Para poder financiar el Proyecto L1bre de taxímetros digitales en la Ciudad de México, para la cual se obtuvo una concesión irregular con complicidad de servidores públicos cercanos a Miguel Ángel Mancera, los supuestos empresarios Santiago León y Eduardo Zayas también recurrieron a empresas relacionadas con los magnates Fabio Massimo Covarrubias Piffer, Ricardo Salinas Pliego y el heredero Moisés Cosío Espinosa, cuya herencia habría sido fraudulentamente invertida en el proyecto por banqueros privados.
PARTE 4
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Al sacar a Taxinet del plan para obtener una concesión hecha a modo para taxímetros digitales en la Ciudad de México, los señores Santiago León y Eduardo Zayas buscaron a un nuevo inversionista ya que ninguno de los dos pondría de su propio dinero para obtener el acuerdo millonario –e irregular– con la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi). Se trataría de una empresa con accionista al heredero y empresario Moisés Cosío Espinosa; y posteriormente una con participación indirecta de Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego.
Estos últimos dos magnates ya habían sido igualmente señalados por su supuesto involucramiento en la compra a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex. Pero en esta ocasión, tuvieron vínculos con la empresa que ahora demanda al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del T-MEC y con la representación del Gobierno federal, por 2.8 mil millones de dólares (50 mil millones de pesos).
Salinas Pliego y Covarrubias Piffer entraron en una asociación –a través de una empresa indirectamente operada por ellos– con la empresa Espíritu Santo Holdings para llevar a cabo el Proyecto L1bre, según documentos oficiales de una corte estadounidense. Incluso, el empresario italo-mexicano formó parte brevemente del consejo de la empresa a cargo de la concesión irregular, Lusad.
Al reportar sobre el litigio de Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC vs. Estados Unidos Mexicanos, el Wall-Street Journal citó a un representante de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, quien aseguró al medio estadounidense que el empresario mexicano no estaba relacionado de ninguna manera con la empresa asociada al Proyecto L1bre. “Algunas personas buscan involucrar al Señor Salinas Pliego con asuntos que le son ajenos”, dijo.
Las acciones de León y Zayas, quienes ya tenían un historial de acusaciones de fraude, desencadenaron una serie de conflictos legales que resultaron incluso en investigaciones penales por el presunto robo de equipo de cómputo en las oficinas de Ciudad de México y una amenaza de muerte dirigida hacia Covarrubias Piffer.
Por su parte, Cosío Espinosa tuvo que pelear su herencia que habría sido fraudulentamente administrada por banqueros privados e invertida en el negocio irregular de L1bre sin su conocimiento.
UN HEREDERO EN PROBLEMAS
Moisés Cosío Espinosa tenía 14 años cuando su padre Moisés Cosío Ariño, miembro de la junta directiva de Grupo Financiero Banamex, falleció y le dejó una fortuna de unos 700 millones de dólares.
Para la administración de dicho patrimonio, el joven contrató los servicios de Citigroup en Miami, Florida; y fueron Íñigo Domenech y Ramón Pérez los banqueros que se hicieron cargo de ello. Al cumplir sus 20 años, estos dos hombres convencieron a Cosío Espinosa de constituir una empresa que permitiera manejar completamente sus finanzas, lo cual resultó en la creación de la empresa Accendo Holdings.
A través de Accendo Holdings, Domenech y Pérez recibían salarios anuales de medio millón de dólares, e invirtieron 40 millones de dólares en junio de 2016 en Proyecto L1bre y Lusad, la empresa que constituyeron Zayas y León con la intención de lograr una concesión con el Gobierno capitalino a través de la Semovi dirigida por Héctor Serrano.
De acuerdo con los documentos del caso presentado en el marco del T-MEC, en junio de 2016 Domenech y Pérez constituyeron Accendo Holdings con tres accionistas: Accendo Capital (bajo el control de Cosío), Recursos Aptus (controlada por Domenech y Pérez) y Composite Capital, una empresa propiedad de un amigo de Domenech y Pérez llamado Peter Corsell. Las participaciones mayoritarias las tenían estas últimas dos empresas, a pesar de que fue la empresa de Cosío la que aportó la mayor parte de los fondos.
“Domenech y Pérez le ocultaron todo esto al Sr. Cosío”, señala el documento del Gobierno federal. “La demanda del Sr. Cosío explica por qué Accendo Holdings se arriesgó a tanto: sus directores gastaron los recursos de su cliente para su propio beneficio, de lo cual el Sr. Moisés Cosío Espinosa no tuvo conocimiento”.
Para finales de 2017, Domenech y Pérez se retiraron del Proyecto L1bre debido a conflictos con Santiago León y Eduardo Zayas, expuso la documentación del litigio en el marco del T-MEC. Por ello, vendieron la participación de Accendo Holdings –sin el conocimiento de Cosío– por tan sólo 15 millones de dólares. Es decir, menos de la mitad de lo que había pagado para financiar inicialmente el programa.
En el 2020, una vez teniendo conocimiento de los hechos, Cosío emprendió acciones legales en contra de Domenech y Pérez; pero el litigio se alargó durante varios años y el heredero decidió retirar la demanda que había interpuesto ante cortes de Miami, Florida.
