En los tiempos del sistema autoritario, los de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tráfico de drogas se subordinó al poder político. En la alternancia partidista, esa relación se modificó. Hoy, la clase política, o mira hacia otro lado o establece relaciones de negocios con los grupos criminales, dice el investigador Luis Astorga Almanza.
La declaración la adereza con una idea central: “en el panorama, podría ocurrir una tercera opción. Que se decidieran a establecer una política de seguridad para combatir a la delincuencia y a cualquier grupo que ponga en peligro al Estado; pero eso se ve lejano porque no han entendido que esa es la base de cualquier estructura”.
La reforma constitucional de Seguridad y Justicia de 2008 estableció un plazo de ocho años para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno oral; pero a un año de la fecha meta, el sistema ha sido instalado sólo en 16 entidades. En esta entrevista, Astorga Almanza no muestra optimismo respecto a la concreción de la enmienda y expone que ello es síntoma de un Estado de Derecho debilitado y que languidece cada vez más.
Doctorado en Sociología por la Universidad de París (Pantheón-Sorbonne), miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Luis Astorga Almanza se convirtió en uno de los mayores estudiosos de la violencia criminal en México.
Es autor de El Siglo de las drogas. El narcotráfico del Porfiriato al nuevo milenio (2005), Drogas sin fronteras (2003) y Mitología del narcotraficante en México (1995). Su más reciente libro ¿Qué querían que hiciera?, que relata los sucesos sociales y políticos durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) respecto a la inseguridad y violencia organizada se encuentra ya en circulación bajo el sello de Grijalbo.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Luis Astorga Almanza es un sistemático opositor a ciertos lugares comunes en el análisis de la violencia criminal en México. “No uso el prefijo narco ni el término cártel”, subraya cuando se le solicita que dibuje el mapa donde ahora mismo se acomodan, reacomodan y operan los grupos de la delincuencia organizada. Lo que está detrás de esa selección de palabras es la idea firme del investigador –doctorado en Sociología por la Universidad de París (Pantheón-Sorbonne)– de que las organizaciones criminales deben ser entendidas como autoras de acciones brutales que muchas veces desembocan en muertes en las que estuvo siempre la violencia como interlocutora.
Con detalle, Astorga explica en esta conversación las dificultades concretas por las que atraviesa México para superar la crisis en materia de Seguridad y apunta que las soluciones no son fáciles. Si bien la alternancia partidista modificó la relación de la clase política con los grupos criminales, hay algo clave que no ha sido entendido. “Si no se define una política de Seguridad de Estado, será muy difícil que puedan contrarrestar a las organizaciones criminales”, sostiene el analista.
Pero, ¿cuándo terminará esta guerra y todas las pesadillas que ha traído? El investigador, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se permite una metáfora con el béisbol para responder: “Esto no se acaba, hasta que se acaba”.
Con el oscuro panorama abona la opacidad de las instituciones. El experto no encuentra un flujo de información sólida ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni de la Procuraduría General de la República (PGR). Tampoco por parte de los organismos de Estados Unidos involucrados en el combate de los grupos delincuenciales. Y ello, sólo hace que la composición de la violencia criminal suceda bajo oscuras cortinas de silencio.
–¿Se encuentra debilitado el Estado de Derecho?
–Definitivamente. Comparado con el sexenio anterior, en este gobierno (del Presidente Enrique Peña Nieto) se empezaron a caer las bases para modificar el Sistema Nacional de Justicia y si juzgamos por la falta de avances, se supone que en 2016 estaría funcionando el sistema oral. En esta transición, de un sistema de procuración de justicia al otro, lo que reinan son los efectos de la impunidad.
–¿Se logrará en los tiempos marcados por la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008?
–En 2016 no se va a lograr. El compromiso de los gobernadores quedó en compromiso y nada más.
–¿Y entonces qué va a pasar si la transición de un sistema de justicia a otro no se logra conforme a la Ley? ¿Se avecina el caos?
