Rodolfo Ríos Garza deja una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusada de criminalizar a las víctimas. Los casos Narvarte y Lesvy son dos que por su alto impacto mediático dejaron marcada la institución. Y fue la exhibición de las desaseadas investigaciones del primero la que antecedió su baja en el cargo.
A su salida, queda una ciudad en la que los cárteles hicieron presencia, pese a la negativa discursiva desde el Gobierno. Y una ciudad en la que violencia y los robos crecieron.
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Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Empleado de Miguel Ángel Mancera desde 2010, el abogado Rodolfo Ríos Garza deja su cargo de Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) luego de que un informe documentara que su trabajo fue un manual de estigmatización de víctimas y de omisiones para el esclarecimiento de los crímenes.
El “parteaguas” que lo evidenció, como lo llamó la abogada Karla Micheel Salas, fue la indagatoria, desde 2015, del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, cuyo móvil no ha sido establecido y a cuyas víctimas directas –Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril– se sometió a un proceso de criminalización desde las primeras horas de ocurridos los hechos.
“A Rubén Espinosa (fotorreportero) se le atribuyó consumo de drogas o estar vinculado con algún tipo de delito; por otro lado, a las mujeres se les acusó en algunos casos de consumo de alcohol y drogas (…) o que incluso guardaban relación con los presuntos agresores, situación que tendió a colocar a las víctimas como responsables de lo sucedido”, estableció la recomendación 4/2017, presentada el pasado miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH).
“Las víctimas fueron expuestas en los medios de comunicación, prejuzgando su culpabilidad, violando su derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad y a las garantías y protección judicial, además se les discriminó con base en estereotipos, juicios de valor y roles de género”, agregó el reporte oficial.
El crimen registrado el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en una de las delegaciones consideradas de mayor calidad de vida en la Ciudad de México, motivó manifestaciones y diversos actos de protesta por parte de periodistas y defensores de derechos humanos.
Vera y Espinosa Becerril se encontraban en la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
La PGJ-CDMX, por su parte, respondió a las presiones con la filtración de los datos personales de las víctimas y sin considerar el contexto de amenazas que se exigía investigar alrededor de Vera y Espinosa, con lo que se violentó de manera institucional, dice la CDH, el derecho de las familias a la verdad y a la justicia.
“(La recomendación) confirma lo que habíamos dicho: desde el asesinato hubo maltrato hacia nosotros, los inventos, las líneas de investigación que no se han agotado, incluyendo el trabajo periodístico de Rubén”, dijo el jueves pasado Alma Espinosa Becerril, hermana del fotoperiodista.
A tres días de la presentación de este informe, el Gobierno de la Ciudad reportó la separación de Ríos del cargo de Procurador, que había ocupado desde 2012, al inicio del Gobierno de Mancera, y al que había llegado luego de haber fungido como su secretario particular el sexenio anterior, donde el hoy jefe de Gobierno fue titular del ministerio público.
“El jefe de Gobierno agradece la labor que desempeñó el ahora ex Procurador General de Justicia, demostrando en todo momento responsabilidad, honestidad, lealtad y eficacia en su trabajo; asimismo, le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales”, informó una tarjeta informativa del pasado sábado.
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La recomendación de la CDH y la renuncia de Ríos Garza llegaron cuando es público que Mancera busca competir por la Presidencia de la República, por lo que los abogados de las víctimas del caso Narvarte retaron al Jefe de Gobierno a que, antes de buscar el voto, inicie una ruta de investigación que considere las líneas abandonadas, como un nuevo interrogatorio a Duarte de Ochoa, ya detenido en Guatemala por delitos contra el patrimonio de su estado.
“Sería lamentable que alguien busque ser presidente de la República con un antecedente como este”, dijo la abogada Salas, representante de la familia Vera Pérez, en la conferencia de prensa en la que, junto a las hermanas de Rubén Espinosa, fijaron su posición ante la recomendación de la CDH.
Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19 y también coadyuvante en la investigación, recordó que Mancera, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometió a dar cumplimiento a los compromisos de protección a periodistas anunciados por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, luego del asesinado del reportero y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas.
“Esta es una oportunidad para pasar del discurso a los hechos”, agregó el abogado en la conferencia.
LA MARCA DE LA CASA
El crimen de la colonia Narvarte no fue el único en el que la PGJCDMX difundió información con la que trató de incriminar a las víctimas. El pasado 4 de mayo, lo mismo hizo la Procuraduría, y desde una cuenta oficial, luego de que se encontró el cadáver de una joven de 22 años en pleno campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La difusión de la información sobre aspectos de la vida personal de la joven causó indignación entre usuarias de redes sociales que crearon la etiqueta #SiMeMatan para protestar por el tratamiento del ministerio público hacia la víctima.
Ante las críticas, la PGJ-CDMX rectificó y, desde la misma cuenta oficial de Twitter, reconoció que “efectivamente se rebasaron principios” y que “comunicación Social ofrece una disculpa ante grave error”.
Cuatro días después, el Gobierno de la Ciudad destituyó a la titular de la oficina de Comunicación Social de la PGJ-CDMX, Elena Cárdenas Rodríguez, y en un boletín exhortó a los funcionarios a “seguir trabajando con responsabilidad, ética, compromiso, apego a la normatividad y el pleno respeto de los derechos ciudadanos”.
Con este tipo de prácticas, dijeron los abogados de las familias afectadas por el crimen de la colonia Narvarte, el ministerio público de la Ciudad de México “trata de justificar los crímenes y evitar la atención”, además de que es “un medio de control de las exigencias” de las familias afectadas.
“SIN CRIMEN ORGANIZADO”
Otra característica del trabajo de Ríos al frente del ministerio público de la capital de la república fue sostener un discurso –también defendido por Mancera– de que aquí no operan “cárteles” ni grupos del crimen organizado.
Esto, aun cuando se han registrado hechos propios de este tipo de organizaciones, como –entre otros– el “levantón” de trece personas en el bar Heaven de la zona Rosa, en 2013, el tendido de una víctima sobre un puente en la delegación Iztapalapa y aun el crimen de la colonia Narvarte, en el que, en menos de una hora, cinco personas fueron asesinadas con arma de fuego en la céntrica colonia de esta capital.
“Los hechos demuestran que la Ciudad de México es parte de un centro neurálgico, estratégico del crimen organizado”, comentó en días pasados a este medio Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en la Universidad Iberoamericana.
Este tipo de actividades delincuenciales han sido constantemente registradas incluso por el Gobierno norteamericano que, como en el más reciente reporte del Congreso de ese país, identificó en la Ciudad de México la presencia de grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva e incluso de los Caballeros Templarios.
Mancera y Ríos, sin embargo, en diferentes ocasiones han desestimado la “operación” de este tipo de organizaciones en territorio capitalino.
“No hay, como se mencionaba, como se señaló al principio, como se ha mencionado, como lo señaló el jefe de Gobierno, en ninguna de las anteriores (averiguaciones) se había señalado la presencia de ninguna banda delincuencial, llámesele como se le llame”, dijo Ríos Garza en abril pasado, cuando propietarios de un negocio de comida en el centro histórico denunció extorsión de un grupo delincuencial.
Y ha sido precisamente esta narrativa, han considerado también familiares de las víctimas y abogados del caso Narvarte, lo que ha impedido que la PGJCDMX profundice no sólo en el trabajo periodístico de Rubén Espinosa o el activismo de Nadia Vera, sino que deje sin seguir incluso las pistas generadas en la única teoría que ha considerado, alrededor del círculo de Mile Virginia Martin.
“La Procuraduría o no quiere investigar, por absoluta negligencia, o tienen temor de lo que las investigaciones arrojen; es decir, que lo que hay detrás de este crimen sea tan grave para la imagen de la ciudad de México, que prefieren que no salga a la luz”, dijo también en la conferencia del jueves Héctor Pérez Rivero, de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
