de mujeres y niñas, en el Código Penal del Estado de México, pese a que esto es una obligación de los estados a partir del 17 de noviembre del 2017, tras la publicación y entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Otro aspecto importante es que se desconoce el número de carpetas de investigación para casos de mujeres desaparecidas y el de sentencias por este tipo de delitos; ya que como se explicó anteriormente el delito de desaparición de personas no se encuentra tipificado, lo cual evidentemente invisibiliza el fenómeno e impide realizar un seguimiento de los casos. Con referencia a los casos de feminicidio, según los datos reportados por el Poder Judicial del Estado de México a 31 de diciembre de 2017, se han emitido 125 sentencias condenatorias, con un promedio de 21 sentencias por año y con un aumento notorio en las mismas en los años 2016 y 2017”, agrega la I(dh)eas, en su análisis.
La organización recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció, en su más reciente informe sobre derechos humanos en México, un problema serio de registro de mujeres y niñas desaparecidas, así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres.
“Frente a estos delitos se puede afirmar que existe una ausencia de reconocimiento por parte del Estado. Si bien en la Alerta de Género que se encuentra vigente se consideran acciones de política pública para garantizar la búsqueda urgente y para implementar el protocolo Alba, esto no será suficiente si la justicia del Estado no contempla y tipifica los delito”, agrega la organización en la publicación.
LAS CIFRAS PUEDES SER MAYORES
Aunque el informe brinda un panorama sobre las tendencias en materia de desaparición de mujeres, sin embargo, la misma organización destaca que la imprecisión de las cifras no permite dar una radiografía exacta del problema.
Aunado a ello, el Diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México también pone énfasis en que las desapariciones pueden ser mucho mayores a las cifras oficiales, pues hay varios casos en que no son reportados por desconocimiento o desconfianza al sistema policial; temor a represalias, amenazas e intimidaciones por parte de las autoridades y/o responsables; falta de recursos en las familias de las víctimas en comunidades con escasos recursos que les impide acudir a un ministerio público para presentar y dar seguimiento a una denuncia o personas en situación de vulnerabilidad que no reciben información sobre sus derechos, no tienen acceso a intérpretes.
La asociacón Idheas lanzó un llamado a demás organizaciones de la sociedad civil para formar un frente común sobre esta problemática en el Estado de México.
A su vez, exigió al Gobernador del Estado, Alfredo del Mazo Maza, y a estructura gubernamental reconocer públicamente problemática asociada a los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres; establecer mesas de trabajo para recibir y escuchar a las víctimas; colaborar en todo momento para agilizar la coordinación en los procesos búsqueda, investigación y atención a víctimas.
En tanto que la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Género y la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, la asociación civil pidió priorizar los cinco municipios identificados en el citado este informe para la implementación de acciones señaladas en la Alerta de Género y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México demandó proporcionar de forma rápida y eficaz los servicios de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación del daño requeridas por las víctimas.
“No basta con tratar de dimensionar el problema y contar los casos y como se presentan en los municipios del estado, es necesario buscar, investigar y encontrar los responsables de las desapariciones de mujeres y niñas en el Estado de México”, sostiene el grupo civil en el documento.
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