–Aquí hay un problema que estuvo siempre. Ya se sabía, sobre todo por las experiencias de Colombia e Italia, que si no se fortalece el sistema de justicia, difícilmente se puede tener éxito en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Es un deber lograrlo. Lo que va a suceder es lo que ya sucedió tanto en Italia como en Colombia. La élite en esos países se empezó a movilizar cuando la violencia les llegó directamente. Ya vimos que la clase política está siendo tocada directamente por la violencia. Es una tendencia que se va observando de manera más aguda. Pero si no han entendido las experiencias de los países más emblemáticos, no han entendido nada. Y la situación va a continuar como la conocemos hoy en día. Hay dos temas que son vitales para cualquier Estado: Seguridad y Justicia. Es verdad que hay otros problemas como la pobreza. Pero la distribución de la riqueza es mucho más fácil si hay una visión de Estado porque se cimenta un piso mucho más sólido.
–¿Por qué en materia de Justicia no se toman las experiencias de Colombia o Italia, y de este último país, la de Palermo en particular?
–En México esas experiencias no han sido estudiadas con suficiencia. Los gobernantes las mencionan, pero no tienen la más mínima idea. No conocen Palermo. Leoluca Orlando (Alcalde de Palermo, la capital de Sicilia, entre 1985 y 1990, así como de 1993 a 2000) les ofreció asesoría gratuita en el Distrito Federal cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador, y no la aceptaron. Cualquier revisión hemerográfica lo refiere. De modo que en la historia reciente, hubo desprecio hacia el conocimiento acumulado. Es cierto que ningún modelo es transplantable, pero las buenas experiencias sirven. Alguien con visión de Estado lo que hace es ir observando esas buenas prácticas. Eso es lo que no ha sucedido en México. El problema principal es la clase política y la falta de organización de la sociedad civil. Vemos muy pocas organizaciones de la sociedad civil y con un peso todavía pequeño respecto al tamaño del país.
–Además del narcotráfico, ¿qué factores han minado al Estado de Derecho?
–Obviamente la corrupción y la impunidad. Ahí donde prospera la impunidad es que la incidencia de delitos es alta.
–¿Por qué sabemos tan poco de los grupos de narcotraficantes en Estados Unidos?
–Los estadounidenses tienen informes sobre las pandillas. Ellos caracterizan como pandilla a grupos que acá son grandes cárteles. Hay que ver quién impone las etiquetas, las nomenclaturas. Es Estados Unidos el país que lo hace. Hay que ver cómo lo reproducen los medios. Los cárteles no existen. Es una invención jurídica que hicieron los fiscales de Florida a principios de los 80. En Colombia no se habla de cárteles, sino de bandas criminales. Llamarles cárteles es reducirlos; minimizar su importancia y tamaño. Insistir en llamarles cárteles es darle legitimidad y no decir lo que realmente son. No son de la caridad. Hacen cosas espeluznantes. Pero incluso la Real Academia de la Lengua Española (RAE) cayó en el juego. Pronto aceptó el término como resultado de los usos polifónicos de la sociedad. En términos académicos eso no te sirve para nada. No puedes hacer la diferencia entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa bajo la categoría de ‘cártel’. No puedes preguntarte si son de tipo mafioso paramilitar, lo cual marcaría una gran diferencia. Un grupo de tipo mafioso paramilitar sí compite con el Estado, tiene el monopolio de la violencia, el control de la violencia y control de las elecciones.
EL MAPA DE LOS ESTADOS
–¿Ha amainado la tormenta perfecta de Michoacán con la dimisión del comisionado para la paz, Alfredo Castillo Cervantes?