“El caso iniciado por el Sr. Cosío no es una cuestión ‘satelital’ a las Demandantes [León y Zayas], a sus testigos y al Proyecto L1bre. Existe evidencia de que los Sres. Zayas y León requirieron el apoyo de Accendo Holdings a través de posibles falsas representaciones. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2016, el Sr. Eduardo Zayas envió a los Sres. Domenech, Pérez y Corsell una supuesta copia de la concesión otorgada a Lusad en enero de 2016, firmada por el Sr. Héctor Serrano, en ese entonces Secretario de la Semovi”, relata el documento del caso Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC vs. Estados Unidos Mexicanos.
Una vez retirada la inversión por parte de Cosío, y habiendo excluido a Taxinet del acuerdo con Semovi, León y Zayas nuevamente buscaron otros medios de inversión.
Para entonces, ya habían empleado al menos 40 millones de dólares recibidos a través de Accendo Holdings, sumado al dinero empleado por Taxinet para las presentaciones iniciales del Proyecto L1bre en la Ciudad de México.
Por esta razón, recurrieron a la participación de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, e indirectamente del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.
DISPUTAS, AMENAZAS DE MUERTE Y ROBO
La empresa “Lusad Servicios” SRL de CV se constituyó formalmente en la Ciudad de México en febrero de 2017, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Economía, con Zayas y “Servicios Digitales Lusad” como únicos socios. Diez meses después se incorporó a Fabio Massimo Covarrubias Piffer como consejero propietario de la empresa, y a León Aveleyra como presidente propietario.
Los documentos de la denuncia interpuesta por León y Zayas contra el Gobierno de la Ciudad de México indican que “alrededor de septiembre de 2017, los Sres. Zayas y León iniciaron conversaciones con Ricardo Salinas y Massimo Covarrubias para evaluar la posibilidad de que éstos últimos adquirieran la participación accionaria de Accendo Holdings en Lusad”.
La sociedad que se habría formado a partir de estas conversaciones terminó con una batalla judicial tanto en la Ciudad de México como en cortes estadounidenses, e incluso un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI). “Ambas partes realizaron acusaciones sobre posibles fraudes, robo, y malversación corporativa”, argumentó el Gobierno mexicano en la disputa en el marco del T-MEC.
Una de las batallas judiciales, emprendida por León y Zayas a través de Espíritu Santo Holdings, LP contra L1bero Partners, LP y Espíritu Santo Technologies, LLC ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, arrojó como dato que la empresa L1bero Partners –distinta a L1bero Holding, que promueve el juicio contra el Gobierno mexicano– está “indirectamente administrada, controlada y pertenece indirectamente a Ricardo Salinas Pliego y Fabio Covarrubias Piffer”.
A lo largo de la asociación entre León y Zayas, y Salinas y Covarrubias, surgieron una serie de conflictos. Lo citado por el Gobierno de México en el Memorial de Contestación –con base en documentos del caso Espíritu Santo Holdings, LP v. L1bero Partners, LP; Espíritu Santo Technologies, LLC– indica que recursos destinados a Lusad fueron empleados para negocios del Sr. Covarrubias en vez de destinarlos al Sistema L1bre; hubo el pago de viajes aéreos privados; un sobreprecio en la compra de las tabletas que se utilizarían para la implementación del servicio; y una oferta por parte de Salinas para prestar dinero a Lusad “con condiciones abusivas”.
Cuando en el 2018 se solicitó que la empresa Deloitte realizara una auditoría formal de las finanzas de Lusad, la misma fue cancelada por órdenes de Covarrubias, indican los documentos, por lo que “personas leales a los Sres. León y Zayas tomaron cartas en el asunto y robaron laptops de la empresa con la finalidad de entregárselas a Deloitte”.
“Al día de hoy aún no queda claro si el Sr. León o el Sr. Zayas instruyeron a estos individuos para que robaran los equipos de cómputo de Lusad, pero de lo que sí existe evidencia es que intentaron protegerlos de una investigación penal. El Sr. Zayas (y posiblemente también el Sr. León) fue denunciado penalmente por su participación ante estas conductas ilícitas”, se lee en los archivos del caso.
La relación entre las dos partes deterioró al grado que llegó una corona fúnebre con el nombre de Covarrubias Piffer a su domicilio, ubicado en la Ciudad de México, en medio de la noche.
“Esta corona fúnebre fue entregada al Sr. Covarrubias días después del conflicto entre las partes involucradas, después de que Lusad interpusiera denuncias civiles en contra de los principales demandantes, el Sr. León y el Sr. Zayas. El Sr. Covarrubias Piffer dijo a los investigadores que los únicos sospechosos en su círculo inmediato eran los Sres. Zayas y León”.
El actual estado de las investigaciones penales por la amenaza de muerte y el robo del equipo de cómputo no se mencionó por parte de los documentos del litigio contra el Gobierno capitalino, pero para el 2021 la información del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía indica que Covarrubias Piffer había sido revocado –o había renunciado– como miembro del consejo y apoderado de “Lusad Servicios” y de “Servicios Administrativos Lusad”.
A pesar de que en declaraciones a The Wall-Street Journal un representante de Grupo Salinas aseguró que Salinas Pliego no tenía relación alguna con la empresa asociada al Proyecto L1bre, como se muestra en el documento del caso Espíritu Santo Holdings, LP v. L1bero Partners, LP; Espíritu Santo Technologies, LLC que se llevó a cabo en una corte de Nueva York, Salinas Pliego sí tuvo relación –aunque sea indirecta– con una de las empresas que se asoció con Espíritu Santo Holdings, misma que hoy disputa una compensación de 2.8 mil millones de dólares (50 mil millones de pesos) por la supuesta expropiación de una concesión de taxímetros digitales en Ciudad de México.