–Hay versiones que dicen que Los Caballeros Templarios ya están completamente desarticulados. Otras indican que no. Desde un principio, cuando surgieron las autodefensas, le correspondía al Gobierno Federal informar sobre qué grupos estaban vinculados con Los Templarios, con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); o qué grupos sobrevivían con apoyos de políticos locales, o de las fuerzas federales. Las posibilidades de los vínculos de las autodefensas con todos estos agentes sociales son muchas. Pero no sabemos nada. Lo que tenemos son hipótesis. Vamos a suponer que desarticularon a Los Templarios, pero en Michoacán sigue existiendo una renta criminal que alguien se va a apropiar. Michoacán tiene el puerto de Lázaro Cárdenas por donde entran precursores químicos que son usados en laboratorios de cocaína. Ahora bien, la configuración política es muy compleja y la probabilidad de vínculos de políticos con grupos delictivos es muy alta. Nadie puede tirar la primera piedra. Este negocio necesita de la protección policiaca porque tienen que meter el dinero en la economía legal.
–¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Hacen falta grupos de autodefensa para que el Gobierno Federal también intervenga?
–Tamaulipas es hegemonía del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y no hay alternancia en la gubernatura. El PRI es predominante. No hay mucho para dónde voltear. Y no sólo ocurre que las organizaciones criminales actúan para proteger a sectores de la clase política; sino que por la frontera ingresan armas. En Tamaulipas puede verse la autonomía relativa del PRI que también tienen las organizaciones criminales. El campo de tráfico de drogas nació subordinado al poder político en la hegemonía del PRI. Con la alternancia partidista, los mecanismos de control se empezaron a resquebrajar. La composición de congresos locales cambió y el poder central ya no fue tan fuerte. Pero con el cambio, no se entendió que si no se define una política de Seguridad de Estado, será muy difícil que puedan contrarrestar a las organizaciones criminales.
–¿Puede decirse que la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fracasó debido a la falta de hegemonía política?
– Sí, en parte. El Presidente podía hacer muchas cosas cuando el partido era autoritario. Con esta nueva composición política, cuando llega el PAN [Partido Acción Nacional] a la Presidencia, el Presidente ya no tiene la misma fuerza. Por eso, la lucha por lograr la mayoría absoluta es tremenda. Así se explica que en 2008 se reconoció que no había política de Seguridad de Estado, que implica que justamente la clase política se ponga de acuerdo con la sociedad civil y no impere “lo que a mí me conviene como partido, por mis intereses muy particulares”. Ejemplo clásico: Chihuahua y Ciudad Juárez estuvieron en manos del PRI, pero el Alcalde de Juárez cooperó con el Gobierno Federal y el del estado, lo bloqueó. La falta de acuerdos es palpable en el sexenio presente. Se cambió el discurso sobre Seguridad pero se sigue dependiendo de las fuerzas armadas porque se han hecho locos con la profesionalización de las policías. Se están dando millones de pesos, ¿y en qué se lo están gastando? La mayor responsabilidad es de la clase política. No tiene visión de Estado. Los países desarrollados no se pelean en Seguridad y Justicia. Se negocia y no le ponen trabas al asunto político. Así sucede en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En México es una lucha. Si te va mal a ti, Presidente, a mi me va a ir bien. Aunque haya un montón de muertos, se piensa.
–En el mapa del narcotráfico, ¿puede decirse que Sinaloa aún es la génesis de todo, tanto de la organización de grupos como de los delitos vinculados al lavado de dinero?
–Históricamente es donde se va concentrando el poder de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. La competencia surge en el sexenio de [Carlos] Salinas (1988-1994) entre el llamado Cártel de Sinaloa y el del Golfo. A partir de ese momento hay dos grandes polos, las organizaciones criminales de origen sinaloense que se van a Tijuana, Juárez, etc. El Grupo del Golfo con gente de Tamaulipas. Tienes a Jalisco Nueva Generación [CJNG] y estaba Nacho Coronel que no era sinaloense, pero era de Durango y trabajó mucho.
–Sinaloa ha pagado caro los estereotipos. Sus regiones pobres no están incluidas en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y sus municipios reciben poco del subsidio para la Seguridad en Municipios (Subsemun), ¿está usted de acuerdo en que el estereotipo ha hecho más daño que la bala?
–Quienes convirtieron el estigma en emblema fueron los traficantes. No hay un país más estigmatizado que Colombia, más que México o Sinaloa. Estados Unidos ha contribuido bastante en reducir el estigma de Colombia. Prácticamente te dicen que es Disneylandia Es muy difícil que la Literatura o la Música no se refiera a lo que ha pasado en un país determinado. Tampoco hay que abonar en el discurso de quienes quisieran que hubiera censura para un montón de cosas. En Estados Unidos, los cineastas Martin Scorsese y Brian de Palma tienen en su narrativa como tema central a la mafia. Ellos lograron asimilar el fenómeno mafioso estadounidense a la vida cotidiana, como parte de su identidad.
–Entonces, ¿el llamado “narcocorrido” tiene una razón de ser importante?
–La Secretaría de Gobernación (Segob) no toma cartas en el asunto porque implicaría meterse en afectaciones a la libertad de expresión. ¿Qué tanto dependen los medios del dinero que les da el Gobierno local? Depende mucho de varias cosas. La gente lo va a seguir escuchando. Si lo prohibieran, quizá ya no se transmitiera a través de la radio, ni en la televisión local, pero la gente lo seguiría escuchando en sus carros, en las calles. Hay que ver los estudios de grabación en donde se producen estos corridos. Pertenecen a las grandes disqueras.
LOS AUGURIOS PARA EPN
–En su libro Drogas sin Fronteras, hay un subtítulo en un capítulo titulado, “Los expedientes de una guerra permanente”; en un ejercicio de prospectiva, ¿cuánto más puede durar esta guerra?
–Como en el juego de béisbol, dura hasta que se acaba. Las acciones de guerra continúan. El parte de guerra, como dice (Jacobo) Zabludovsky en su noticiario del mediodía, se mantiene, aunque ya no está en el discurso oficial. Habrá que preguntarles.
–¿A quién le debemos preguntar?
–Hay que preguntarle a los gobernadores. El Presidente ya sabe por qué dio las órdenes de que el Ejército aparezca por aquí y por allá.
–Si la batalla declarada de Felipe Calderón en contra del crimen organizado generó violencia por el desmembramiento de los cárteles en células, ¿cuál es el factor del mismo fenómeno hoy cuando Enrique Peña Nieto está por iniciar la segunda parte de su Gobierno?
–Las famosas células siempre han existido. Lo que hay ahora es una organización estratégica con los grupos. Se requieren para cruzar la droga hacia Estados Unidos. Si tú eres una organización pequeña dependiendo de la organización grande vas a pagar derecho. En realidad, no sabemos qué está pasando. No hay un documento sólido, ya sea de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] o la PGR [Procuraduría General de la República]. Y del Gobierno de Estados Unidos tampoco. Sí hay escisiones, pero no conocemos la reconfiguración de nuevas colisiones. Hubo escisión de los Beltrán Leyva y se configuraron Los Zetas, Los Zetas-Beltrán Leyva, los Carrillo y Golfo.
–¿Quién disputa entonces el punto conocido como el Triángulo Dorado? ¿Por qué los enfrentamientos en torno a ese territorio?
–Se cree que la unión de los Beltrán y Los Zetas en contra de grupos que estuvieron con el “Mayo” Zambada o ‘El Chapo’ Guzmán.
–¿Qué relación podemos describir hoy entre el poder político y el narcotráfico en México?
–No hay un solo tipo de relación. En el sistema autoritario ocurrió la subordinación del tráfico de drogas al poder político. En la alternancia, esa relación se modificó. Hoy, la clase política, o mira hacia otro lado o establece relaciones de negocios con ellos. Podría ocurrir una tercera opción. Que se decidieran a establecer una política de seguridad para combatir a la delincuencia y a cualquier grupo que ponga en peligro al Estado.
